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Sábado, 14 de Noviembre de 2026
El debate económico del 29N
PP y Vox prometen bajar impuestos, pero el PSOE cuestiona cómo lo harán sin hacer recortes
El ministro de Economía admite que el gasto en pensiones necesita de revisiones
El Partido Popular y Vox han prometido, en el marco de la campaña electoral del 29 de noviembre, una bajada de impuestos si llegan al Gobierno, pero PSOE y Frente Amplio les han cuestionado cómo lo harán sin recortar servicios públicos.
Durante el debate económico de cara a las elecciones generales, organizado por La Sexta, el vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha advertido de que esta misma semana varios expertos han alertado sobre el impacto en términos de incremento de déficit público que podrían acarrear las medidas fiscales incluidas en el programa electoral del PP.
"La siguiente derivada es recortar los servicios públicos. Lo hemos visto en la Comunidad de Madrid y lo hemos visto en las comunidades donde está gobernado. Sacrificios", ha avisado el responsable económico del Ejecutivo.
Frente a esto, Cuerpo ha defendido que la renta disponible de los hogares por habitante, teniendo en cuenta los precios, los impuestos y el crecimiento de la población, ha avanzado un 8% desde el inicio de la escalada inflacionista de 2022, una evolución que ha situado por encima de la de Estados Unidos, Francia, Alemania e Italia.
Ante estas afirmaciones, el vicesecretario de Hacienda del PP, Juan Bravo, le ha replicado que el Ibex ha subido el doble desde que está el gobierno de Pedro Sánchez, mientras que el neto real de los salarios "ha caído al 3,8%".
De su lado, el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha coincidido con Cuerpo en que la economía española lleva años creciendo por encima de los países de su entorno, pero ha denunciado que esa riqueza está siendo "capturada" por un 1% de la población, especialmente a través de la vivienda.
Además, ha acusado al PP de reducir el "salario indirecto" de los trabajadores mediante el deterioro de los servicios públicos, al obligar a las familias, según ha argumentado, a pagar alternativas privadas de sanidad, educación o cuidados.
Sin embargo, el portavoz de Vox, José María Figaredo, ha considerado "fundamental" bajar los impuestos, especialmente el IRPF en sus tramos inferiores, y ha defendido que es posible hacerlo sin reducir los servicios prestados a los ciudadanos.
GASTO EN PENSIONES
En otro capítulo del debate, el vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha garantizado que si el PSOE gobierna, las pensiones se revalorizarán con el IPC, pero ha admitido que el gasto en el sistema necesita de revisiones periódicas para saber si hacen falta ajustes en los ingresos o en los gastos.
Es una de las conclusiones que Cuerpo ha dejado en el debate económico a cuatro. Tanto Cuerpo como Bustinduy se han comprometido de forma reiterada a garantizar que las pensiones se revaloricen con la inflación. También se han comprometido a revalorizarlas Bravo y Figaredo, sólo que este último ha dicho que ahora mismo son "insostenibles", en buena parte según él por culpa de la inmigración.
Durante su turno de intervención, Bravo ha puesto sobre la mesa una de las cláusulas que recogía la última reforma del sistema aprobada en 2023.
SI SE SUPERA UN TOPE DE GASTO, HAY QUE ACTIVAR MEDIDAS
En concreto, la conocida como cláusula de salvaguarda, que es un mecanismo que vigila si el gasto en pensiones se desvío de lo acordado con la Comisión Europea y activar ajustes si el gasto crece por encima del 13,3% del PIB. El órgano encargado de analizar ese gasto es la Autoridad Independiente de Autoridad Fiscal (AIReF) y lo hace cada tres años.
En el debate, Bravo ha mostrado una cartulina con esta cláusula y le ha preguntado a Carlos Cuerpo si esto es cierto y si se pueden activar mecanismos de ajustes para garantizar el desembolso de las pensiones.
Y Cuerpo ha respondido: "La ley lo que garantiza (...) es la sostenibilidad de las pensiones. Cada tres años hay que ver si estamos haciendo bien los deberes". Eso sí, el vicepresidente ha recordado que la AIReF hizo un primer examen y no vio necesidad de introducir medidas porque no se superó el gasto permitido.
"La AIReF ha chequeado que se están gestionando bien las pensiones, que estamos creciendo lo suficiente como para que se pueda decir que no es necesario tomar ninguna medida gracias a que este gobierno hace los deberes", ha remachado.
