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Miércoles, 07 de Octubre de 2026
El IPC podría subir hasta el 3,7%
Los economistas elevan la previsión de crecimiento al 2,5% este año
El Consejo General de Economistas (CGE) ha elevado una décima, hasta el 2,5%, su previsión de crecimiento de la economía española para este año por el "buen comportamiento" de la actividad en el primer semestre y a pesar de la moderación prevista para la recta final del año por la incertidumbre geopolítica.
Los economistas advierten de que si persisten los conflictos geopolíticos, los precios del petróleo seguirán al alza, con efectos directos e indirectos sobre la inflación que, en su opinión, las medidas fiscales aprobadas por el Gobierno sólo podrán amortiguar en parte.
Por ello, dada la evolución de los nueve primeros meses del año, y suponiendo que el IPC se mantenga en el último trimestre en niveles similares a los de septiembre, el CGE eleva la previsión del IPC promedio para 2026 hasta el 3,6%-3,7%.
Respecto al mercado de trabajo, los economistas estiman que la tasa de paro podría cerrar el año en el 9,9%, una vez acabada la campaña de verano, con un ligero repunte del desempleo en los últimos meses.
Asimismo, esperan que la deuda cierre el año en torno al 99,2% del PIB, mientras que el déficit se mantendría en el 2,5% pese al aumento del gasto, "gracias al buen comportamiento de la recaudación".
LA VIVIENDA DEBE SER UNA POLÍTICA DE ESTADO
En materia de vivienda, desde el Consejo General de Economistas se defiende que la política de vivienda debe ser, "ahora más que nunca", una política de Estado, que requiere combinar adecuadamente protección social, seguridad jurídica e incentivos económicos.
A su juicio, las medidas de protección deben complementarse con actuaciones que permitan ampliar la oferta de vivienda, "dado que difícilmente puede resolverse un problema de escasez actuando únicamente sobre las condiciones en las que se distribuye la oferta existente", advierten.
Así, sostienen que es necesario crear las condiciones para que esa oferta aumente de manera sostenida.
En el momento de redactar sus previsiones, el Consejo de Ministros aprobó ayer los dos reales decretos-leyes con medidas dirigidas a este ámbito. La recomendación de los economistas es poner atención al consenso, efectividad de las medidas, seguimiento de las mismas y seguridad jurídica.
![[Img #172099]](https://madridpress.com/upload/images/10_2026/3049_pib.png)
Los economistas advierten de que si persisten los conflictos geopolíticos, los precios del petróleo seguirán al alza, con efectos directos e indirectos sobre la inflación que, en su opinión, las medidas fiscales aprobadas por el Gobierno sólo podrán amortiguar en parte.
Por ello, dada la evolución de los nueve primeros meses del año, y suponiendo que el IPC se mantenga en el último trimestre en niveles similares a los de septiembre, el CGE eleva la previsión del IPC promedio para 2026 hasta el 3,6%-3,7%.
Respecto al mercado de trabajo, los economistas estiman que la tasa de paro podría cerrar el año en el 9,9%, una vez acabada la campaña de verano, con un ligero repunte del desempleo en los últimos meses.
Asimismo, esperan que la deuda cierre el año en torno al 99,2% del PIB, mientras que el déficit se mantendría en el 2,5% pese al aumento del gasto, "gracias al buen comportamiento de la recaudación".
LA VIVIENDA DEBE SER UNA POLÍTICA DE ESTADO
En materia de vivienda, desde el Consejo General de Economistas se defiende que la política de vivienda debe ser, "ahora más que nunca", una política de Estado, que requiere combinar adecuadamente protección social, seguridad jurídica e incentivos económicos.
A su juicio, las medidas de protección deben complementarse con actuaciones que permitan ampliar la oferta de vivienda, "dado que difícilmente puede resolverse un problema de escasez actuando únicamente sobre las condiciones en las que se distribuye la oferta existente", advierten.
Así, sostienen que es necesario crear las condiciones para que esa oferta aumente de manera sostenida.
En el momento de redactar sus previsiones, el Consejo de Ministros aprobó ayer los dos reales decretos-leyes con medidas dirigidas a este ámbito. La recomendación de los economistas es poner atención al consenso, efectividad de las medidas, seguimiento de las mismas y seguridad jurídica.

























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