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Jueves, 28 de diciembre de 2017

Justicia más real que Tabarnia

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No se insistirá lo suficiente en que la primera consecuencia de la digitalización de la vida política es la porosidad de la frontera entre realidad y ficción. Hasta el punto de que las batallas que nacen y se entablan en la Red acaban condicionando el régimen de opinión pública en que vivimos. El último fenómeno de guerra digital contra el independentismo catalán se llama Tabarnia.

No sin humor, postula que Tarragona y Barcelona -regiones más productivas, mestizas y cosmopolitas donde predomina el voto constitucionalista- se independicen de la Cataluña interior, más homogénea y sobrerrepresentada por la ley D'Hondt, que ha vuelto a entregarse graníticamente en las elecciones al separatismo. Tabarnia, antes que una reivindicación viable -tampoco deseable, porque ningún territorio español nos es ajeno aunque en él gane Puigdemont-, sirve como operación de pedagogía inversa por el procedimiento de reducir al absurdo el argumentario separatista del derecho a decidir de una parte por el todo. Una pretensión naíf que, llevada hasta el final, muestra su verdadero rostro antijurídico y fratricida. Que el recurso tabarnés funciona en el plano retórico lo prueba la reacción airada del independentismo, algunos de cuyos portavoces no sólo han entrado solemnemente al trapo -preocupados por el espejo deformante en el que se veían reflejados- sino que se defienden reivindicando ahora la cualidad indivisible de la nación. Ahora son ellos los unionistas.

 

Pero más allá de estas estrategias discursivas, que son bienvenidas si sirven para que algún fanático descubra la inconsistencia de su fe y lo contraproducente de su propósito, la realidad institucional se impone fuera de internet: en concreto en los tribunales. Ajena a cálculos postelectorales -como debe ser-, la Justicia prosigue su tarea de depuración de responsabilidades y ya tiene abierto casi medio centenar de procesos en Cataluña asociados al procés. No sólo se investiga a políticos sino también a mandos policiales, activistas y, desde ayer, a 13 profesores y dos concejales de la CUP acusados de incitar al odio. Estos últimos firmaron un manifiesto contra la presencia de la Policía Nacional en Reus y después se negaron a presentarse ante el juez cuando fueron llamados a declarar, como sí hizo el resto de ediles imputados. En cuanto a los profesores, se les investiga por hostigar a hijos pequeños de guardias civiles con comentarios insultantes sobre sus padres. El adoctrinamiento no sólo es inmoral: además puede llevar al delito.

 

El poder judicial está dejando claro que la impunidad nacionalista ha dejado de existir en Cataluña. Más allá del contexto político y de las fantasías territoriales de cada cual, los hechos tienen responsables y los delitos no se lavan en las urnas. Tabarnia no, pero el Estado vaya si existe.

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