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Martes, 17 de Noviembre de 2026
Alemania, Dinamarca, Grecia, Países Bajos y Austria
Cinco países de la UE pactan con Ruanda un centro de expulsión de inmigrantes
Alemania, Dinamarca, Grecia, Países Bajos y Austria han anunciado desde Viena un acuerdo con Ruanda para la apertura en 2027 en este país de un centro de deportación de migrantes, a donde los cinco países europeos podrán trasladar a quienes no tengan residencia legal, incluidos aquellos a los que se les haya denegado el derecho de asilo, mientras se completa el proceso para su expulsión definitiva, porque hayan rechazado el retorno voluntario a su país de origen.
La primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, ha confirmado en rueda de prensa con su homólogo austriaco, el canciller Christian Stocker, el acuerdo alcanzado con las autoridades ruandesas para poner en marcha "nuevo un mecanismo de retorno de inmigrantes", que ha destacado como "decisivo".
La iniciativa, ha indicado la dirigente danesa acompañada de los ministros de Interior de los cuatro países europeos así como del de Ruanda, Vincent Biruta, permitirá a los cinco países europeos trasladar a territorio ruandés a "extranjeros que carecen de residencia legal" y, al mismo tiempo, "garantizar que no llegue aquí más gente de la que nosotros mismos queremos acoger".
Así, ha trasladado que los extranjeros que no tengan residencia legal, incluidos aquellos que hayan visto rechazadas sus solicitudes de asilo, podrán obtener un permiso de residencia en Ruanda si no regresan voluntariamente a sus países de origen.
RECUPERAR EL CONTROL DE LAS FRONTERAS
"Ahora empezamos, de verdad, a recuperar el control de las fronteras de Europa. Iniciamos una transformación fundamental del actual sistema de asilo, que es insostenible e inhumano. Y emprendemos una lucha contra los cínicos traficantes de personas, que durante demasiados años han puesto vidas humanas en peligro y se han aprovechado tanto de ellas como de nuestras sociedades", ha declarado Frederiksen, quien se ha mostrado "extraordinariamente satisfecha" con lo acordado.
En este sentido, ha celebrado "un día que marcará una época para Europa", ya que la iniciativa es parte, para la política socialdemócrata, de una política migratoria "mucho más acorde con la voluntad de las poblaciones europeas".
"Nadie huye por diversión, y hay que ayudar a las personas que se ven obligadas a huir. Por eso debemos prestar más ayuda en las regiones próximas a sus países de origen y tendremos mejores oportunidades para hacerlo cuando quede claro que no se puede residir en la UE sin una base legal para ello", ha defendido la primera ministra de Dinamarca.
El canciller austriaco, por su parte, ha celebrado el acuerdo como un "punto de inflexión histórico en la política migratoria" de la Unión Europea, y el titular ruandés de Interior ha defendido la colaboración alegando que "la migración incontrolada no beneficia ni a los países de origen ni a los de destino".
Biruta, cuyo gobierno podrá otorgar permisos de residencia a quienes sean deportados desde los cuatro países, ha señalado que "Ruanda es un país con ambición económica". "Queremos crear una sociedad inclusiva. Queremos ofrecer a los solicitantes de asilo cuyas solicitudes han sido rechazadas una oportunidad en nuestro país", ha apuntado.
En todo caso, las partes no han confirmado el número de personas que serán deportadas a Ruanda, aunque Biruta ha insistido en que el país no recibirá "mucho dinero" por parte de la cooperación con los países europeos por lo que tampoco espera que "miles" de personas sean enviadas al país.
Fuentes consultadas por el portal de noticias ruandés IGIHE han subrayado que los países europeos aportarán los fondos necesarios para la recepción y la atención a los migrantes. Financiarán el alojamiento, la formación y los medios para que empiecen una nueva vida, así como el transporte hasta Ruanda, según este medio. Además, fomentará el desarrollo económico de las zonas en las que se construyan las instalaciones para la acogida.
Se trata del primer acuerdo negociado por miembros de la Unión Europea con un país tercero para externalizar a su territorio parte de la gestión migratoria y de retornos, algo que el Derecho comunitario no permitía hasta que los 27 acordaron una reforma para endurecer la política de retornos --contra la que votó España, precisamente por las dudas legales sobre estos centros de deportación--.
EN ARMONÍA CON EL DERECHO DE LA UE
En más reacciones individuales, el ministro del Interior alemán, Alexander Dobrindt, ha defendido que los centros de retorno ofrecen un "enfoque positivo para las personas sin derecho a permanecer y sin perspectivas en Europa, cuyos países de origen no cooperan con los esfuerzos de repatriación".