LOS CONTRATOS DEL ALQUILER DE VIVIENDAS
En otro momento del debate, PSOE y Frente Amplio han defendido las prórrogas de los contratos de alquiler y las medidas fiscales adoptadas en los últimos reales decretos de vivienda, mientras que el PP ha apostado por construir un millón de viviendas y Vox ha situado la "remigración" y la reducción de la demanda vinculada a la inmigración entre sus prioridades.
Uno de los temas centrales del debate ha girado en torno a la vivienda, uno de los principales problemas de los españoles en la actualidad y que incluso ha sido uno de los motivos de la convocatoria de la huelga general del pasado 11 de noviembre.
Cuerpo ha sostenido que la votación del 29 de noviembre enfrenta "dos opciones" en materia de vivienda y ha advertido de las consecuencias que, según ha señalado, tendría derogar las medidas aprobadas por el Gobierno. En concreto, ha cifrado en 1,9 millones los hogares, unos cinco millones de personas, que pueden beneficiarse de una prórroga de dos años de sus contratos.
El titular de Economía ha rechazado que estas medidas enfrenten a propietarios e inquilinos y ha defendido que los pequeños arrendadores también pueden beneficiarse. Según ha explicado, un propietario que reduzca el alquiler puede incrementar su renta disponible gracias al tratamiento fiscal previsto. "Los dos se benefician de alquilar bien", ha afirmado.
Por su parte, Bustinduy ha vinculado la aprobación del decreto de vivienda con la presión de las movilizaciones sociales y ha agradecido la participación en la huelga general y la implicación de los jóvenes en las protestas por el acceso a una casa.
"Nosotros defendiendo a los inquilinos, a la clase trabajadora, y el Partido Popular y Vox votando a favor de los grandes propietarios y de los fondos buitre", ha reprochado.
Además, ha recordado que Frente Amplio ha propuesto un impuesto a la acumulación de viviendas que, según ha detallado, gravaría a partir de la cuarta vivienda en alquiler con un 10% del valor total del inmueble. Bustinduy ha sostenido que esta medida afectaría al 1% de los propietarios y permitiría movilizar 1,3 millones de viviendas hacia el alquiler asequible.
El titular de Derechos Sociales ha defendido también la construcción de vivienda pública protegida a perpetuidad y ha cuestionado que los jóvenes puedan competir, a los actuales precios de mercado, con fondos de inversión que adquieren inmuebles sin recurrir a una hipoteca.
EL PP APUESTA POR "CONSTRUIR, FACILITAR Y PROTEGER"
En el debate, Bravo ha atribuido la situación de la vivienda a la "mala gestión" del Gobierno y ha resumido la alternativa del PP en tres ejes: "Construir, facilitar y proteger". Según las cifras que ha atribuido al Banco de España, el déficit alcanza las 750.000 viviendas y llegará al millón en 2028 si no cambia el ritmo de construcción.
El dirigente popular ha reiterado su compromiso de impulsar un millón de viviendas durante la primera legislatura y ha defendido cambios en la legislación del suelo, una ley contra la ocupación y medidas fiscales para facilitar el acceso a una casa.
Entre ellas, ha mencionado una reducción del IVA del 60%, rebajas en el impuesto de transmisiones patrimoniales y una "hucha Hogar Joven" con aportaciones anuales de hasta 2.000 euros y deducciones fiscales.
En materia de alquiler, ha propuesto prorrogar voluntariamente los contratos durante tres años mediante incentivos tanto para el propietario como para el inquilino. Bravo ha contrapuesto esta fórmula al "intervencionismo" y ha cuestionado a Cuerpo por un artículo de 2014 en el que, según ha señalado, advertía de que los costes de los controles de alquiler superaban sus beneficios.
VOX SITÚA LA INMIGRACIÓN EN EL CENTRO DEL DEBATE
De su lado, Figaredo ha responsabilizado de la crisis a la combinación de una oferta insuficiente y un aumento de la demanda que ha vinculado a la política migratoria del Ejecutivo. "En España cada vez hay más gente y menos casas", ha sostenido.
