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Viernes, 22 de diciembre de 2017

Incierto futuro

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Los 70 escaños logrados por JxC, ERC y la CUP en las elecciones autonómicas celebradas ayer en Cataluña no despejan el horizonte. Después de las tensiones vividas en los últimos dos años, una sociedad tan agotada y fracturada como la catalana se merecía un respiro desde el que insuflar normalidad cívica e institucional y restaurar el prestigio e imagen de Cataluña ante el resto de los conciudadanos españoles.

El resultado augura un incierto comienzo de la próxima legislatura, tras un escrutinio que arroja elementos muy esperanzadores, otros menos estimulantes y que en conjunto no parece asegurar de entrada una automática estabilización de su vida política.


La eventual mayoría absoluta independentista —eventual porque no será fácil formalizarla— dificultaría esa tan necesaria normalización, abocando a los defensores del autogobierno y la constitución, en Cataluña y en el resto de España, a mantenerse firmes en la oposición y, desde ahí, seguir intentando construir una alternativa.

 

El aspecto más positivo del 21-D es la importante victoria cosechada por el constitucionalismo en la persona de la candidata de Ciudadanos, Inés Arrimadas, en votos (casi 1.100.000) y escaños (37). En otras circunstancias ese fulgurante ascenso la haría acreedora de una primogenitura en el intento de investidura como presidenta. Pero en las actuales circunstancias su victoria no abre la puerta al cambio de ciclo.

 

Otro dato igualmente positivo es la pérdida de posiciones del conjunto de los independentistas, tanto en escaños (pasan de 72 a 70) como en voto popular, porque reducen su porcentaje, aunque sea en unas décimas. Como en las elecciones autonómicas de 2015, el independentismo ha fracasado a la hora de lograr una mayoría clara de votos. Esa mayoría es hoy más débil, tanto debido a los graves errores cometidos por los secesionistas como al despertar de una parte de la sociedad catalana, movilizada de forma clara e irreversible en defensa de sus derechos y dignidad.

 

El PSC —estable— y los Comunes —muy a la baja— pagan el precio de sus moderantismos y/o ambigüedades. Y el PP de Mariano Rajoy cosecha el peor resultado: algo que sin duda traerá consecuencias en la política nacional.

 

Los independentistas carecen de una mayoría social desde la que legitimar la ruptura, candidatos creíbles, programas de gobierno claros o coherentes entre sí y, sobre todo, de la unidad estratégica necesaria para funcionar articuladamente. Una vez más, la CUP, una de las fuerzas antisistema más radicales de la Europa democrática, tiene la llave de la mayoría absoluta. Vista la experiencia de la legislatura anterior, Puigdemont y Junqueras deben calibrar hasta qué punto merece la pena arrojarse en sus brazos sabiendo, como se sabe, que se trata de un camino ya experimentado, sin retorno.

 

Por otro, la peculiar situación judicial de sus principales dirigentes —y en concreto, la dificultad de maniobra de los cinco fugados y los tres encarcelados— auguran polémica (sobre el corrimiento de nombres y otros detalles) e incertidumbre a la hora de convertir los escaños obtenidos en escaños efectivos. Y por tanto en la probabilidad de investir un presidente de esa orientación también real y no solo simbólico.

 

Todo ello implica que de ninguna manera el proyecto independentista ha adquirido vía libre para retornar a la vía unilateral. Junts per Catalunya y ERC deben decidir cuánto quieren complicarse la vida, a ellos y a los catalanes, y cuánto facilitar el retorno del autogobierno, la convivencia y las empresas. Porque la independencia, entendida como proyecto de ruptura unilateral, ha fracasado, y volverá a fracasar, puesto que el Estado ya ha demostrado que sabe impedirlo, Europa lo rechaza y la economía catalana no lo aguanta.

 

El Estado ha demostrado disponer de los instrumentos necesarios para impedir un desafío de ese calibre y, no menos importante, de la legitimidad democrática y la confianza en sí mismo para aplicarlos. La comunidad internacional, en especial los socios europeos, han cerrado el paso a un proyecto como el secesionista, que además se ha revelado como profundamente antieuropeo. La economía catalana no está preparada para digerir ese shock sin hacer sufrir a los ciudadanos graves consecuencias. Y por último, pero no menos importante, una vez más el proyecto secesionista ha demostrado que aunque sea capaz de lograr mayorías de escaños, resta y no suma desde el punto de vista ciudadano y social.

 

La tentación de convertir esta mayoría absoluta en combustible para el conflicto político y social está ahí. Pero lo vivido en Cataluña en estos últimos años debería disuadir a los que quieran retomar esa vía. En su lugar, los ganadores deberían hacer algo tan sencillo como aquello para lo que todo político es elegido: gobernar, desde las instituciones y dentro de la ley, a favor de la ciudadanía.

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