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Martes, 9 de enero de 2018

Si es revisable, también es justa y constitucional

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Cuando salen a la luz crímenes execrables como el que acabó con la vida de Diana Quer, la impotencia y la consternación sociales traen al debate público la justa demanda social de articular mecanismos efectivos de protección de la ciudadanía contra los peores criminales.

Para ello, nuestro Código Penal incorporó en 2015 una nueva figura jurídica, existente en países de nuestro entorno: la prisión permanente revisable, una pena excepcional limitada a casos de asesinatos múltiples, o de menores de 16 años, o cometidos tras una violación, o contra el Rey, o desde una organización terrorista, o en el contexto de un genocidio o de crímenes de lesa humanidad. Aprobada sólo con los votos del PP, entonces con mayoría absoluta, la oposición en bloque la recurrió al Constitucional, que aún no se ha pronunciado. 

 

El pasado 10 de octubre, sin embargo, el Congreso, a propuesta del PNV, aprobó iniciar los trámites para su derogación, con los votos en contra sólo del PP y la abstención de Cs, a pesar de que hasta ahora ha primado el criterio de prudencia y esta pena sólo se ha aplicado en el caso del parricida de la radial, que acabó brutalmente con sus dos hijas menores. Contraria a la pena de muerte y a la cadena perpetua, y defensora de la reinserción, su mujer ha iniciado una campaña de recogida de firmas para evitar que se derogue este tipo penal, ya que, según argumenta, es una pena justa para quienes han demostrado tal nivel de crueldad, de desprecio por la vida y por la más elemental dignidad humana. 

 

Nuestro periódico ha defendido siempre la constitucionalidad de la prisión permanente revisable siempre que se aplique de forma selectiva, ya que permite compatibilizar el derecho de un Estado a defenderse de graves amenazas con la defensa de los derechos humanos. El hecho de que sea revisable otorga la potestad a la Justicia de asegurarse que el delincuente está en disposición de reincorporarse a la sociedad sin riesgo de que vuelva a reincidir. Y al condenado, a demostrar su arrepentimiento y su compromiso de no volver a cometer ningún delito. Por lo tanto, no viola el principio de constitucionalidad de orientar las penas a la reinserción. 

 

En el caso español, esta revisión se produce a los 25 o 35 años, en función de la gravedad del delito, convirtiendo el de nuestro país en el Código Penal más duro de Europa. Quizá se trate de un tiempo demasiado elevado y podría reducirse a períodos de tiempo más cortos, como ocurre en países como Francia, Austria, Alemania o Suiza, en los que se realiza a partir de los 15 años. Salvando ese posible ajuste, no se entiende que el Congreso dé la espalda al sentir de la mayoría de españoles, si no es con la clara intención de desgastar al Gobierno. La seguridad ciudadana debe estar por encima de los intereses partidistas.

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