El Consejo de Gobierno ha aprobado esta semana el decreto que regula la participación de estos profesionales, adapta la normativa autonómica a la nueva ordenación nacional del sistema de FP y facilita su colaboración con la educación madrileña, según ha informado el Ejecutivo regional en un comunicado.
Los especialistas procederán del sector productivo o tendrán un perfil sénior y aportarán su experiencia sobre procesos específicos del mercado laboral para complementar el aprendizaje de los alumnos.
Su colaboración se centrará en los estudios de Grado D, que comprenden los ciclos de grado básico, medio y superior, y de Grado E, correspondientes a los cursos de especialización de grado medio y superior.
La norma establece las condiciones de autorización y contratación de estos profesionales en centros públicos, concertados y privados.
CONTRATOS DE HASTA UN CURSO ESCOLAR
Los aspirantes deberán acreditar una trayectoria laboral previa, por cuenta propia o ajena, relacionada con la especialidad o el módulo que vayan a impartir.
Asimismo, podrán compatibilizar la docencia con una reducción de jornada en su organismo o empresa, o con una situación de jubilación parcial o flexible que permita desarrollar la labor educativa.
La contratación se realizará mediante concurso de méritos, conforme a los procedimientos establecidos en cada convocatoria. Los contratos tendrán una duración máxima de un curso escolar y la retribución será equivalente a la de los funcionarios docentes que impartan el mismo módulo o especialidad.
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