La economía española se enfrenta a un problema muy grave que tendrá que resolver en los primeros meses de 2018, so pena de sufrir un drástico frenazo en el crecimiento. La crisis catalana, la persistencia de un Gobierno autónomo compuesto sobre una mayoría de escaños de partidos independentistas que puede impulsar un nuevo procés secesionista, es una amenaza muy tangible, según las previsiones estadísticas conocidas, para la continuidad de la recuperación económica.

El ministro de Economía, Luis de Guindos, ha evaluado el coste hasta ahora del procés en 1.000 millones. Las elecciones del 21 de diciembre no han cancelado el riesgo económico asociado a la tensión independentista; simplemente han aplazado la solución, manteniendo una incertidumbre que, si gobierna finalmente una alianza Puigdemont-Junqueras, se convertirá en crónica.

A pesar del impasse electoral, el cálculo de escenarios que manejan el Banco de España y la Autoridad Fiscal Independiente (Airef) sigue siendo válido: si la tensión política independentista se mantiene, la economía española podría perder hasta 2,5 puntos de crecimiento. Si no se encauza el conflicto en términos políticos inteligibles, la economía catalana —e indirectamente la española— entrará en una fase de incertidumbre crónica, en la cual los empresarios no pueden calcular los riesgos políticos, ni los laborales, ni los financieros ni los comerciales.

El cisne negro catalán no es el único riesgo para la fase de recuperación de la economía española, aunque sea el más tóxico a corto plazo. Hay una subida de tipos de interés en marcha, aunque sea progresiva. Además, el Gobierno español tiene que tomar decisiones en 2018 sobre dos aspectos básicos. El primero es el frente de la precariedad. La temporalidad y los salarios paupérrimos están desconectando a los jóvenes del entorno social. La marginación perjudica al empresariado, en tanto que limita la capacidad de consumo de una parte importante de la población y debilita el valor añadido de la economía, en tanto que frustra el capital humano que existe en potencia. La única posibilidad de hacer frente a esta lacra —agravada por la irrupción de la economía digital de los Glovo, Deliveroo y Uber que incorporan la precariedad como un factor de beneficio— es limitar los incentivos a la temporalidad.

El segundo reto es el de concluir una reforma del sistema de pensiones que acabe con la debilidad específica del sistema, que es el déficit de ingresos. La reforma aprobada en su día por el Gobierno de Rajoy es un fracaso. Ni ha conseguido elevar un ápice la edad media de jubilación, para aliviar la presión sobre el coste global de las prestaciones, ni ha subido los ingresos de forma sustancial ni ha frenado la pérdida de poder adquisitivo de los pensionistas. A cambio, el Gobierno y los agentes sociales están exhibiendo una negligencia muy peligrosa al demorar la negociación en marcha, a través de la mesa del Pacto de Toledo.

Dicho de forma sencilla: pensionistas y funcionarios, afectados por una caída persistente del poder adquisitivo, suman 12 millones de ciudadanos. Un bloque social decisivo en la economía del país en 2018.