"Necesitamos esta opción para implementar una política migratoria que funcione", ha insistido antes de asegurar que estos planes se corresponden con la legislación alemana, de acuerdo con las normas de derechos humanos y en cooperación con organizaciones internacionales.
Los planes de los estados miembros de la UE, dijo, "no son ni remotamente comparables" con el fallido proyecto de asilo del Reino Unido con Ruanda.
De igual modo se ha expresado el canciller austriaco, Christian Stocker. "Nuestro modelo se establece en plena armonía con el derecho de la UE, el derecho Internacional y las disposiciones internacionales sobre derechos humanos" en colaboracion con la Comisión Europea, la Organización Internacional para las Migraciones y la agencia de la ONU para los refugiados (ACNUR).
"El Pacto de Asilo de la UE es un componente esencial para una política migratoria dura, consecuente, pero también justa. El nuevo Reglamento de Retorno de la UE nos permite ahora realizar retornos también a terceros países. Por lo tanto, lo aprovechamos", ha zanjado.
CRÍTICAS A LA INICIATIVA
Varias organizaciones de Derechos Humanos han advertido de que la propuesta pone en riesgo los derechos de las personas que sean expulsadas al país africano y además financiarán a un régimen cuestionado.
La investigadora de Human Rights Watch (HRW) Clementine de Montjoye ha recordado el "conocido historial de represión de la disidencia, detenciones arbitrarias, maltratos bajo custodia" y apoyo a grupos armados rebeldes en la vecina República Democrática del Congo del Gobierno ruandés.
"Pagar a Kigali para acoger un programa de deportación no solo causará sufrimiento y daño a los deportados, sino que financiará y dará peso político a un Gobierno responsable de graves abusos contra los derechos humanos en el país y en el extranjero", ha sentenciado.
También Amnistía Internacional ha cargado contra un acuerdo que "repite los errores del pasado". "Evniar a personas a un país en el que no han estado jamás es irresponsable y supone un peligro real de que el acuerdo con Ruanda se convierta en un agujero negro cruel para los derechos humanos", ha advertido la experta de Amnistía Aimée Stuflesser. Este plan será como los anteriores: "ilegal, inaplicable y caro", según Stuflesser.
La Agencia de la UE para los Derechos Fundamentales, un organismo independiente comunitario, ha resaltado que cualquier acuerdo con un tercer país debe "respetar los derechos fundamentales" y ha alertado del riesgo de persecución. Además, recuerda que los menores no acompañados no pueden ser deportados.
![[Img #172933]](https://madridpress.com/upload/images/11_2026/2627_ruanda.png)
La primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, ha confirmado en rueda de prensa con su homólogo austriaco, el canciller Christian Stocker, el acuerdo alcanzado con las autoridades ruandesas para poner en marcha "nuevo un mecanismo de retorno de inmigrantes", que ha destacado como "decisivo".
La iniciativa, ha indicado la dirigente danesa acompañada de los ministros de Interior de los cuatro países europeos así como del de Ruanda, Vincent Biruta, permitirá a los cinco países europeos trasladar a territorio ruandés a "extranjeros que carecen de residencia legal" y, al mismo tiempo, "garantizar que no llegue aquí más gente de la que nosotros mismos queremos acoger".
Así, ha trasladado que los extranjeros que no tengan residencia legal, incluidos aquellos que hayan visto rechazadas sus solicitudes de asilo, podrán obtener un permiso de residencia en Ruanda si no regresan voluntariamente a sus países de origen.
RECUPERAR EL CONTROL DE LAS FRONTERAS
"Ahora empezamos, de verdad, a recuperar el control de las fronteras de Europa. Iniciamos una transformación fundamental del actual sistema de asilo, que es insostenible e inhumano. Y emprendemos una lucha contra los cínicos traficantes de personas, que durante demasiados años han puesto vidas humanas en peligro y se han aprovechado tanto de ellas como de nuestras sociedades", ha declarado Frederiksen, quien se ha mostrado "extraordinariamente satisfecha" con lo acordado.
En este sentido, ha celebrado "un día que marcará una época para Europa", ya que la iniciativa es parte, para la política socialdemócrata, de una política migratoria "mucho más acorde con la voluntad de las poblaciones europeas".
"Nadie huye por diversión, y hay que ayudar a las personas que se ven obligadas a huir. Por eso debemos prestar más ayuda en las regiones próximas a sus países de origen y tendremos mejores oportunidades para hacerlo cuando quede claro que no se puede residir en la UE sin una base legal para ello", ha defendido la primera ministra de Dinamarca.
