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Miércoles, 23 de Septiembre de 2026
Pese a la resistencia de vecinos y activistas
Desahucian a una anciana de su vivienda al cuarto intento
La Policía procede al desalojo por orden judicial
La Policía ha ejecutado, al cuarto intento, el desahucio de Maricarmen, la vecina de 87 en la vivienda de la calle Alcalde Sainz de Baranda en la que reside desde hace 70 años.
La puerta exterior del portal ha sido abierta por la Policía Nacional con un ariete y los agentes han ido retirando a las personas que permanecían sentadas delante del acceso al edificio.
La comisión judicial había llegado al inmueble en torno a las 9.30 horas. Desde entonces, la defensa de Maricarmen ha negociado durante más de una hora con sus integrantes y con una procuradora en representación de la propiedad para tratar de frenar el lanzamiento.
La abogada de la mujer, Beatriz Duro, ha explicado que la propiedad se ha negado a suspender el lanzamiento por razones humanitarias y también ha rechazado conceder un plazo de entre quince días y un mes para que pudiera abandonar la vivienda de forma "digna" y retirar sus pertenencias.
Según la letrada, tampoco se ha aceptado la propuesta de una donante anónima dispuesta a completar la renta de Maricarmen. Duro ha señalado además que permanece pendiente de resolución un escrito presentado ante el juzgado para solicitar la suspensión del desahucio.
Alrededor de un centenar de personas continúa concentrado en las inmediaciones del edificio, después de que cientos de vecinos y activistas pasaran la noche al raso frente a la vivienda. Durante el operativo se han registrado momentos de tensión y empujones y se han escuchado consignas como "Podría ser tu madre, podría ser tu abuela".
UN SÍMBOLO
El caso de Maricarmen se ha convertido en uno de los símbolos de la lucha por el acceso a la vivienda en Madrid. El padre de Maricarmen firmó en 1956 un contrato de arrendamiento para esa vivienda. Tras su muerte, el contrato se subrogó en su esposa y, posteriormente, pasaría a Maricarmen.
Ella se subrogó en las mismas condiciones, es decir, una renta que se actualizaba cada año en base al IPC, más otros gastos como el IBI, durante casi 20 años. El documento forma parte de los contratos conocidos como "de renta antigua".
La mujer, con una discapacidad del 50%, logró que los tribunales le dieran la razón en primera instancia pero finalmente el Tribunal Supremo falló a favor del inversor.
La afectada se enfrenta a su cuarto intento de desahucio desde que la propiedad del edificio pasara en 2018 a Urbagestión, empresa que, según denuncian los colectivos de apoyo, trató de incrementar el alquiler de la inquilina en un 275%.
El Sindicato de Inquilinas asegura haber trasladado diversas propuestas a las administraciones para resolver el conflicto, entre ellas la adquisición pública de la vivienda o reformas legislativas que refuercen la estabilidad de los contratos de alquiler. Sin embargo, denuncia que no ha recibido respuesta a estas iniciativas.
Desde la organización sostienen que ni el Ayuntamiento de Madrid, ni la Comunidad de Madrid, ni el Gobierno central han ofrecido hasta el momento una alternativa habitacional a Maricarmen, más allá de una residencia privada con un coste de más de 1.200 euros, "una barbaridad" para la pensión de la mujer.
La organización recuerda además que Naciones Unidas ha requerido al Estado español que adopte medidas para evitar el desahucio y garantice una solución habitacional adecuada. "Maricarmen está cansada pero tiene fuerzas para seguir adelante", apuntan desde este colectivo.
VIVIENDA URGE A AYUNTAMIENTO Y COMUNIDAD A INTERVENIR
Por su parte, el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha urgido al Ayuntamiento y a la Comunidad de Madrid a intervenir ante el desahucio y ha respaldado el requerimiento de Naciones Unidas para suspender cautelarmente el desalojo.
Por un lado, ha criticado al Ayuntamiento por no haberse pronunciado sobre su situación de vulnerabilidad "pese a tener desde hace meses una solicitud sobre la mesa", mientras que, por otro lado, ha cargado contra la Comunidad por no "ofrecer una alternativa habitacional" a la mujer o concederle "un complemento de rentas para que pueda asumir el coste del alquiler".
