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Sábado, 30 de diciembre de 2017

Un balance que retrata un estilo de hacer política

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El balance tradicional con que el presidente del Gobierno cierra cada año fue un resumen perfecto de su estilo de gestión: la política completamente subordinada a la economía.

Desde el día que llegó a La Moncloa, cuando la recesión se cebaba con nuestro país, Mariano Rajoy se marcó un objetivo primordial, si no único: sacar a España de la crisis.

 

Observaba así el orden adecuado de prioridades, porque en lo tocante al bienestar básico de los ciudadanos lo urgente siempre coincide con lo importante. Por eso la comparecencia del presidente, como ya lo fue la de 2016, consistió en un despliegue estadístico de indicadores favorables que certifican el vigor incuestionable de la recuperación económica.

 

Entre todas las cifras que ofreció Rajoy, destacan especialmente los 600.000 empleos creados este año, el récord absoluto de visitas turísticas, el crecimiento sostenido del PIB y el cumplimiento -por primera vez sin ayuda- con el objetivo de déficit fijado por Bruselas, lo que nos permitirá salir por fin del procedimiento de déficit excesivo en el que llevamos inmersos desde 2010.

 

No se trata de meros datos macroeconómicos: su impacto en la economía ciudadana es directo y tangible, por más que persistan problemas graves pendientes de reforma como las pensiones, la baja productividad o la precariedad laboral.Sin embargo, velar por la buena marcha de la economía no debe ser la única prioridad de un Gobierno. Sobre todo porque el descuido de la iniciativa política puede acabar costándonos muy caro, también en términos económicos.

 

Es el caso de la inestabilidad generada por el 'procés' en Cataluña, cuya economía ha experimentado un frenazo en inversión y consumo sólo mitigado por la aplicación del artículo 155. Si Cataluña se constipa, toda España acabará estornudando. Ciertamente los dirigentes independentistas son los primeros responsables de esta crisis, pero su estallido se venía anunciando desde hace años, cuando el nacionalismo se radicalizaba sin encontrar delante una oposición firme del Estado.

 

Frente al desafío separatista, Rajoy parece incapaz de oponer otra disyuntiva que la invocación al "sentido común" o la vuelta al 155. O el desiderátum de que el próximo Govern acate la Constitución -en uso de su prerrogativa Rajoy convocó la sesión constitutiva del Parlament para el 17 de enero-, o el consenso constitucionalista en torno a la defensa de la ley. Consenso escenificado en la reunión con Albert Rivera, ávido de un liderazgo que el presidente del Gobierno rehúsa ejercer.

 

La resistencia de Rajoy a renovar su Consejo de Ministros -siquiera a buscar un nuevo jefe de Gabinete tras la marcha de Jorge Moragas- tampoco ayuda a generar ilusión en su electorado tras la debacle catalana a manos de Ciudadanos. A Rajoy no le consta que nadie en el PP haya pedido remodelación alguna: cree que todos sus ministros están cumpliendo bien su función. Más allá de la economía, la oferta política de Moncloa languidece entre la minoría parlamentaria y la inercia burocrática, con éxitos puntuales como la reciente subida del salario mínimo o el pacto contra la violencia machista.

 

En su mensaje navideño, el Rey reclamó un plan de modernización para actualizar España. El presidente pareció recoger ese guante, pero cuesta creer en su ambición reformista, en su voluntad política real. A estas alturas de trayectoria Rajoy no va a cambiar ese estilo tranquilo que admira a algunos y desespera a otros. Su mineral resiliencia es incompatible con los gestos de audacia que le permitirían recuperar la iniciativa política e impulsar el desarrollo de la agenda de reformas que España necesita.

 

A cambio, es la misma cualidad que le ha permitido mantenerse en el poder bajo el azote de la crisis, la quiebra del bipartidismo y el golpe en Cataluña. La mera supervivencia siempre es admirable en política. Pero no podemos evitar preguntarnos: y sobrevivir, para qué.

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