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Lunes, 16 de Noviembre de 2026
Pese al récord de empleo y a la 'hucha'
Fedea avisa de que las pensiones no son financieramente sostenibles
La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) advierte de que el sistema público de pensiones español puede seguir pagando sus prestaciones mientras el Estado cubra su desequilibrio, pero niega que sea "financieramente sostenible", dado que el déficit contributivo se acerca al 4% del PIB, ha seguido creciendo en años de empleo récord y se agravará con la jubilación de las cohortes del 'baby boom'.
Así consta en una nota publicada el lunes por Fedea y elaborada por el investigador de la Universidad de las Hespérides Santiago Calvo, en la que realiza algunas consideraciones sobre las cuentas del sistema y el debate electoral.
El estudio contrasta los argumentos esgrimidos por el Gobierno en la campaña de las elecciones generales del 29 de noviembre con las cuentas de la Seguridad Social Ampliada (SSA) elaboradas por Ángel de la Fuente para Fedea, los informes de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) y las estadísticas oficiales.
Según el autor, los datos que utiliza el Ejecutivo para defender la solidez del sistema -la reforma de 2023, el cierre del Fondo de Reserva este año en torno a los 20.000 millones de euros, dos avales de la AIReF a la regla de gasto y un mercado laboral con 22,4 millones de afiliados y 2,51 cotizantes por pensionista- "no son falsos, pero tomados en conjunto ofrecen una imagen incompleta de la situación financiera del sistema".
"Las cifras revisadas en esta nota no permiten hablar de un sistema al borde de la quiebra, porque un sistema de reparto respaldado por el Estado puede seguir pagando sus prestaciones mientras el Estado esté dispuesto a cubrir su déficit y los mercados a financiar la deuda que ello genera", señala Calvo.
Sin embargo, añade que "tampoco permiten sostener que el sistema sea financieramente sostenible en el sentido que le dan los defensores de su situación actual".
UN "ICEBERG" DE DEUDA
El informe recuerda que el Fondo de Reserva, conocido como 'la hucha de las pensiones', alcanzó en 2011 los 66.815 millones de euros corrientes (72.700 millones de euros constantes de 2021) y se vació desde 2012 para pagar pensiones hasta quedarse en poco más de 2.000 millones en 2019.
Desde 2023 vuelve a nutrirse gracias al Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), una cotización adicional que arrancó en el 0,6% y subirá hasta el 1,2% en 2029, con la que el Fondo sumaba 15.267 millones a 31 de marzo de 2026.
En paralelo, la deuda de la Seguridad Social con el Estado ha escalado desde los 18.500 millones de euros en 2016 hasta los 116.000 millones en 2025 (unos 136.000 millones en euros corrientes).
"Como el sistema sigue necesitando préstamos para cuadrar sus cuentas, lo que se está haciendo en la práctica es emitir deuda para financiar una aportación al Fondo de Reserva que no responde a ningún excedente del sistema", afirma el documento.
Así, los activos netos de la SSA (Fondo menos deuda) han pasado de superar los 54.000 millones de euros en 2011 a ser negativos en torno a los 103.800 millones en 2025. Calvo compara el balance del sistema con un "iceberg" en el que la 'hucha' es sólo la parte visible.
Por debajo se acumulan la deuda con el Estado y las transferencias corrientes realizadas desde 2005 para financiar Clases Pasivas, complementos de mínimos y otras partidas contributivas, que suman unos 320.000 millones de euros, elevando los recursos externos recibidos hasta 2025 a unos 436.000 millones, frente a una 'hucha' de 12.200 millones al cierre de ese año.
En la parte más profunda figuran los derechos de pensión ya devengados por trabajadores y pensionistas actuales, que Eurostat cifra en 5,58 billones de euros en 2021, equivalentes al 452% del PIB.
DÉFICIT CONTRIBUTIVO DEL 3,8% DEL PIB PESE AL RÉCORD DE OCUPACIÓN
En cuanto a las cuentas anuales, el estudio apunta que el saldo presupuestario no financiero de la SSA arrojó en 2025 un déficit de 7.200 millones de euros de 2021 (el 0,5% del PIB) gracias a que las transferencias corrientes del Estado han pasado del 0,5% del PIB en 2005 al 3,6% en 2025.
Al descontar esas transferencias, el déficit básico sube a 59.400 millones de euros de 2021 (el 4,1% del PIB) y el déficit contributivo se sitúa en 54.300 millones (el 3,8% del PIB).
Entre 2007 y 2025, las cotizaciones contributivas crecieron un 29% en términos reales frente al avance del 82% del gasto en pensiones contributivas.
Según Fedea, cubrir esa brecha con transferencias "deja intacto el coste del sistema para el conjunto de las administraciones y se limita a cambiar el lugar de las cuentas públicas en el que se registra".
