En Cataluña hay tantos independentistas porque una parte minoritaria se siente nación sin Estado y ha intelectualizado ese discurso emotivo, pero, sobre todo, porque muchos catalanes -no necesariamente tan ideologizados- creen que sus problemas desaparecerán si se integran en la Unión Europea sin la mediación del Estado español, que es percibido por esos ciudadanos como una carga.

Visto desde Madrid, si Cataluña consiguiese independizarse de España, aunque fuese de manera ilegal, la crisis económica volvería para quedarse tal vez durante mucho tiempo: España perdería de golpe el 20% de su PIB y Cataluña se quedaría, al menos de entrada, fuera de la UE. Pero si las aguas que amenazan con desbordarse vuelven a su cauce -el escenario más acorde con la legalidad española- se reabrirán los debates previos a esta grave crisis institucional que trae consigo el 1-O.

Antes de la deriva independentista Cataluña hablaba de pacto fiscal, palabras con las que quería expresar su deseo de un estatus similar al del País Vasco o Navarra: recaudaría sus propios impuestos y liquidaría con el Estado los servicios que éste le presta en áreas como la defensa o la diplomacia. Obviamente, el resto de España -salvo el País Vasco, Navarra y tal vez Canarias- protestaría, ya que la cesta común de los impuestos se quedaría con menos dinero para repartir. Pero éste va a ser el debate alternativo a la independencia, y no solo por lo que puedan proponer los grupos políticos catalanes, sino también el empresariado.

Desde la patronal catalana Fomento del Trabajo siempre se observó con cierta contrariedad la declaración soberanista pero su cúpula se aferró a la alternativa del pacto fiscal frente a la independencia. Digamos que cuando se habla de dinero todos prestan atención. Lo hizo también en su día la Generalitat, cuando Artur Mas aspiraba a un concierto económico bilateral en paralelo a la apuesta por la independencia.

Aunque el 1-O no cambie el curso del Amazonas, será difícil no abordar otro estatus fiscal para Cataluña, ya sea mediante el cupo o una reforma en profundidad de su pertenencia al régimen común. Y Cataluña es demasiado grande para pedir privilegios fiscales en España, país del que es su motor económico. Al País Vasco se le admite ese privilegio, similar al de Navarra, porque no hace tambalear las cuentas del Estado. Pero si a Cataluña se le diese el mismo trato que al País Vasco, el presupuesto español sería inviable, a riesgo de destruir -todavía más- el Estado del bienestar en España. Por eso a Mariano Rajoy le interesa tanto que todo siga igual y, a lo sumo, se plantee aumentar algunas transferencias.

Si en algo pueden coincidir las partes en conflicto es en que el encaje de Cataluña en España es francamente difícil. El modelo actual está agotado, la solución federal tendría que ser muy asimétrica para ser del gusto de los catalanes, un Estado confederal no sería constitucional y tal vez la única salida con opción de consenso es la reforma de la Constitución. También, el referéndum, podría añadirse, pero en ese caso no habría solución de consenso: si ganase el sí Cataluña sería independiente, con lo cual poco habría que hablar, y si ganase el no Cataluña se quedaría como está, volviendo al punto de partida. Por tanto, aunque ahora mismo parezca una posición ingenua, no se ve una alternativa mejor que un nuevo consenso constitucional en el 40 aniversario de Carta Magna de 1978. El tiempo dirá quien lleva la razón.