ALMEIDA OFRECE UN RECURSO HABITACIONAL
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha subrayado que el Ayuntamiento de Madrid ofrece a Maricarmen "un recurso habitacional de manera inmediata" si ella quiere porque las administraciones "no pueden quitarse de en medio".
"A nadie nos gustaría vivir una situación como la que está viviendo Maricarmen en estos momentos y desde el punto de vista humano creo que es una situación muy dura y muy difícil la que está atravesando. Desde el punto de vista de los gobiernos lo que tenemos que hacer es, cada uno en el ámbito de nuestras competencias, no quitarnos de en medio sino tratar de que podamos paliar una situación dramática por la edad y la condición física que tiene esta señora", ha declarado.
El regidor ha insistido en que "el Ayuntamiento ha puesto todos los medios de sus Servicios Sociales a su disposición". "Tiene, por supuesto, el servicio de teleasistencia, 90 horas de servicio de ayuda a domicilio con terapia ocupacional, hay un contacto con Samur-Protección Civil, el Samur Social en estos momentos también está en las inmediaciones donde se está produciendo el desahucio".
El primer edil, sin obviar que se trata de "una situación dramática", ha recordado que el lanzamiento "obedece a un mandato judicial y los mandatos judiciales se tienen que obedecer". Y ante el posicionamiento de Delegación de Gobierno o las críticas desde el Ministerio de Vivienda, Almeida ha asegurado que no se meterá por "la gravedad de la situación".
"A partir de ahí, lo que hagan otras administraciones... ante la gravedad de la situación que se está viviendo, yo no me voy a meter", ha trasladado a la prensa, consciente de que el Consistorio ha sido "objeto de críticas por parte de la ministra de Vivienda", Isabel Rodríguez, sumado a que en su opinión el delegado del Gobierno, Francisco Martín, "se quiere quitar de en medio, cuando la Policía Nacional depende de él".
Martínez-Almeida tiene claro que "respetar la situación que está viviendo Maricarmen exige que en este momento cada Administración dé lo mejor para tratar de paliar un drama como el que se está produciendo como consecuencia de ese desahucio".
"Serán el resto de administraciones las que tengan que explicar qué es lo que han hecho o lo que no han hecho, pero yo sí puedo decir que el Ayuntamiento de Madrid, desde sus Servicios Sociales, ha puesto todos los medios para tratar de paliar una situación como la que desgraciadamente se está viviendo en este momento", ha insistido.
EL AYUNTAMIENTO SÍ EMITIÓ EL CERTIFICADO DE VULNERABILIDAD
En este punto ha querido aclarar a Isabel Rodríguez que el Ayuntamiento sí ha emitido el certificado de vulnerabilidad de Maricarmen. "Yo le pido a la ministra de Vivienda que respete a Maricarmen y que el respeto a una situación como la que está viviendo en estos momentos exige que no mienta y que no busque enfrentamientos inútiles. Yo no voy a buscar ese enfrentamiento inútil, no voy a buscar esa polémica estéril", se ha comprometido.
A lo que ha sumado que el Ayuntamiento "sí ha ofrecido alojamiento a Maricarmen en situaciones anteriores". "Nuestros servicios se han puesto en contacto con Maricarmen para poder ofrecerle alternativas a la situación que está viviendo".
"No en el día de hoy, cuando por supuesto está Samur Social allí dispuesto a ofrecerles alternativa, sino en situaciones anteriores que ya se había previsto el lanzamiento, el desahucio, aunque no se había ejecutado. También el Ayuntamiento de Madrid se había puesto en contacto para poder ofrecerle determinados recursos asistenciales", ha manifestado.
![[Img #171836]](https://madridpress.com/upload/images/09_2026/5786_maricarmen.jpg)
La puerta exterior del portal ha sido abierta por la Policía Nacional con un ariete y los agentes han ido retirando a las personas que permanecían sentadas delante del acceso al edificio.
La comisión judicial había llegado al inmueble en torno a las 9.30 horas. Desde entonces, la defensa de Maricarmen ha negociado durante más de una hora con sus integrantes y con una procuradora en representación de la propiedad para tratar de frenar el lanzamiento.
