Centros de datos: demanda estable para aprovechar la generación renovable española

 

 

El fenómeno de los vertidos renovables, conocido técnicamente como curtailment, ha dejado de ser una anécdota estadística. En 2024 el volumen total de restricciones técnicas a la baja alcanzó los 2,4 TWh, equivalentes al 1% del consumo nacional, según cifras de AFRY. La tendencia, lejos de estabilizarse, se ha acelerado: entre enero y junio de 2026 se registraron 2,5 TWh de generación renovable que no pudo integrarse en la red, un 50% más que en todo 2024 y el triple que en el mismo periodo del año anterior. Junio de 2026 marcó además un máximo histórico, con 1,2 TWh de electricidad descartada por el operador del sistema. 

 

Ese desajuste convive con un parque renovable que ya es enorme: España cerró 2024 con 31,7 GW de potencia eólica instalada, 33,7 GW de solar fotovoltaica y 20 GW de hidráulica, hasta sumar 86,6 GW de capacidad renovable total, con la que las renovables cubrieron el 55,8% de la electricidad generada ese año. El problema no es la falta de generación limpia, sino la falta de una demanda flexible y bien situada que la consuma en el momento en que se produce. 

 

 

Aquí es donde la demanda digital empieza a pesar. El índice de grandes consumidores de Red Eléctrica muestra que el sector de tratamiento de datos y hosting (CNAE 63) creció un 55,1% interanual en julio de 2026, tras varios meses de avances de entre el 40% y el 77%. Aunque este sector todavía está lejos de los grandes consumidores tradicionales como la metalurgia en volumen absoluto, su ritmo de expansión contrasta con el del conjunto del sistema: la demanda eléctrica española creció un 2,4% interanual en agosto de 2026 descontando efectos de temperatura y calendario, hasta 23.137 GWh brutos, y acumuló 175.858 GWh entre enero y agosto, un 2,8% más que en 2025. 

 

La magnitud del interés inversor es todavía mayor que el consumo real. Red Eléctrica ha concedido ya más de 6 GW de capacidad de acceso a centros de datos en la red de transporte, a los que se suman otros 6 GW en redes de distribución, unos 12 GW en total, mientras que la Estrategia de Inteligencia Artificial 2024 solo prevé para 2030 una demanda real de entre 3,5 y 4 GW. Esa brecha entre potencia reservada y demanda efectiva es, precisamente, lo que abre la puerta a una gestión más fina: no se trata de sumar megavatios sin criterio, sino de dimensionar conexiones que realmente se ejecuten y se acompasen con la curva solar. 

 

 

El propio Gobierno ha empezado a legislar en esa dirección. Un proyecto de Real Decreto sometido a audiencia pública exigirá a los nuevos centros de datos acreditar criterios de eficiencia energética e hídrica y cobertura renovable para acceder a la red, condicionando el acceso a algo más que la simple disponibilidad técnica. 

 

En paralelo, los contratos bilaterales de suministro renovable (PPA) permiten a estos consumidores atar parte de su carga a plantas concretas, dando a los promotores ingresos estables y reduciendo su exposición a las horas de precio cero. Y el almacenamiento cierra el triángulo: la propia evolución del mercado apunta a las baterías como la herramienta que permite trasladar horas de sol y viento excedentario hacia los tramos en que realmente hace falta, algo que ya defienden analistas como Aurora Energy Research al vincular el aumento de los vertidos con la necesidad urgente de dotar de flexibilidad al sistema.

 

Ninguna de las tres palancas —refuerzo de red, contratación a largo plazo y baterías— resuelve el problema por sí sola. Pero combinadas, y con una demanda digital que crece de forma sostenida y predecible, ofrecen algo que España necesita: una forma de que la energía limpia que hoy se pierde deje de ser un coste y empiece a ser un activo.