La Sección Primera de lo Contencioso-Administrativo ha estimado el recurso de la asociación de propietarios de la zona y ha revocado la sentencia previa de un juzgado de primera instancia que avalaba el plan municipal. En su resolución judicial, el alto tribunal madrileño fundamenta la anulación en dos motivos esenciales relacionados con el cálculo económico y el reparto de costes entre los vecinos.
En concreto, alude a un método de tasación del suelo "incorrecto". El tribunal concluye que el Consistorio valoró el terreno como si fuera suelo sin edificar, cuando en realidad la gran mayoría de las parcelas cuentan con viviendas consolidadas y habitadas desde hace años con licencias municipales.
La ley de suelo exige aplicar una fórmula de cálculo diferente para terrenos ya construidos, por lo que el método empleado alteró de forma indebida el reparto del coste de las obras entre los propietarios.
También señala las indemnizaciones "indebidas" a costa de los vecinos. El fallo tumba la decisión de incluir en el reparto compensaciones económicas a favor de ciertos dueños que perdieron edificabilidad tras una modificación urbanística aprobada en 2010.
La Sala remarca que este tipo de instrumento no puede reconocer indemnizaciones que no se reclamaron en su momento ni cargar esos pagos a las espaldas del resto de vecinos del sector. Por el contrario, la sentencia mantiene en vigor el plan general que ordena el sector (el PERI 3).
El TSJM ha desestimado las pretensiones de los propietarios sobre la supuesta inviabilidad económica de la urbanización y ha rechazado los motivos sobre discrepancias entre los datos del Catastro y del Registro de la Propiedad, al tratarse de cuestiones ya resueltas en sentencias anteriores.
Tras conocer el fallo, el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de El Escorial ha anunciado que valora interponer un recurso de casación ante el Tribunal Supremo al considerar que existen argumentos jurídicos de interés para defender el plan.
El Consistorio recuerda que contaba con ocho resoluciones judiciales previas favorables --seis en primera instancia y dos en apelación-- y señala que la anulación judicial vuelve a paralizar la licitación en curso para contratar la redacción de las obras, responsabilizando del retraso en la llegada de servicios básicos a la continuada litigiosidad.
LA OPOSICIÓN PIDE OTRO PROYECTO
Por su parte, los grupos municipales y formaciones de la oposición han coincidido en pedir al Consistorio que renuncie a los tribunales. En concreto, la formación local Agrupación Escorial Norte (AEN) ha cifrado en 23,5 millones de euros los sobrecostes acumulados para los vecinos debido a valoraciones que consideran "infladas y partidas irregulares arrastradas desde 2016", solicitando además un pleno urgente para reprobar al alcalde y a su equipo.
Desde el PSOE municipal han exigido al Ejecutivo local que no recurra la sentencia para evitar dilatar el proceso dos o tres años más, reclamando que se abra una mesa de diálogo con los residentes para redactar un proyecto acorde a la realidad del terreno.
En una línea similar, Hacer El Escorial ha subrayado que la anulación del reparto no anula el PERI 3, pero sí genera incertidumbre sobre los plazos y costes reales, por lo que ha pedido explicaciones claras y evitar falsas promesas.
Finalmente, Más Madrid y Unidas El Escorial han calificado la sentencia de revés a la gestión urbanística del Partido Popular y han urgido a dejar a un lado la confrontación judicial para buscar "una salida viable y definitiva tras más de dos décadas de bloqueo".
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