Los promotores avisan de que no van a parar

El campamento ilegal de Sol crece pese a la aprobación de los decretos sobre vivienda

La Comunidad da un plazo de 48 horas al delegado del Gobierno para que lo disuelva

La acampada en la Puerta del Sol, que venía congregando a cerca de un millar de personas, ha amanecido este miércoles con un mayor número de tiendas de campaña y ocupando más espacio al sobrepasar el perímetro de carpas las bocas de metro.

 

Así, la acampada ha visto aumentado su número de tiendas de campaña un día después de que el Gobierno aprobase en el Consejo de Ministros los dos decretos de vivienda. Desde el Sindicato de Inquilinas han visto "imposible hacer una estimación" de cuántos acampados hay ya que alegan que "hay muchísima gente".

 

La protesta de esta mañana se ha producido a partir de las 9 horas, con los miembros de la Plataforma Laboral Escuelas Infantiles (PLEI), que han clamado frente a la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional.

 

Esta asociación de educadores, ataviados con sus camisetas amarillas, ha sido la que ha encabezado en las primeras horas de este miércoles las reivindicaciones en el centro de la capital, con gritos contra la presidencia de la comunidad, pidiendo por la regulación de la vivienda: "Sin vivienda no hay educación".

 

CALIFICAN LOS DECRETOS DE PARCHE

 

Numerosos acampados en la Puerta del Sol consideran "insuficientes" los dos reales decretos sobre la vivienda aprobados por el Gobierno y han coincidido en calificarlos de "parche" que busca "desconvocar la acampada".

 

Así se expresaba por ejemplo una de las acampadas, Marcela, que lleva desde el pasado domingo en la madrileña Puerta del Sol quien considera que los textos "no representan a la gente" que protesta en el centro de Madrid. "Las demandas van más allá de renovar unos contratos que ya son abusivos", ha reprochado sobre su contenido.

 

"Demuestran nada más que el Gobierno 'progre' quiere simplemente desconvocar lo que se está haciendo aquí en Sol y quiere mandarnos a todos a casa", ha sostenido, al tiempo que ha acusado al Ejecutivo de querer "desviar la atención por miedo a una movilización mayor".

 

Esta es la misma sensación que tienen otros muchos de los acampados: "(El Gobierno) tiene miedo a toda la movilización que está habiendo porque son movilizaciones que plantean ir a la huelga general", señalan.

 

Además, según ha explicado Jara, otra de las manifestantes acampada en Sol, los decretos "no recogen la congelación del precio del alquiler" ni "prohíben los desahucios como tal": "Hay muchas cláusulas que sirven de colchón para los propietarios, pero ninguna para la gente que tiene que vivir de alquiler", ha lamentado.

 

"ESTAS MEDIDAS NO ME DEJAN TRANQUILA"

 

Otras de las cuestiones que han dejado "menos tranquila" a Jara, es que se pone el foco en la vivienda como derecho, pero no se pone en el derecho a "generar propiedad pública": "También es un derecho poder generar propiedad, o sea, comunidad en su entorno, y no tener que decir que ahora me tengo que ir a vivir a tomar por culo porque es donde tengo un precio de vivienda asequible", ha defendido.

 

En este sentido, ha reconocido que lleva cuatro años participando en varios procesos de vivienda pública y ha afirmado que lo único que ha recibido es cierta información cada cierto tiempo y que no confía en poder acceder una vivienda "ahora mismo" a través de ese medio: "De vez en cuando te piden un papel y luego nunca te toca".

 

Muchos de los acampados han defendido que la respuesta pase por una huelga general junto con otros sectores. "Nosotros pensamos que no nos vamos a mover de aquí, que tenemos que ir a una gran huelga general con todos los sectores, con educación, sanidad y también con este movimiento de vivienda", ha afirmado por ejemplo Javier, otro de los presentes en la plaza.

 

"ESTO VA A SEGUIR"

 

La portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid, Valeria Racu, ha advertido de que lo "encendido" en Sol "no va a parar" aunque Maricarmen, la mujer de 87 años desahuciada la semana pasada en Madrid, va a poder volver a su casa tras alcanzarse un preacuerdo con la propietaria del inmueble. La Comunidad de Madrid ha requerido al delegado del Gobierno que disuelva el campamento.

