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Jueves, 31 de agosto de 2017

Políticos y okupas

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Mientras los diputados hablaban en el Congreso, inútilmente por otra parte, y con escasas garantías de que el debate sobre la corrupción, a 30 de agosto, fuera a servir para algo, una inmensa mayoría de los ciudadanos opina, desea y espera que nuestros representantes se ocupen de otras cosas que nos afectan.

Puedo enumerar diez cuestiones que, hoy, aquí y ahora, les preocupan más a los españoles: lo que de verdad va a pasar en Cataluña y qué piensa hacer el Gobierno; si habrá referéndum; si se aplicará la ley a los políticos que la incumplen e invitan a la desobediencia civil; si falla o ha fallado la colaboración entre fuerzas y cuerpos de Seguridad en Cataluña; si podemos hacer algo más contra el terrorismo y para garantizar nuestra seguridad; si se va a lograr un acuerdo en los aeropuertos antes de que las huelgas los paralicen y el turismo pague los platos rotos; si se va a conseguir un acuerdo sobre salarios para evitar la anunciada conflictividad laboral del otoño; si se apeobarán medidas de apoyo a los parados de larga duración; si se conseguirá de una vez el pacto educativo, varado por la incapacidad de los políticos; si funcionará o no Lexnet para agilizar la Justicia y hacerla segura, que tanta falta nos hace... Hay muchas más, pero nuestros diputados parece que no se enteran.

 

Más que ocuparse de la política okupan la política. Y ese es otro de los temas sobre los que tendrían que hacer un pleno extraordinario. En Sevilla, el decano del Colegio de Abogados ha denunciado que tienen que designar cada día cuatro o cinco abogados de oficio ¡para defender a los okupas! que se han apropiado ilegalmente de una vivienda. Según la Memoria de la Fiscalía General del Estado, cada año se producen más de 12.000 okupaciones de viviendas y la tendencia es a más.

 

Es posible que dentro de unos días alguien le llame y le diga que su casa de la playa ha sido okupada y se enfrentará a un problema que puede tardar entre 12 y 36 meses en solucionarse porque no se puede solicitar el desalojo sin que haya juicio. Y entre tanto tendrá que seguir pagando todos los gastos de su casa que, cuando la recupere, puede haber sido saqueada y destrozada. O, como ha escrito el abogado José María Davó, puede haber servido, como ha sucedido en Alcanar, para montar una "fábrica" de explosivos para atentar en Barcelona y Cambrils, cuya explosión, que afectó a las viviendas colindantes y a sus ocupantes (sin k), pudo causar otra terrible tragedia.

 

Hay okupas de playa, de lujo, de primera residencia, tolerados por los ayuntamientos y hasta ensalzados por algunos políticos. Hay mafias organizadas que okupan, cambian las cerraduras, y "alquilan" los pisos para que todo funcione. Hay ciudadanos que se han encontrado sin casa y que no tiene donde ir. Esto sólo sucede en España y Portugal, pero nuestros políticos no tienen urgencia alguna en cambiar la legislación para que el derecho de propiedad, consagrado en la Constitución, sea un derecho real y judicialmente protegido. Hasta los okupas tienen derecho a la defensa, pero quienes deben estar amparados son los dueños legales. Millones de españoles lo apoyan, pero los políticos están a otras cosas. Al menos hasta que okupen alguna de sus casas.

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