Decía Mariano Rajoy el viernes que Cataluña es la única sombra en el crecimiento económico de los últimos años.

Pero, lamentablemente, un país democrático no vive solo del devenir de la economía, más cuando la buena marcha no llega a todos, cuando los salarios llevan años estancados, cuando las pensiones pierden poder adquisitivo y el umbral de la pobreza sigue siendo de escándalo.

El denominado "problema catalán", y el empeño tardío de todas las fuerzas políticas en atajar un independentismo que no supieron ver ni afrontar, ha llevado la actividad parlamentaria casi a la parálisis. El Partido Popular ve con alborozo cómo la oposición no logra reformar las leyes partidistas que impuso su mayoría absoluta.

2017 ha sido un año perdido para reformas tan imprescindibles como la de la Ley de Educación, la Reforma Laboral, la Financiación autonómica, el futuro de las pensiones etc. Normas que afectan a la vida de los ciudadanos. También se han dejado en segundo plano, con el mismo regocijo del PP, los escándalos de corrupción que siguen brotando en los aledaños de la calle Génova como las setas en otoño. El sumidero de millones en que se convirtió el Canal de Isabel II no fue solo responsabilidad de Ignacio González. El juez ha imputado a todo el equipo de Alberto Ruiz Gallardón y, aunque él se ha librado de momento, la investigación no está cerrada.

La opinión pública, consultada por el CIS a lo largo del año, sigue manteniendo el paro como su principal preocupación. No obstante, y a tenor de los acontecimientos, la corrupción subía o bajaba en relación con el "problema catalán".

Lo malo, lo peor de todo, es que la incertidumbre sobre el futuro político y económico de Cataluña sigue como hace dos meses y amenaza con enconarse. La investidura de un nuevo President está, a día de hoy, en el aire. El diecisiete de enero se celebrará el pleno de de constitución del nuevo Parlament y, diez días después, un candidato tendrá que defender su investidura. Junst per Catalunya ha pasado de la posibilidad de que Puigdemont fuera elegido mediante un plasma a exigir su nombramiento por ser el "ganador de las elecciones". Si no fuera un tema tan grave, el dislate podría provocar una sonrisa pero incluso las sonrisas se han quedado congeladas desde hace tiempo.

Mientras, los constitucionalistas presionan a Arrimadas para que intente un pacto imposible, en un claro ejercicio de interés partidista. Si no se logra el consenso entre los independentistas, por supuesto, se volverán a repetir los comicios y será otro año perdido. ¿Hasta cuando se podrá aguantar esta situación?