Reitera su intención de aprobarlo el martes

El Gobierno negocia con sus socios el decreto de vivienda con medidas contra los desahucios

Prevé la prohibición de la compra especulativa de vivienda y la estabilización de los contratos de alquiler

El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha reiterado su intención de aprobar el martes en Consejo de Ministros un real decreto Ley en materia de vivienda que incluirá una batería de medidas urgentes para "defender el derecho a la vivienda", entre ellas la protección ante los desahucios y la estabilización de los contratos de alquiler.

 

Según han informado fuentes del Ministerio, están trabajando con los grupos parlamentarios para alcanzar un acuerdo sobre un paquete de diez ámbitos de actuación, cuya concreción continúa todavía en negociación.

 

El Ministerio ya había señalado en varias ocasiones la intención de llevar este decreto al Consejo de Ministros en septiembre, aunque la presión sobre ello se ha intensificado tras la ola de protestas que levantó, desde el pasado miércoles, el desahucio de Maricarmen, una mujer de 87 años discapacitada que llevaba siete décadas viviendo en el barrio madrileño de Retiro.

 

MEDIDAS

 

Entre las medidas planteadas se encuentra la protección frente a los desahucios para que "no haya ni una Maricarmen más", la prohibición de la compra especulativa de vivienda por parte de fondos de inversión y la estabilización de los contratos de alquiler para proteger frente a "subidas abusivas", así como ante las renovaciones de los contratos.

 

El Gobierno también plantea regular el alquiler de temporada para combatir el fraude en los contratos de corta duración y aplicar el IVA a los pisos turísticos para que tributen como actividad económica y frenar su proliferación.

 

El paquete contempla asimismo bonificaciones fiscales para las personas inquilinas y para los propietarios que reduzcan el precio del alquiler, además de ayudas para la compra de la primera vivienda dirigidas a quienes no dispongan de ahorros suficientes.

 

Por otro lado, el Ejecutivo propone blindar el parque estatal de vivienda para evitar que inmuebles financiados con recursos públicos terminen en manos de especuladores y reducir el IVA de la construcción de vivienda protegida con calificación permanente.

 

El Ministerio ha señalado que sigue trabajando para construir un acuerdo entre los grupos parlamentarios que permita aprobar el decreto y dar respuesta a las dificultades de acceso a la vivienda.

 

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aseguró el domingo que el Ejecutivo "está trabajando contrarreloj" para llevar el próximo martes el real decreto ley sobre vivienda, conocido ya como el 'decreto Maricarmen", y ha pedido "un último esfuerzo" a sus socios políticos para aprobarlo.

 

LAS DIERENCIAS ENTRE GRUPOS

 

El decreto, pactado entre PSOE y Sumar, se articula en torno a dos bloques: medidas para dar estabilidad a los alquileres y combatir el fraude, entre ellas la regulación de los contratos de temporada y habitaciones y bonificaciones fiscales a propietarios que reduzcan las rentas, y actuaciones para movilizar vivienda asequible, como la reforma de la Ley del Suelo. El texto contempla además negociar medidas para proteger a las familias vulnerables frente a los desahucios.

 

No obstante, las diferencias con los grupos que tienen que apoyar el decreto en el Congreso han frenado al Gobierno a presentar el decreto.

 

El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reconoció a finales de agosto que algunas medidas son "excesivas" para Junts y, en cambio, "insuficientes" para Sumar. La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha pedido a las formaciones un "esfuerzo de generosidad" y ha defendido que el texto recoge iniciativas planteadas por distintos grupos.

 

Junts reclama que el decreto ponga el foco en aumentar la oferta y cuestiona los topes de precios porque, a su juicio, no generan nuevas viviendas. Entre sus propuestas figuran ayudas fiscales para propietarios, como desgravar los gastos de alquiler o parte de la cuota hipotecaria de los pequeños propietarios. El Gobierno y Sumar han abierto la puerta a estudiar bonificaciones fiscales para propietarios, aunque Junts todavía no ha garantizado su apoyo.

