De este modo ha cargado contra la decisión del TS de mantener la suspensión cautelar de los españoles residentes en el extranjero incluidos en el censo en virtud de esta disposición adicional de la Ley de Memoria Democrática a menos que acrediten que son descendientes de exiliados.
Respecto a la posibilidad de que el Ejecutivo presente un recurso ante el Tribunal Constitucional para que todos ellos puedan votar, Saiz ha evitado concretar y se ha limitado a repetir que están analizando la resolución del Supremo.
No obstante, fuentes gubernamentales se inclinan por que son los propios afectados los que deben recurrir esta decisión al TC, porque, afirman, son ellos quienes tienen la legitimación jurídica para hacerlo.
EL GOBIERNO ACATARÁ LA DECISIÓN DEL SUPREMO
En todo caso, la portavoz del Gobierno ha dicho en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes en La Moncloa, que se trata de una situación "que restringe uno de los derechos fundamentales recogidos en la Constitución, el derecho al voto" y por tanto "de extraordinaria gravedad".
Aunque ha dejado claro que no la comparten, también ha asegurado que acatarán la orden del Alto tribunal. "El Gobierno siempre acata las resoluciones judiciales", ha señalado, insistiendo en que están "en fase de análisis".
Aunque están decididos a obedecer la orden del Supremo, fuentes gubernamentales hacen hincapié en la complejidad de llevarlo a cabo por el poco margen que hay hasta las elecciones generales del 29 de noviembre y subrayan que muchos de los que ahora no podrán votar, sí lo hicieron en elecciones del 2023 y 2024.
Así, se quejan de que es "complejísimo" sacar a estas personas del censo electoral y todavía no tienen claro cómo lo harán. Por tanto reiteran que el Gobierno cumplirá pero todavía están decidiendo de qué modo.
En Moncloa lamentan además lo que consideran una utilización política de este asunto y acusan a lo partidos de la derecha de trasladar incertidumbre sobre un sistema electoral que, aseguran, es totalmente garantista. Por tanto, acusan a PP y Vox de prácticas 'trumpistas' al poner en cuestión la limpieza del proceso.
CUERPO ADMITE QUE ESTÁN "SORPRENDIDOS" POR LA DECISIÓN DEL TS
En la misma línea, el vicepresidente primero, Carlos Cuerpo, ha señalado que en el Gobierno están "sorprendidos" por la decisión del Supremo, en concreto por el hecho de que se restrinja el voto a ciudadanos españoles que ya votaron en elecciones previas y ha incidido en que el número de votos que está en cuestión no puede alterar el resultado final.
"Esperemos que esta situación se solucione, que son 160.000 personas que no suponen ningún tipo de alteración del censo en absoluto", ha indicado en declaraciones a los medios tras visitar la empresa de tecnología espacial y telecomunicaciones FOSSA Systems, en Las Rozas (Madrid).
"Si suponemos que puedan ir a votar en torno a un 20%-30%, si tenemos más o menos los datos históricos del voto por la gente que lo hace desde el exterior, estamos hablando de 30.000 personas, que todos somos conscientes de que esto no va a alterar para nada el resultado de las elecciones", ha indicado el ministro, haciendo hincapié en que se debe garantizar el derecho del voto a estos ciudadanos españoles. "Esperemos que así sea", ha zanjado.
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