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Jueves, 21 de diciembre de 2017

La hora de la responsabilidad política y cívica en Cataluña

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La mayor novedad que ha introducido el «proceso» es el uso premeditado de la mentira como arma política. Las «fakes news», la noticias falsas difundidas desde el lenguaje victimista, plagado de los agravios y fantasías habituales del nacionalismo. Nada es verdad o mentira, pero todo puede ser... quién sabe.

De ahí que la candidata de ERC, Marta Rovira acusara al Gobierno de «buscar muertos» sin presentar una sola prueba. O que se está preparando un «pucherazo», de ahí el disparate de la ANC de querer hacer un recuento propio. O que no se aceptarían los resultados si ganasen los independentistas. Un «fake» por definición no tiene que presentar pruebas porque se trata de difundir la sospecha de que la sociedad ignora los oscuros planes del Estado. Se trata de propalar un rumor que es debidamente alimentado desde el radicalismo más delirante e ignorante. Es la primera vez que en unas elecciones en España se pone en marcha una difusión masiva de noticias falsas donde los partidos no independentistas son tildados de «fascistas», se asegura que España es un «dictadura», o que se persiguen las ideas del nacionalismo (¡después de 30 años de gobierno!). 

 

Los catalanes que votaron en 2015 a partidos abiertamente independentistas –JxS y la CUP– sumaron dos millones de votos (1.957.348) y si su fidelidad sigue manteniéndose en parecidos niveles –todo indica que esa es la frontera– habrá que preguntarse si están conforme con el desenlace del «proceso» y las verdades que nunca fueron aceptadas: que la declaración unilateral de independencia afectaría de lleno a la economía –con más 3.000 empresas abandonando Cataluña–, nulo reconocimiento por Europa de la República catalana y la demostración de que no existe un «sol poble» y que la convivencia está gravemente dañada. Por que de aceptar ese «fake» permanente hemos de ser conscientes de que tendrá consecuencias a partir de mañana. El desastre que ha supuesto el «proceso» debería obligar a una reflexión racional a este electorado que cree que puede ponerse en marcha de nuevo sin tener en cuenta las consecuencias. Sus líderes no les han dicho la verdad y lo han hecho a sabiendas de que la efectividad de la mentira política reside, como señalan los expertos, en las «expectativas de los receptores». Y, por lo que estamos viendo, éstas han sido muchas y lo siguen siendo. Existe, por lo tanto, una responsabilidad cívica sobre el sentido del voto y también una responsabilidad política. 

 

Según los sondeos, todo indica que los dos bloques, independentistas y constitucionalistas, pueden llegar a un empate, con dos fuerzas en cabeza, ERC y Ciudadanos. De ser así, hay la obligación de no caer en el bloqueo pensando que sólo unas nuevas elecciones puede aclarar el panorama político. Los comicios fueron convocados por Mariano Rajoy en aplicación del artículo 155 con el objetivo de dar una salida institucional al conflicto, independientemente de quién los ganase. Por lo tanto, las fuerzas constitucionalistas –Ciudadanos, PSC y PP– deben redoblar los esfuerzos por alcanzar un acuerdo, en el supuesto de que los separatistas no alcancen la mayoría, y que vendrá determinado por la diferencia de votos que Cs mantenga con los socialistas. Hay demasiados vetos preconcebidos desde una estrategia política que estas elecciones deben poner fin: Cataluña no es patrimonio del nacionalismo y la «transversalidad» –el mantra de un catalanismo ahora desbordado y sin espacio– ya no es un bien en sí mismo.

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