 

Al ser preguntada si la acampada de la Puerta del Sol continuará en caso de que el decreto no satisfaga sus demandas, Racu ha respondido de forma abierta que "lo que se ha encendido en Sol no va a parar aquí" y ha asegurado que bien puede ser "siguiendo la acampada" o "subiendo el conflicto en otras partes". "Esto va a seguir", ha sentenciado la portavoz del Sindicato de Inquilinas.

 

Racu ha insistido en que la exigencia central es acabar con la temporalidad de los contratos de alquiler: "No puede ser que cada pocos años nuestra vida entera tenga que cambiar simplemente porque un rentista quiere hacer más dinero y puede expulsarnos de casa sin ningún tipo de justificación".

 

Por eso, ha mantenido la posición de continuar con la protesta si el decreto no se ajusta a las peticiones y ha subrayado que "si no sale, sería un fracaso total, pero solo el principio para todo lo que hay que cambiar en este país".

 

En cuanto al acuerdo alcanzado con la empresa propietaria para que Maricarmen retorne a su casa, Racu ha precisado que la decisión final corresponderá a la propia afectada. "Por una vez la última palabra la va a tener Maricarmen y cuando sepa todas las condiciones del contrato, todas las condiciones de esta victoria que les hemos arrancado a los rentistas y a Urbagestión, ella decidirá", ha remachado.

 

"ACUERDO FRUTO DE LA ORGANIZACIÓN COLECTIVA"

 

La portavoz ha reivindicado que el acuerdo es fruto de la "lucha incansable de Maricarmen" y de la "organización colectiva", y ha rechazado que pueda atribuirse a las administraciones: "Esto no es una victoria ni de Urbagestión, ni del ayuntamiento, ni de la comunidad (...) son partes culpables, responsables directos de este conflicto", ha defendido.

 

Por su parte, la abogada de Mari Carmen, Beatriz Duro, ha detallado que el preacuerdo se alcanzó tras "más de cinco horas de negociación" con Urbagestión y ha calificado la vuelta a casa de su clienta como "la única alternativa posible": "Nunca tendría que haber sido posible que saliera de su vivienda".

 

LA COMUNIDAD EXIGE DESMANTELAR EL CAMPAMENTO

 

Por su parte, el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha informado de que ha enviado un requerimiento al delegado del Gobierno, Francisco Martín, en el que le da 48 horas para disolver la acampada de la Puerta del Sol y ha avisado de que, si no es así, emprenderá acciones judiciales.

 

"La impunidad, la ilegalidad, el desorden no pueden seguir campando a sus anchas en la Puerta del Sol. Y por eso acabamos de enviarle un requerimiento al delegado del Gobierno para que en el plazo máximo de 48 horas dé las instrucciones oportunas para desalojar la Puerta del Sol", ha afirmado el también portavoz del Gobierno regional ante los medios de comunicación desde la Real Casa de Correos.

 

El consejero ha puesto el foco en que es necesario que se "proteja" este edificio, que tiene más de 250 años de historias y es Bien de Interés Cultura, de "actos vandálicos" como los de los últimos días, en los que ha sufrido "pintadas, basura y orines".

 

En caso de que el delegado no atienda el requerimiento, ha afirmado de que presentarán el correspondiente recurso contencioso administrativo, pidiendo medidas cautelares, ante el órgano judicial correspondientes y se reservarán "el derecho a poder emprender cualquier tipo de acción judicial, incluidas las acciones penales".

 

García Martín ha subrayado que desde el pasado sábado los madrileños están "sufriendo una acampada ilegal" en la Puerta del Sol, tras el desahucio de Maricarmen, que se ha hecho "con la complicidad" del delegado del Gobierno y sin que él ni el Ministerio de Interior estén haciendo "absolutamente nada para evitarlo.

 

En concreto, ha expresado que se trata de una acampada "ilegal" que está generando "importantes perjuicios" a los vecinos y a los comerciantes de la Puerta del Sol, con los que están "en permanente contacto". "Ya temen que este acampado ilegal pueda tener un perjuicio económico muy importante como el que sufrieron durante el pasado 15M, que fue superior a los 90 millones de euros", ha apostillado.