Pide cinco años por su papel en el 'caso Lezo'

La Fiscalía rebaja la petición de cárcel para el expresidente Ignacio González

La Fiscalía ha rebajado su solicitud de condena de seis a cinco años de cárcel para el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, acusado en el juicio del 'caso Lezo' por presuntas irregularidades en la adjudicación de dos contratos públicos del Canal de Isabel II vinculados con un campo de golf en el ente público.

 

La fiscal Ana Cuenca ha apreciado en sus conclusiones finales la atenuante "de dilaciones indebidas favorable" para Ignacio González, para quien solicita cinco años de prisión por presunto cohecho y una multa de 500.000 euros.

 

Para el resto de acusados, el director gerente de Canal de Isabel II entre 2003 y 2009, Ildefonso de Miguel, y los socios de la empresa TCT, contratada por la compañía receptora de las adjudicaciones presuntamente fraudulentas, José Antonio Clemente, Pablo Manuel González y Juan José Caballero, estos dos últimos hermano y cuñado del expresidente de la Comunidad de Madrid, también rebaja la petición a 5 años.

 

La Fiscalía ha sostenido que la adjudicación "se hizo de una manera claramente preordenada con sólo una finalidad, permitir enriquecerse a los familiares" de González.

 

Para la fiscal, la participación de González fue "esencial" en este presunto delito de corrupción, ya que además de ser el vicepresidente de la Comunidad de Madrid durante el gobierno de Esperanza Aguirre, "era nada más ni nada menos que el máximo órgano de contratación de esta adjudicación" en el Canal de Isabel II.

 

Las obras de la cubierta del tercer depósito del Canal de Isabel II fueron adjudicadas en 2004 a Dragados, y la Fiscalía ha señalado que "incluso antes de que se hiciera esa adjudicación definitiva", esta compañía "ya había cerrado con TCT esa contratación".

 

UNA EMPRESA COMISIONISTA

 

El Ministerio Público señala que esta contraprestación fue "a cambio de hacer nada" y con eso los familiares de González "consiguieron 294.000 euros, un poco más, a costa de los fondos públicos del Canal de Isabel II".

 

La fiscal ha argumentado que "fue tan innecesaria esa interposición de TCT, que inmediatamente tuvieron que subcontratar esos contratos a quien sí que podía realizarlos", y ha argumentado que es "curioso" que "una multinacional como Dragados tenga que recurrir a una empresa como TCT" para unos trabajos que "no los podía hacer".

 

"Tal fue el descaro y la seguridad con que actuaron los acusados que es que sin nada ni tan siquiera. Se preocuparon en evitar dejar un rastro documental que se encontró con toda esa prueba incautada gracias a entradas y registros ordenadas por el instructor", ha apuntado Cuenca.

 

La fiscal ha subrayado que durante el juicio "ha quedado acreditado que nada ha hecho TCT y que nada podía hacer", y ha explicado que se trataba de una empresa que "no tenía personal", ni "experiencia", ni "solvencia ni técnica ni económica".

 

Por tanto, Cuenca ha concluido que se trataba de "una empresa comisionista", fundada para "poder cobrar intermediaciones innecesarias de los fondos públicos".