El portavoz de Vox ha situado entre sus propuestas la "remigración", que ha concretado en el retorno a sus países de las personas extranjeras que cometan delitos, así como la prohibición de alquilar a inmigrantes en situación irregular. También ha reclamado desregulación, seguridad jurídica, medidas contra la ocupación y la eliminación de impuestos para la primera vivienda.
![[Img #172873]](https://madridpress.com/upload/images/11_2026/6404_debate-eco.png)
Durante el debate económico de cara a las elecciones generales, organizado por La Sexta, el vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha advertido de que esta misma semana varios expertos han alertado sobre el impacto en términos de incremento de déficit público que podrían acarrear las medidas fiscales incluidas en el programa electoral del PP.
"La siguiente derivada es recortar los servicios públicos. Lo hemos visto en la Comunidad de Madrid y lo hemos visto en las comunidades donde está gobernado. Sacrificios", ha avisado el responsable económico del Ejecutivo.
Frente a esto, Cuerpo ha defendido que la renta disponible de los hogares por habitante, teniendo en cuenta los precios, los impuestos y el crecimiento de la población, ha avanzado un 8% desde el inicio de la escalada inflacionista de 2022, una evolución que ha situado por encima de la de Estados Unidos, Francia, Alemania e Italia.
Ante estas afirmaciones, el vicesecretario de Hacienda del PP, Juan Bravo, le ha replicado que el Ibex ha subido el doble desde que está el gobierno de Pedro Sánchez, mientras que el neto real de los salarios "ha caído al 3,8%".
De su lado, el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha coincidido con Cuerpo en que la economía española lleva años creciendo por encima de los países de su entorno, pero ha denunciado que esa riqueza está siendo "capturada" por un 1% de la población, especialmente a través de la vivienda.
Además, ha acusado al PP de reducir el "salario indirecto" de los trabajadores mediante el deterioro de los servicios públicos, al obligar a las familias, según ha argumentado, a pagar alternativas privadas de sanidad, educación o cuidados.
Sin embargo, el portavoz de Vox, José María Figaredo, ha considerado "fundamental" bajar los impuestos, especialmente el IRPF en sus tramos inferiores, y ha defendido que es posible hacerlo sin reducir los servicios prestados a los ciudadanos.
GASTO EN PENSIONES
En otro capítulo del debate, el vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha garantizado que si el PSOE gobierna, las pensiones se revalorizarán con el IPC, pero ha admitido que el gasto en el sistema necesita de revisiones periódicas para saber si hacen falta ajustes en los ingresos o en los gastos.
Es una de las conclusiones que Cuerpo ha dejado en el debate económico a cuatro. Tanto Cuerpo como Bustinduy se han comprometido de forma reiterada a garantizar que las pensiones se revaloricen con la inflación. También se han comprometido a revalorizarlas Bravo y Figaredo, sólo que este último ha dicho que ahora mismo son "insostenibles", en buena parte según él por culpa de la inmigración.
Durante su turno de intervención, Bravo ha puesto sobre la mesa una de las cláusulas que recogía la última reforma del sistema aprobada en 2023.
SI SE SUPERA UN TOPE DE GASTO, HAY QUE ACTIVAR MEDIDAS
En concreto, la conocida como cláusula de salvaguarda, que es un mecanismo que vigila si el gasto en pensiones se desvío de lo acordado con la Comisión Europea y activar ajustes si el gasto crece por encima del 13,3% del PIB. El órgano encargado de analizar ese gasto es la Autoridad Independiente de Autoridad Fiscal (AIReF) y lo hace cada tres años.
En el debate, Bravo ha mostrado una cartulina con esta cláusula y le ha preguntado a Carlos Cuerpo si esto es cierto y si se pueden activar mecanismos de ajustes para garantizar el desembolso de las pensiones.
Y Cuerpo ha respondido: "La ley lo que garantiza (...) es la sostenibilidad de las pensiones. Cada tres años hay que ver si estamos haciendo bien los deberes". Eso sí, el vicepresidente ha recordado que la AIReF hizo un primer examen y no vio necesidad de introducir medidas porque no se superó el gasto permitido.
"La AIReF ha chequeado que se están gestionando bien las pensiones, que estamos creciendo lo suficiente como para que se pueda decir que no es necesario tomar ninguna medida gracias a que este gobierno hace los deberes", ha remachado.
