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Miércoles, 13 de diciembre de 2017

Los abogados sacan jugo al 'procés'

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La abogacía se ha convertido en este país en un negocio muy boyante. Los despachos se han multiplicado como setas, al calor de algunas decisiones tomadas por los tribunales de justicia sobre prácticas bancarias consideradas irregulares o abusivas.

Así, hemos visto cómo las cláusulas suelo, los gastos de hipotecas, los impuestos municipales por la venta de una vivienda o las hipotecas en divisas se han convertido en el maná para miles de abogados. En estos casos, no en todos, los bancos han tenido que hacer frente a la devolución de miles de millones de euros o los ayuntamientos en los que se acumulan los escritos de petición de revisión de las cantidades pagadas por la venta de pisos a pérdidas o sencillamente por el mal cálculo de liquidación realizado por el consistorio.

 

Ahora, los despachos de abogados parecen haber encontrado otra gallina de los huevos de oro. Los letrados quieren sacar oro a la salida de empresas de Cataluña. El quid de la cuestión es demostrar que las 3.000 empresas que se han ido de Cataluña como consecuencia de la inseguridad jurídica y la falta de confianza que ha generado el golpe a la democracia perpetrado por los independentistas, lo han hecho obligadas por las pérdidas causadas en sus negocios. Parece, según Portillo, que la idea es demandar a la Generalidad una compensación por el daño sufrido.

 

Si ya me parecía que algunas de las personas que están demandando a los bancos conocían perfectamente lo que estaban firmando, por ejemplo las hipotecas multidivisa, entiendo fuera de lugar esta nueva variable. Es comprensible el cabreo de los directivos de las empresas que han tenido que abandonar su sede social o cambiar su residencia fiscal y el dolor por las pérdidas causadas por su gobierno. Pero de ahí a pretender que la Generalidad o sea todos, porque al final somos todos, se les compense va un trecho. Si es de justicia lo deberían reclamar también las que se han quedado y las de Aragón o Valencia.

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