El Gobierno se niega a rectificar su política de puertas abiertas

España, único país de la UE en votar 'no' a las expulsiones de inmigrantes pese al asalto a Ceuta

El Gobierno español se ha desmarcado del resto de los Estados miembros de la Unión Europea al votar en contra de la adopción definitiva del Reglamento de Retornos, convirtiéndose en el único país que ha rechazado el texto durante la reunión de ministros del Interior celebrada en Luxemburgo.

 

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha trasladado a sus homólogos las reservas del Ejecutivo español sobre la propuesta y ha advertido de que algunas de las medidas contempladas generan dudas "sobre la legalidad y proporcionalidad" de su aplicación.

 

En el marco de la reunión, el Gobierno ha difundido una declaración en la que explica los motivos de su posición contraria al reglamento. Según Marlaska, el texto presentado por las instituciones europeas no supone la creación de un sistema de retornos verdaderamente europeo y mantiene determinadas medidas cuya proporcionalidad considera cuestionable.

 

El Ejecutivo español también ha puesto sobre la mesa la situación vivida en Ceuta, que a su juicio evidencia algunas de las carencias de la actual normativa comunitaria. En concreto, sostiene que los acontecimientos registrados en la ciudad autónoma demuestran que la legislación europea no dispone de mecanismos suficientes para garantizar retornos eficaces ante situaciones excepcionales que se alejan de los escenarios considerados ordinarios.

 

El Gobierno de Sánchez se niega a rectificar su política migratoria de puertas abiertas pese a la avalancha sufrida por Ceuta los días 30 y 31 de julio, una crisis que, lejos de resolverse, va camino de cronificarse.

 

El rechazo del Gobierno de Sánchez no tiene ningún efecto práctico, más allá de poner de relieve de nuevo su absoluto aislamiento en la UE en materia migratoria. La norma ha salido adelante con el voto a favor de 23 Estados miembros. Bélgica se abstiene y Dinamarca e Irlanda no han votado debido a las excepciones de las que disfrutan en materia de migración y asilo.

 

El rechazo del Gobierno de Sánchez no tiene ningún efecto práctico, más allá de poner de relieve de nuevo su absoluto aislamiento en la UE en materia migratoria. La norma ha salido adelante con el voto a favor de 23 Estados miembros. Bélgica se abstiene y Dinamarca e Irlanda no han votado debido a las excepciones de las que disfrutan en materia de migración y asilo.

 

Este ha sido el último paso en la aprobación del nuevo reglamento de retornos, ya aprobado por la Eurocámara y que se publicará en los próximos días en el Diario Oficial de la UE. La norma entrará en vigor al día siguiente de su publicación, con un periodo de transición de 12 meses.

 

En los días previos a la votación definitiva, algún socio europeo ha reprochado al Gobierno que mantenga su oposición en solitario al reglamento de retorno, anunciada desde su primera aprobación en el Consejo de Interior de diciembre de 2025, según explican fuentes diplomáticas.

 

UNA NEGATIVA QUE SORPRENDE A BRUSELAS

 

Una negativa que sorprende en Bruselas tras lo ocurrido en Ceuta, que 22 líderes europeos atribuyeron en una carta conjunta al "efecto llamada" de la política migratoria de Sánchez, en particular la regularización masiva.

 

Sin embargo, el departamento que dirige Grande-Marlaska sostiene que el nuevo reglamento no sirve para resolver la situación en Ceuta, pese a las dificultades del Gobierno para mandar de regreso a Marruecos a los migrantes que todavía permanecen en la ciudad autónoma.

 

Según el último informe aprobado por el Consejo de Ministros, el Ejecutivo de Sánchez sólo ha logrado ejecutar 449 expulsiones en los últimos dos meses, de las cuales apenas 131 se produjeron en la última semana, a las que se suman 7.794 retornos voluntarios. El Gobierno no ofrece datos sobre cuántos migrantes irregulares permanecen todavía en la ciudad autónoma.

 

Los países de la UE ejecutaron en el segundo trimestre 36.825 retornos a terceros países, equivalentes al 33,4% de las 110.335 órdenes de salida dictadas en ese periodo. En España, fueron 1.805 expulsiones sobre 7.825 órdenes, un 23,1%, más de diez puntos por debajo de la media comunitaria, según los datos publicados este miércoles por Eurostat, anteriores a la crisis de Ceuta.

 

En un documento al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, el Gobierno de Sánchez justifica su no al reglamento de retorno con tres argumentos principales. En primer lugar, la nueva norma no contempla un reconocimiento mutuo automático de las decisiones de expulsión, lo que supondría un "paso atrás" en la construcción de una política migratoria común.

 

Pero su principal objeción son los centros de retorno en terceros países, que a juicio de Grande-Marlaska generan "inseguridad jurídica", ofrecen "garantías limitadas" y podrían permitir incluso trasladar a familias con hijos a países "con los que no tienen absolutamente ninguna vinculación".

 

En tercer lugar, el ministerio del Interior también considera desproporcionadas las nuevas reglas sobre detención, que permiten prolongar la privación de libertad hasta 24 meses y encadenar detenciones en distintos países sin límite temporal.

 

"Por último, los acontecimientos recientes en Ceuta han demostrado la necesidad de mecanismos específicos que garanticen un retorno efectivo en casos de entradas masivas y caóticas en las fronteras exteriores. Sin embargo, este reglamento no contiene medidas para abordar estas circunstancias excepcionales", concluye la declaración del Gobierno de Sánchez.