LOS CONTRATOS DEL ALQUILER DE VIVIENDAS
En otro momento del debate, PSOE y Frente Amplio han defendido las prórrogas de los contratos de alquiler y las medidas fiscales adoptadas en los últimos reales decretos de vivienda, mientras que el PP ha apostado por construir un millón de viviendas y Vox ha situado la "remigración" y la reducción de la demanda vinculada a la inmigración entre sus prioridades.
Uno de los temas centrales del debate ha girado en torno a la vivienda, uno de los principales problemas de los españoles en la actualidad y que incluso ha sido uno de los motivos de la convocatoria de la huelga general del pasado 11 de noviembre.
Cuerpo ha sostenido que la votación del 29 de noviembre enfrenta "dos opciones" en materia de vivienda y ha advertido de las consecuencias que, según ha señalado, tendría derogar las medidas aprobadas por el Gobierno. En concreto, ha cifrado en 1,9 millones los hogares, unos cinco millones de personas, que pueden beneficiarse de una prórroga de dos años de sus contratos.
El titular de Economía ha rechazado que estas medidas enfrenten a propietarios e inquilinos y ha defendido que los pequeños arrendadores también pueden beneficiarse. Según ha explicado, un propietario que reduzca el alquiler puede incrementar su renta disponible gracias al tratamiento fiscal previsto. "Los dos se benefician de alquilar bien", ha afirmado.
Por su parte, Bustinduy ha vinculado la aprobación del decreto de vivienda con la presión de las movilizaciones sociales y ha agradecido la participación en la huelga general y la implicación de los jóvenes en las protestas por el acceso a una casa.
"Nosotros defendiendo a los inquilinos, a la clase trabajadora, y el Partido Popular y Vox votando a favor de los grandes propietarios y de los fondos buitre", ha reprochado.
Además, ha recordado que Frente Amplio ha propuesto un impuesto a la acumulación de viviendas que, según ha detallado, gravaría a partir de la cuarta vivienda en alquiler con un 10% del valor total del inmueble. Bustinduy ha sostenido que esta medida afectaría al 1% de los propietarios y permitiría movilizar 1,3 millones de viviendas hacia el alquiler asequible.
El titular de Derechos Sociales ha defendido también la construcción de vivienda pública protegida a perpetuidad y ha cuestionado que los jóvenes puedan competir, a los actuales precios de mercado, con fondos de inversión que adquieren inmuebles sin recurrir a una hipoteca.
EL PP APUESTA POR "CONSTRUIR, FACILITAR Y PROTEGER"
En el debate, Bravo ha atribuido la situación de la vivienda a la "mala gestión" del Gobierno y ha resumido la alternativa del PP en tres ejes: "Construir, facilitar y proteger". Según las cifras que ha atribuido al Banco de España, el déficit alcanza las 750.000 viviendas y llegará al millón en 2028 si no cambia el ritmo de construcción.
El dirigente popular ha reiterado su compromiso de impulsar un millón de viviendas durante la primera legislatura y ha defendido cambios en la legislación del suelo, una ley contra la ocupación y medidas fiscales para facilitar el acceso a una casa.
Entre ellas, ha mencionado una reducción del IVA del 60%, rebajas en el impuesto de transmisiones patrimoniales y una "hucha Hogar Joven" con aportaciones anuales de hasta 2.000 euros y deducciones fiscales.
En materia de alquiler, ha propuesto prorrogar voluntariamente los contratos durante tres años mediante incentivos tanto para el propietario como para el inquilino. Bravo ha contrapuesto esta fórmula al "intervencionismo" y ha cuestionado a Cuerpo por un artículo de 2014 en el que, según ha señalado, advertía de que los costes de los controles de alquiler superaban sus beneficios.
VOX SITÚA LA INMIGRACIÓN EN EL CENTRO DEL DEBATE
De su lado, Figaredo ha responsabilizado de la crisis a la combinación de una oferta insuficiente y un aumento de la demanda que ha vinculado a la política migratoria del Ejecutivo. "En España cada vez hay más gente y menos casas", ha sostenido.
El portavoz de Vox ha situado entre sus propuestas la "remigración", que ha concretado en el retorno a sus países de las personas extranjeras que cometan delitos, así como la prohibición de alquilar a inmigrantes en situación irregular. También ha reclamado desregulación, seguridad jurídica, medidas contra la ocupación y la eliminación de impuestos para la primera vivienda.


























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