La Fiscalía solicita ocho años de cárcel

El exdiputado del PSOE 'Tito Berni', a juicio por tres delitos de corrupción

La juez juzga una presunta trama de pago de sobornos de empresarios en el 'caso Mediador'

La jueza María de los Ángeles Lorenzo-Cáceres, instructora del 'caso Mediador', ha dictado un auto de apertura de juicio oral por la pieza principal del 'caso Mediador' y que implica al exdiputado nacional del PSOE, José Bernardo Fuentes Curbelo, alias 'Tito Berni', su sobrino Taishet Fuentes, exdirector general de Ganadería del Gobierno de Canarias, y más de una decena de personas más.

 

El auto, hecho público este viernes, abarca presuntos delitos de cohecho, estafa, malversación, prevaricación, tráfico de influencias, delitos contra la administración pública, falsedad, pertenencia a grupo criminal y tráfico de influencias y blanqueo relacionados con una presunta trama de pago de sobornos de empresarios a cambio de obtener distintos beneficios administrativos.

 

El juicio trata de esclarecer una presunta trama que trataba de captar a empresarios del sector primario y de las energías renovables en Canarias durante los años 2020 y 2021 para ofrecer tratos de favor, adjudicación de contratos públicos y anulación de expedientes sancionadores a cambio de dinero, regalos y servicios de prostitución.

 

Así, Juan Bernardo Fuentes será juzgado por los delitos de cohecho, prevaricación administrativa y pertenencia a grupo criminal y la Fiscalía solicita ocho años de cárcel mientras que para su sobrino se piden 11 años por cohecho, estafa y pertenencia a grupo criminal.

 

Para el mediador Marco Antonio Navarro Tacoronte, ya condenado en la primera pieza, la Fiscalía solicita otros 13 años por cohecho, prevaricación administrativa, falsedad en documento mercantil y tráfico de influencias.

 

El juicio, que se celebrará en la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, afecta también a los empresarios Miguel Ángel Robayna y Alberto Montesdeoca, al exviceconsejero del Gobierno canario Álvaro de la Bárcena, que responderá del delito continuado de prevaricación administrativa, y la jefa de servicio en la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, Estefanía González

 

Igualmente la causa afecta a los empresarios Esteban Banús, María Inmaculada Roca, José Santiago Suárez y Marta Isabel Suárez.

 

Para el general ya jubilado de la Guardia Civil Francisco Espinosa, también condenado en la primera pieza, los delitos imputados son de tráfico de influencias y cohecho y la Fiscalía solicita dos años de prisión.

 

El empresario Antonio Bautista --condenado igualmente en la primera pieza-- responderá a la acusación de tráfico de influencias y cohecho.

 

También están encausados los empresarios Maximiliano Miguel Poveda y Miguel Ángel Robayna, que concurre con la atenuante de colaboración con la Justicia.