RETO DEMOGRÁFICO Y ADVERTENCIAS DE LA AIREF
En el plano demográfico, el documento destaca que en 1975 había 5,95 personas de 16 a 64 años por cada mayor de 64, una relación que hoy es de 3,15 y que caerá un 39% en los próximos 25 años hasta situarse en 1,93 en 2050 según las proyecciones del INE.
España afronta este envejecimiento partiendo de un gasto en pensiones del 13,2% del PIB en 2024, superior a la media de la Unión Europea (12,6%), pese a tener una tasa de dependencia de mayores tres puntos inferior a la media comunitaria (30,8% frente al 33,9%).
De acuerdo con la relación media europea entre ambas variables, a España le correspondería un gasto del 10,1% del PIB.
Además, estudios actuariales citados en la nota apuntan a que el sistema promete pagar en promedio un 25% más de lo que financian las cotizaciones, mientras que la AIReF proyecta que el gasto bruto pasará del 13% del PIB en 2025 al 16,4% en 2050.
Respecto a la regla de gasto incluida en la reforma de las pensiones, Calvo confirma que la AIReF validó su cumplimiento al situarse el gasto neto de medidas de ingresos en el 13% del PIB frente al límite del 13,3%.
No obstante, remarca que el propio organismo supervisor advierte en su estudio de 2026 de que las referencias de esta regla "no guardan relación con la sostenibilidad de las cuentas públicas, como muestra el hecho de que el cumplimiento de esta regla sea compatible con un incremento de la deuda pública en los próximos años", la cual alcanzaría el 123% del PIB en 2050 a políticas constantes, con transferencias implícitas al sistema de pensiones del 3% del PIB.
Asimismo, Fedea alerta de que la regla de pensiones permite un crecimiento anual del gasto del 4% entre 2025 y 2031, frente al límite del 3% comprometido con Bruselas en el Plan Fiscal y Estructural para el conjunto del gasto primario neto, lo que obligará a recortar el crecimiento de otras políticas públicas -como educación, infraestructuras, vivienda o defensa- o a emitir más deuda.
Para afrontar este escenario, el investigador de la Universidad de las Hespérides defiende que proteger las pensiones pasa por garantizar que puedan pagarse sin comprometer el bienestar de quienes las financian y recoge varias propuestas, entre ellas la implantación de cuentas nocionales; crear un pilar de capitalización complementario, de carácter colectivo y con inscripción automática, para diversificar las rentas de los futuros jubilados, y enviar periódicamente a cada trabajador una estimación de su pensión futura.
"Ninguna de estas propuestas implica privatizar el sistema público de pensiones, y todas ellas buscan asegurar que ese sistema siga existiendo en condiciones razonables para quienes hoy cotizan", concluye el autor.
![[Img #172906]](https://madridpress.com/upload/images/11_2026/5560_pensiones.jpg)
Así consta en una nota publicada el lunes por Fedea y elaborada por el investigador de la Universidad de las Hespérides Santiago Calvo, en la que realiza algunas consideraciones sobre las cuentas del sistema y el debate electoral.
El estudio contrasta los argumentos esgrimidos por el Gobierno en la campaña de las elecciones generales del 29 de noviembre con las cuentas de la Seguridad Social Ampliada (SSA) elaboradas por Ángel de la Fuente para Fedea, los informes de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) y las estadísticas oficiales.
Según el autor, los datos que utiliza el Ejecutivo para defender la solidez del sistema -la reforma de 2023, el cierre del Fondo de Reserva este año en torno a los 20.000 millones de euros, dos avales de la AIReF a la regla de gasto y un mercado laboral con 22,4 millones de afiliados y 2,51 cotizantes por pensionista- "no son falsos, pero tomados en conjunto ofrecen una imagen incompleta de la situación financiera del sistema".
"Las cifras revisadas en esta nota no permiten hablar de un sistema al borde de la quiebra, porque un sistema de reparto respaldado por el Estado puede seguir pagando sus prestaciones mientras el Estado esté dispuesto a cubrir su déficit y los mercados a financiar la deuda que ello genera", señala Calvo.
Sin embargo, añade que "tampoco permiten sostener que el sistema sea financieramente sostenible en el sentido que le dan los defensores de su situación actual".
UN "ICEBERG" DE DEUDA
El informe recuerda que el Fondo de Reserva, conocido como 'la hucha de las pensiones', alcanzó en 2011 los 66.815 millones de euros corrientes (72.700 millones de euros constantes de 2021) y se vació desde 2012 para pagar pensiones hasta quedarse en poco más de 2.000 millones en 2019.
Desde 2023 vuelve a nutrirse gracias al Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), una cotización adicional que arrancó en el 0,6% y subirá hasta el 1,2% en 2029, con la que el Fondo sumaba 15.267 millones a 31 de marzo de 2026.
En paralelo, la deuda de la Seguridad Social con el Estado ha escalado desde los 18.500 millones de euros en 2016 hasta los 116.000 millones en 2025 (unos 136.000 millones en euros corrientes).
