Por presuntas irregularidades en la adjudicación de dos contratos del Canal

El expresidente Ignacio González declara como acusado en el juicio del 'caso Lezo'

El expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González declarará el miércoles en la Audiencia Nacional como acusado en el juicio del 'caso Lezo' por presuntas irregularidades en la adjudicación de dos contratos públicos del Canal de Isabel II vinculados con un campo de golf en el ente público.

 

Se trata del juicio correspondiente a la pieza dos del 'caso Lezo', que encara su recta final con las declaraciones de los acusados.

 

Tras González será el turno del director gerente de Canal de Isabel II entre 2003 y 2009, Ildefonso de Miguel, y los socios de la empresa TCT, receptora de las adjudicaciones presuntamente fraudulentas, José Antonio Clemente, Pablo Manuel González y Juan José Caballero, estos dos últimos hermano y cuñado del expresidente de la Comunidad de Madrid.

 

En la primera jornada del juicio, todos ellos negaron los hechos por los que están siendo juzgados, por los que la Fiscalía Anticorrupción solicita penas de seis años de prisión como presuntos autores de delitos de cohecho y como cooperadores necesarios de los mismos, así como una multa de 550.000 euros.

 

Los hechos se remontan a 2002, cuando el Canal de Isabel II, dependiente de la Comunidad de Madrid, firmó un convenio urbanístico de planeamiento con el Ayuntamiento de Madrid para posibilitar el uso público de diversas instalaciones del canal, para lo que convocó un concurso para la ejecución del proyecto de construcción de la cubierta del tercer depósito del canal, según consta en el escrito de conclusiones provisionales del Ministerio Público.

 

En junio de 2004, la dirección del Canal de Isabel II, ostentada por Ildefonso de Miguel e Ignacio González, entonces vicepresidente de la Comunidad de Madrid, "con el fin de beneficiar a familiares de este último, impulsó y facilitó la tramitación de un modificado del anterior concurso, a pesar de que, atendiendo a las variaciones sustanciales que se iban a introducir, debería haberse convocado una nueva licitación", según Anticorrupción.

 

"Guiados por dicho fin convinieron con Dragados que el Canal de Isabel II le adjudicaría directamente a esta sociedad el contrato modificado, imponiéndole para ello la condición de que subcontratara para determinados trabajos a la empresa Tecnoconcret Proyectos de Ingeniería", conocida comercialmente como TCT, cuyos socios eran Clemente, el hermano y el cuñado de González.

 

Los familiares del expresidente madrileño ocultaron su titularidad a través de personas interpuestas con el fin de ocultar sus vínculos familiares con el expresidente de la Comunidad de Madrid, según Anticorrupción.

 

La aprobación y adjudicación directa a Dragados de dicho modificado tuvo lugar en la sesión del Consejo de Administración del Canal de Isabel II celebrada el 19 de julio de 2006, tras la intervención de Ignacio González e Ildefonso de Miguel, indicó.

 

Así, "la actuación conjunta de los acusados permitió que TCT, empresa sin capacidad técnica para efectuar ninguno de los trabajos encomendados, se interpusiera innecesariamente y se beneficiara indebidamente con ambas adjudicaciones, obteniendo un beneficio de, al menos, 504.780 euro financiado con los fondos públicos asignados a tales contrataciones", agregó la Fiscalía.

 

En el momento de los hechos juzgados, González era vicepresidente en el Gobierno madrileño de la 'popular' Esperanza Aguirre, que declaró en este juicio como testigo y se desligó de la adjudicación de las obras, si bien reconoció que la idea fue suya y que dimitió por "responsabilidad política" tras la detención de su entonces 'mano derecha'.