Aviso sobre el Uso de cookies: Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar la experiencia del lector y ofrecer contenidos de interés. Si continúa navegando entendemos que usted acepta nuestra política de cookies. Ver nuestra Política de Privacidad y Cookies

.
Lunes, 1 de enero de 2018

Debe aclarase cuanto antes la quiebra del Banco Popular

Guardar en Mis Noticias.

Pocos días después de la quiebra del Banco Popular, tras la intervención de las autoridades comunitarias, y su venta al Banco Santander por un euro el 7 de junio, la presidenta del Mecanismo Europeo de Supervisión (MUS), Danièle Nouy, alertó sobre la masiva fuga de depósitos realizada por grandes clientes de la entidad pocos días antes.

Entonces, Nouy señaló que había «margen» suficiente para iniciar una investigación por si "algunas personas usaron información privilegiada para tratar de protegerse mejor que los pequeños depositantes". Tenía razón la presidenta del MUS, organismo del que dependía la supervisión del Popular, ya que lo que provocó la caída de la entidad fue el acelerado deterioro de su liquidez, con el consiguiente perjuicio para todos los accionistas. 

 

La información que publicamos hoy viene a corroborar las sospechas de Nouy, con el agravante de que no fueron solo grandes compañías las que sacaron importantes sumas de dinero, sino también instituciones públicas, encabezadas por la Seguridad Social, ayuntamientos, comunidades autónomas y empresas de mayoría estatal. En la semana anterior a la quiebra, la Seguridad Social retiró 1.140 millones de euros, el Gobierno canario, 608 millones, el Ayuntamiento de Barcelona, 340 y 198 el Ejecutivo de la Comunidad de Madrid. Otro tanto hicieron empresas de capital público como Adif, que sacó 128 millones, Enaire, 96, Loterías y Apuestas del Estado, 47 millones o Cesce, 39 millones. Por su parte, entre las compañías privadas que actuaron igual están el grupo Allianz, laa aseguradoras Mapfre y Santa Lucía, Mercadona, Urbaser o Antolín. 

 

Nos encontramos, por tanto, ante una cuestión de extrema gravedad que debe ser investigada sin más dilación por la Comisión Nacional del Mercado de Valores. No hay que olvidar que durante los días previos a la intervención, el Gobierno no dejaba de tranquilizar tanto a los ahorradores como a los accionistas, repitiéndoles que no existía ningún riesgo de quiebra. Ahora, sin embargo, sabemos que determinados clientes pudieron disponer de información más fidedigna y lograron poner a buen recaudo su dinero para evitar posibles pérdidas. Finalmente los clientes no se vieron perjudicados, pero sí lo fueron los accionistas. Todos ellos tienen derecho a conocer los detalles del rápido desplome de la que entonces era la sexta entidad financiera del país. Y todos los españoles, a conocer los informes que se manejaron en Bruselas. Por eso no es de recibo que hasta en dos ocasiones la presidenta de la Junta Única de Resolución (JUR), Elke König, haya negado al Congreso de los Diputados el informe de Deloitte por el que se autorizó la venta al Santander. Esta falta de transparencia y documentos como los aportados por EL MUNDO dejan claro que la caída del Popular exige aclarar la actuación de los ex responsables del banco.

Acceda para comentar como usuario Acceda para comentar como usuario
¡Deje su comentario!
Normas de Participación
Esta es la opinión de los lectores, no la nuestra.
Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios inapropiados.
La participación implica que ha leído y acepta las Normas de Participación y Política de Privacidad
MadridPress • Términos de usoPolítica de PrivacidadMapa del sitio
© 2018 • Todos los derechos reservados
Powered by FolioePress