Entre 2027 y 2028, según Funcas

España necesitará ajustes presupuestarios de 16.500 millones

España deberá acometer ajustes presupuestarios de alrededor de 16.500 millones entre 2027 y 2028, a razón de 5.300 millones de euros en el próximo año y de 11.200 millones de euros en el siguiente, para corregir el desvío acumulado del gasto primario neto respecto a los compromisos adquiridos con Bruselas, según estima Funcas.

 

En el número 314 de Cuadernos de Información Económica, el economista Desiderio Romero señala que, aunque el déficit público mantiene una senda descendente, el gasto primario neto está creciendo por encima de lo comprometido en el marco fiscal europeo, lo que deteriora progresivamente el saldo acumulado.

 

La cláusula de escape vinculada al aumento del gasto en defensa y las medidas asociadas a la crisis energética podrían permitir que España cierre 2026 dentro del margen aceptado. Sin embargo, en 2027 sería necesario un ajuste equivalente a tres décimas del PIB, unos 5.300 millones de euros, parte del cual recaería sobre una mayor tributación del factor trabajo.

 

Para 2028, el ajuste ascendería a aproximadamente 11.200 millones de euros, de acuerdo con el análisis recogido en la revista de Funcas.

 

El economista Diego Martínez advierte, además, de que España no ha aprovechado suficientemente la actual fase expansiva para rebajar su vulnerabilidad fiscal y reconstruir margen de actuación ante un eventual cambio de ciclo.

 

Aunque se han cumplido los objetivos de déficit y deuda, estima que el ajuste del saldo primario estructural en 2025 debería haber alcanzado el 0,7% del PIB, frente al 0,3% reconocido. Esto habría supuesto un esfuerzo adicional de unos 6.700 millones de euros, sobre los cerca de 5.000 millones realizados.

 

Por su parte, Raymond Torres analiza los efectos de la prolongada prórroga de los Presupuestos Generales del Estado y concluye que ha restado eficacia a la política fiscal, pese a no haber impedido determinados ajustes, incluidos los asociados a la gestión de fondos europeos.

 

Según el análisis, el gasto del conjunto de las administraciones públicas se elevó un 19% durante el trienio de prórroga, una vez descontados los intereses y los fondos europeos Next Generation, mientras que la recaudación tributaria aumentó cerca de un 24%.

 

DESVÍO DEL GASTO DE 78.000 MILLONES 

 

Asimismo, el gasto ejecutado por el Estado y la Seguridad Social se situó, respectivamente, un 14% y un 20% por encima del inicialmente previsto con la prórroga presupuestaria, un desvío conjunto de 78.000 millones de euros. Esta inercia, según Torres, limita la capacidad de trasladar a las cuentas nuevas prioridades sociales, como la vivienda o la educación.

 

En el plano europeo, Daniel Gros sostiene que el principal riesgo para la sostenibilidad de la deuda pública no procede del incremento temporal del gasto en defensa, sino de la posibilidad de que los tipos de interés de mercado permanezcan estructuralmente por encima de los supuestos empleados por la Comisión Europea.

 

A su juicio, el uso pleno de la cláusula nacional de excepción para financiar defensa elevaría la ratio de deuda en torno a seis puntos porcentuales del PIB, un aumento limitado frente a los actuales niveles de endeudamiento de Francia, Italia y España. El desafío para el nuevo marco fiscal europeo será, por tanto, preservar la disciplina presupuestaria en un entorno de financiación más costosa.