El canciller austriaco, por su parte, ha celebrado el acuerdo como un "punto de inflexión histórico en la política migratoria" de la Unión Europea, y el titular ruandés de Interior ha defendido la colaboración alegando que "la migración incontrolada no beneficia ni a los países de origen ni a los de destino".
Biruta, cuyo gobierno podrá otorgar permisos de residencia a quienes sean deportados desde los cuatro países, ha señalado que "Ruanda es un país con ambición económica". "Queremos crear una sociedad inclusiva. Queremos ofrecer a los solicitantes de asilo cuyas solicitudes han sido rechazadas una oportunidad en nuestro país", ha apuntado.
En todo caso, las partes no han confirmado el número de personas que serán deportadas a Ruanda, aunque Biruta ha insistido en que el país no recibirá "mucho dinero" por parte de la cooperación con los países europeos por lo que tampoco espera que "miles" de personas sean enviadas al país.
Fuentes consultadas por el portal de noticias ruandés IGIHE han subrayado que los países europeos aportarán los fondos necesarios para la recepción y la atención a los migrantes. Financiarán el alojamiento, la formación y los medios para que empiecen una nueva vida, así como el transporte hasta Ruanda, según este medio. Además, fomentará el desarrollo económico de las zonas en las que se construyan las instalaciones para la acogida.
Se trata del primer acuerdo negociado por miembros de la Unión Europea con un país tercero para externalizar a su territorio parte de la gestión migratoria y de retornos, algo que el Derecho comunitario no permitía hasta que los 27 acordaron una reforma para endurecer la política de retornos --contra la que votó España, precisamente por las dudas legales sobre estos centros de deportación--.
EN ARMONÍA CON EL DERECHO DE LA UE
En más reacciones individuales, el ministro del Interior alemán, Alexander Dobrindt, ha defendido que los centros de retorno ofrecen un "enfoque positivo para las personas sin derecho a permanecer y sin perspectivas en Europa, cuyos países de origen no cooperan con los esfuerzos de repatriación".
"Necesitamos esta opción para implementar una política migratoria que funcione", ha insistido antes de asegurar que estos planes se corresponden con la legislación alemana, de acuerdo con las normas de derechos humanos y en cooperación con organizaciones internacionales.
Los planes de los estados miembros de la UE, dijo, "no son ni remotamente comparables" con el fallido proyecto de asilo del Reino Unido con Ruanda.
De igual modo se ha expresado el canciller austriaco, Christian Stocker. "Nuestro modelo se establece en plena armonía con el derecho de la UE, el derecho Internacional y las disposiciones internacionales sobre derechos humanos" en colaboracion con la Comisión Europea, la Organización Internacional para las Migraciones y la agencia de la ONU para los refugiados (ACNUR).
"El Pacto de Asilo de la UE es un componente esencial para una política migratoria dura, consecuente, pero también justa. El nuevo Reglamento de Retorno de la UE nos permite ahora realizar retornos también a terceros países. Por lo tanto, lo aprovechamos", ha zanjado.
CRÍTICAS A LA INICIATIVA
Varias organizaciones de Derechos Humanos han advertido de que la propuesta pone en riesgo los derechos de las personas que sean expulsadas al país africano y además financiarán a un régimen cuestionado.
La investigadora de Human Rights Watch (HRW) Clementine de Montjoye ha recordado el "conocido historial de represión de la disidencia, detenciones arbitrarias, maltratos bajo custodia" y apoyo a grupos armados rebeldes en la vecina República Democrática del Congo del Gobierno ruandés.
"Pagar a Kigali para acoger un programa de deportación no solo causará sufrimiento y daño a los deportados, sino que financiará y dará peso político a un Gobierno responsable de graves abusos contra los derechos humanos en el país y en el extranjero", ha sentenciado.
También Amnistía Internacional ha cargado contra un acuerdo que "repite los errores del pasado". "Evniar a personas a un país en el que no han estado jamás es irresponsable y supone un peligro real de que el acuerdo con Ruanda se convierta en un agujero negro cruel para los derechos humanos", ha advertido la experta de Amnistía Aimée Stuflesser. Este plan será como los anteriores: "ilegal, inaplicable y caro", según Stuflesser.
La Agencia de la UE para los Derechos Fundamentales, un organismo independiente comunitario, ha resaltado que cualquier acuerdo con un tercer país debe "respetar los derechos fundamentales" y ha alertado del riesgo de persecución. Además, recuerda que los menores no acompañados no pueden ser deportados.

























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