 

Sumar, por su parte, defiende la prórroga de los contratos y una mayor protección de los inquilinos, además de la regulación de los alquileres de temporada y habitaciones y las medidas sobre los pisos turísticos. En los últimos días ha elevado la presión sobre el PSOE a raíz del desahucio de Maricarmen, una mujer de 87 años que había vivido durante más de siete décadas en una vivienda de Madrid, y reclama medidas para evitar lanzamientos de personas vulnerables.

 

El socio minoritario también ha planteado la expropiación de la vivienda de Maricarmen para incorporarla al parque público y ha defendido limitar la adquisición de viviendas por parte de fondos de inversión.

 

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, reclamó el 16 de septiembre llevar el decreto "ya" al Congreso aunque no hubiera una mayoría garantizada y criticó a los grupos que, según dijo, no quieren intervenir el mercado de la vivienda.

 

Podemos mantiene una posición más alejada del texto. Rechaza los beneficios fiscales a propietarios y reclama medidas para reducir los precios, proteger a los inquilinos y evitar desahucios sin alternativa habitacional. Su principal línea roja es la reforma de la Ley del Suelo, que exige retirar del decreto y que la formación considera vinculada a una reducción de controles urbanísticos. La Confederación Nacional de la Construcción, en cambio, ha defendido esta reforma como una medida necesaria para aumentar la oferta.

 

Por su parte, el PNV ha planteado limitar la prórroga a los inquilinos que estén al corriente de pago, además de reclamar una reforma del suelo, regulación de los alquileres de temporada y respeto a las competencias autonómicas, mientras que ERC ha puesto el foco en la vivienda vacía y reclama datos sobre la titularidad de estos inmuebles, mientras que el PP defiende aumentar la oferta y facilitar suelo y ha cuestionado el enfoque intervencionista del Gobierno.

 

El caso de Maricarmen el pasado miércoles ha añadido además un nuevo elemento a la negociación. El Gobierno y Sumar defienden reforzar la protección frente a los desahucios, mientras que el PP sostiene que el anterior decreto antidesahucios no habría evitado este lanzamiento por las características del contrato de la mujer. La cuestión de los desahucios se suma así a las diferencias ya existentes sobre precios, alquileres, fiscalidad, vivienda turística y reforma del suelo.

 

Fuera del Parlamento, CCOO y UGT han reclamado un acuerdo entre las fuerzas políticas, mientras que la Confederación de Sindicatos de Inquilinas exige que el nuevo decreto incluya medidas estructurales contra los desahucios, congelación de los alquileres, prórrogas efectivas y renovación automática de los contratos. El colectivo ha convocó este sábado movilizaciones bajo el lema "Ni una Maricarmen más".

 

EL DESAHUCIO DE MARICARMEN "ACERCA POSICIONES"

 

Con este escenario, el Gobierno no ha confirmado ni desmentido que el decreto vaya a abordarse este martes en el último Consejo de Ministros del mes de septiembre tal y como anunció en julio. No obstante, Isabel Rodríguez aseguró el jueves que el desahucio de Maricarmen ha "removido la conciencia" de los grupos políticos y "ha aproximado algunas posiciones que hasta ahora venían más distanciadas".

 

Asimismo, indicó que el compromiso de los grupos es "poderlo aprobar lo antes posible". "Yo sé que no se entiende", subrayó al explicar que el Gobierno podría "aprobarlo mañana" pero que sin el apoyo del resto de grupos en el Congreso este decreto no se convertirá en ley y no se habrá "conseguido nada".

 

Según explicó la ministra, el real decreto aborda el problema de la vivienda de "manera estructural", abarcando desahucios, movilización de vivienda vacía, la construcción de vivienda pública o la intervención en los pisos turísticos, entre otros temas, aunque los desahucios es "curiosamente" uno de los aspectos donde encuentran más "escollos" y "diferencias" en el Congreso.