Lo normal sería que un ciudadano de un país democrático pudiese estar o no de acuerdo con una actuación policial con independencia de su ideología. Y quien dice una actuación judicial podría decir una decisión médica, una medida administrativa, una sentencia de un juez o un artículo de un periodista, sea o no de un medio público.

Eso sería lo normal, ya que si bien se puede considerar que casi todo es política, hay un casi que lo evita. Incluso para quienes piensen que todo es política, una cosa podría ser la política institucional y otra la partidaria o puramente ideológica. Pero la situación de tensión en España es tal que todo es política. Incluso este análisis periodístico seguramente es político.

Da igual que haya muertos o que no los haya. Hoy por hoy, en la política española vale casi todo, y a este ritmo nos quedaremos sin el casi y, lo que es peor, sin vergüenza. No se trata con este tipo de análisis de descalificar a ninguna de las partes en conflicto en Cataluña -cada una tiene sus razones y es lícito exponerlas, otra cosa es si es lícito llevarlas todas a cabo-, sino de aplicar el sentido común y, de paso, de respetar ciertas cosas con las que no toca -o no debería tocar- hacer política en clave electoralista, con lenguajes mitineros.

Hubo 22 muertos -incluidos seis de los terroristas- y un centenar de heridos en los atentados de Barcelona y Cambrils (Tarragona). Los Mossos -la policía autonómica catalana-, con el apoyo de otras fuerzas de seguridad del Estado, identificaron, en el marco judicial de la Audiencia Nacional, a los diez presuntos miembros de la cédula, de los que solo dos siguen con vida. Otros dos señalados por la policía fueron puestos en libertad por el juez. Hasta ahí todo pareció impecable y el aprecio a los Mossos -tantas veces cuestionados dentro y fuera de Cataluña por otro tipo de cosas- aumentó entre los ciudadanos. Normal. Pero a partir de ahí se desataron distintos episodios en los que ya se mezclaron las cosas del terrorismo yihadista con los líos del proceso de independencia.

Si hay o no hay lagunas en la información, prevención y coordinación policial habrá que aclararlo en el marco del Estado de derecho, pero no convertirlo en una bandera de guerra. El conseller de Interior, Joaquim Forn, y el mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, se vieron forzados a reconocer que la policía autonómica sí recibió el 25 de mayo una alerta sobre el riesgo de que el Estado Islámico atentara este verano contra zonas turísticas de Barcelona, "específicamente en la Rambla", como informó El Periódico de Catalunya. A la vez, Forn y Trapero arremetieron contra el diario de Grupo Zeta por su información, precisamente la que reveló la nota de la inteligencia estadounidense que recibieron. Y, en un despropósito impropio de sus cargos en un país democrático, hablaron de una noticia falsa, un montaje y una irresponsabilidad. La réplica de la prensa no se hizo esperar y, con toda la lógica, la Federación de Asociaciones de la Prensa de España consideró intolerables los ataques del conseller de Interior catalán y del mayor de los Mossos contra El Periódico y su director.