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Martes, 5 de diciembre de 2017

Campaña tensa

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La campaña electoral catalana, que acaba de comenzar, lo hace en paralelo a la decisión judicial de mantener en prisión preventiva a cuatro protagonistas del procés de secesión, tres de ellos candidatos para el 21-D.

El magistrado instructor del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, dejó ayer en libertad bajo fianza a seis de los exconsejeros del Govern de Carles Puigdemont, por considerar que ni destruirían pruebas ni reincidirían en sus presuntos delitos ni huirían de la  justicia. Pero confirmó la prisión para el exvicepresidente Oriol Junqueras, el exconsejero Joaquim Forn y los dos activistas conocidos como los Jordis.

 

Por supuesto que además de ser respetada y acatada, esta resolución admite la discrepancia. Pero carecen de legitimidad para formularla quienes vienen denigrando a los tribunales españoles al negar su independencia.

 

El juez consideró que no había riesgo de destrucción de pruebas, aunque sí alguno de fuga, ya difuminado. En cambio creyó poco las promesas de actuar legalmente de los cuatro presos, debido a su rol de dirección del proceso; su implicación en la organización de desórdenes; y su responsabilidad en el asedio —calificado de violento— del 20 de septiembre a la consejería de Economía.

 

Los críticos bien intencionados reconocerán el detalle del auto, ni improvisado ni automático; la individualización de la implicación de los diferentes partícipes; y la milimetrada construcción del caso desvanecen cualquier atisbo de banalidad judicial.

 

Con todo, habrá que perfilar el contenido de la acusación de violencia; sus consecuencias personales o solo materiales; su deslinde con la intimidación. Y actuar en consecuencia si, como el propio juez acepta, se constata que “paulatinamente se vaya confirmando que el cambio de voluntad [hacia el respeto legal por parte de los procesados] es verdadero y real”.

 

Hay que respetar los distintos tempos y autonomía de la política y la judicatura, incluso aunque una resolución de esta naturaleza pueda involuntariamente complicar la campaña electoral: la complica, no la mella. Los protagonistas sabían lo que hacían y podían haber evitado estas consecuencias. Y peor sería que presuntos delitos tan graves quedasen sin dirimir por mera comodidad del calendario.

 

La campaña se abre con otros dos datos muy relevantes. Lo es la certificación de que el procés ha provocado que Cataluña destruya puestos de trabajo mientras que el resto de España genera empleo neto. Novedad grave de la que deben responder los exgobernantes que proclamaron la non nata república independiente.

 

Y también que, según el sondeo publicado ayer por el CIS, este penoso estado de cosas esté empujando con fuerza la participación y, por tanto, las posibilidades de triunfo de los partidos que quieren recuperar la normalidad política, económica y social perdida en la deriva secesionista. El soberanismo querrá hablar de prisiones, alimentar el victimismo e ignorar los daños de su gestión. Pero parece que un número cada vez mayor de ciudadanos tiene claro quiénes son las víctimas del procés y la urgencia de ponerle fin.

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