"Como el sistema sigue necesitando préstamos para cuadrar sus cuentas, lo que se está haciendo en la práctica es emitir deuda para financiar una aportación al Fondo de Reserva que no responde a ningún excedente del sistema", afirma el documento.
Así, los activos netos de la SSA (Fondo menos deuda) han pasado de superar los 54.000 millones de euros en 2011 a ser negativos en torno a los 103.800 millones en 2025. Calvo compara el balance del sistema con un "iceberg" en el que la 'hucha' es sólo la parte visible.
Por debajo se acumulan la deuda con el Estado y las transferencias corrientes realizadas desde 2005 para financiar Clases Pasivas, complementos de mínimos y otras partidas contributivas, que suman unos 320.000 millones de euros, elevando los recursos externos recibidos hasta 2025 a unos 436.000 millones, frente a una 'hucha' de 12.200 millones al cierre de ese año.
En la parte más profunda figuran los derechos de pensión ya devengados por trabajadores y pensionistas actuales, que Eurostat cifra en 5,58 billones de euros en 2021, equivalentes al 452% del PIB.
DÉFICIT CONTRIBUTIVO DEL 3,8% DEL PIB PESE AL RÉCORD DE OCUPACIÓN
En cuanto a las cuentas anuales, el estudio apunta que el saldo presupuestario no financiero de la SSA arrojó en 2025 un déficit de 7.200 millones de euros de 2021 (el 0,5% del PIB) gracias a que las transferencias corrientes del Estado han pasado del 0,5% del PIB en 2005 al 3,6% en 2025.
Al descontar esas transferencias, el déficit básico sube a 59.400 millones de euros de 2021 (el 4,1% del PIB) y el déficit contributivo se sitúa en 54.300 millones (el 3,8% del PIB).
Entre 2007 y 2025, las cotizaciones contributivas crecieron un 29% en términos reales frente al avance del 82% del gasto en pensiones contributivas.
Según Fedea, cubrir esa brecha con transferencias "deja intacto el coste del sistema para el conjunto de las administraciones y se limita a cambiar el lugar de las cuentas públicas en el que se registra".
RETO DEMOGRÁFICO Y ADVERTENCIAS DE LA AIREF
En el plano demográfico, el documento destaca que en 1975 había 5,95 personas de 16 a 64 años por cada mayor de 64, una relación que hoy es de 3,15 y que caerá un 39% en los próximos 25 años hasta situarse en 1,93 en 2050 según las proyecciones del INE.
España afronta este envejecimiento partiendo de un gasto en pensiones del 13,2% del PIB en 2024, superior a la media de la Unión Europea (12,6%), pese a tener una tasa de dependencia de mayores tres puntos inferior a la media comunitaria (30,8% frente al 33,9%).
De acuerdo con la relación media europea entre ambas variables, a España le correspondería un gasto del 10,1% del PIB.
Además, estudios actuariales citados en la nota apuntan a que el sistema promete pagar en promedio un 25% más de lo que financian las cotizaciones, mientras que la AIReF proyecta que el gasto bruto pasará del 13% del PIB en 2025 al 16,4% en 2050.
Respecto a la regla de gasto incluida en la reforma de las pensiones, Calvo confirma que la AIReF validó su cumplimiento al situarse el gasto neto de medidas de ingresos en el 13% del PIB frente al límite del 13,3%.
No obstante, remarca que el propio organismo supervisor advierte en su estudio de 2026 de que las referencias de esta regla "no guardan relación con la sostenibilidad de las cuentas públicas, como muestra el hecho de que el cumplimiento de esta regla sea compatible con un incremento de la deuda pública en los próximos años", la cual alcanzaría el 123% del PIB en 2050 a políticas constantes, con transferencias implícitas al sistema de pensiones del 3% del PIB.
Asimismo, Fedea alerta de que la regla de pensiones permite un crecimiento anual del gasto del 4% entre 2025 y 2031, frente al límite del 3% comprometido con Bruselas en el Plan Fiscal y Estructural para el conjunto del gasto primario neto, lo que obligará a recortar el crecimiento de otras políticas públicas -como educación, infraestructuras, vivienda o defensa- o a emitir más deuda.
Para afrontar este escenario, el investigador de la Universidad de las Hespérides defiende que proteger las pensiones pasa por garantizar que puedan pagarse sin comprometer el bienestar de quienes las financian y recoge varias propuestas, entre ellas la implantación de cuentas nocionales; crear un pilar de capitalización complementario, de carácter colectivo y con inscripción automática, para diversificar las rentas de los futuros jubilados, y enviar periódicamente a cada trabajador una estimación de su pensión futura.
"Ninguna de estas propuestas implica privatizar el sistema público de pensiones, y todas ellas buscan asegurar que ese sistema siga existiendo en condiciones razonables para quienes hoy cotizan", concluye el autor.

























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