La abogada de la mujer, Beatriz Duro, ha explicado que la propiedad se ha negado a suspender el lanzamiento por razones humanitarias y también ha rechazado conceder un plazo de entre quince días y un mes para que pudiera abandonar la vivienda de forma "digna" y retirar sus pertenencias.
Según la letrada, tampoco se ha aceptado la propuesta de una donante anónima dispuesta a completar la renta de Maricarmen. Duro ha señalado además que permanece pendiente de resolución un escrito presentado ante el juzgado para solicitar la suspensión del desahucio.
Alrededor de un centenar de personas continúa concentrado en las inmediaciones del edificio, después de que cientos de vecinos y activistas pasaran la noche al raso frente a la vivienda. Durante el operativo se han registrado momentos de tensión y empujones y se han escuchado consignas como "Podría ser tu madre, podría ser tu abuela".
UN SÍMBOLO
El caso de Maricarmen se ha convertido en uno de los símbolos de la lucha por el acceso a la vivienda en Madrid. El padre de Maricarmen firmó en 1956 un contrato de arrendamiento para esa vivienda. Tras su muerte, el contrato se subrogó en su esposa y, posteriormente, pasaría a Maricarmen.
Ella se subrogó en las mismas condiciones, es decir, una renta que se actualizaba cada año en base al IPC, más otros gastos como el IBI, durante casi 20 años. El documento forma parte de los contratos conocidos como "de renta antigua".
La mujer, con una discapacidad del 50%, logró que los tribunales le dieran la razón en primera instancia pero finalmente el Tribunal Supremo falló a favor del inversor.
La afectada se enfrenta a su cuarto intento de desahucio desde que la propiedad del edificio pasara en 2018 a Urbagestión, empresa que, según denuncian los colectivos de apoyo, trató de incrementar el alquiler de la inquilina en un 275%.
El Sindicato de Inquilinas asegura haber trasladado diversas propuestas a las administraciones para resolver el conflicto, entre ellas la adquisición pública de la vivienda o reformas legislativas que refuercen la estabilidad de los contratos de alquiler. Sin embargo, denuncia que no ha recibido respuesta a estas iniciativas.
Desde la organización sostienen que ni el Ayuntamiento de Madrid, ni la Comunidad de Madrid, ni el Gobierno central han ofrecido hasta el momento una alternativa habitacional a Maricarmen, más allá de una residencia privada con un coste de más de 1.200 euros, "una barbaridad" para la pensión de la mujer.
La organización recuerda además que Naciones Unidas ha requerido al Estado español que adopte medidas para evitar el desahucio y garantice una solución habitacional adecuada. "Maricarmen está cansada pero tiene fuerzas para seguir adelante", apuntan desde este colectivo.
VIVIENDA URGE A AYUNTAMIENTO Y COMUNIDAD A INTERVENIR
Por su parte, el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha urgido al Ayuntamiento y a la Comunidad de Madrid a intervenir ante el desahucio y ha respaldado el requerimiento de Naciones Unidas para suspender cautelarmente el desalojo.
Por un lado, ha criticado al Ayuntamiento por no haberse pronunciado sobre su situación de vulnerabilidad "pese a tener desde hace meses una solicitud sobre la mesa", mientras que, por otro lado, ha cargado contra la Comunidad por no "ofrecer una alternativa habitacional" a la mujer o concederle "un complemento de rentas para que pueda asumir el coste del alquiler".
ALMEIDA OFRECE UN RECURSO HABITACIONAL
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha subrayado que el Ayuntamiento de Madrid ofrece a Maricarmen "un recurso habitacional de manera inmediata" si ella quiere porque las administraciones "no pueden quitarse de en medio".
"A nadie nos gustaría vivir una situación como la que está viviendo Maricarmen en estos momentos y desde el punto de vista humano creo que es una situación muy dura y muy difícil la que está atravesando. Desde el punto de vista de los gobiernos lo que tenemos que hacer es, cada uno en el ámbito de nuestras competencias, no quitarnos de en medio sino tratar de que podamos paliar una situación dramática por la edad y la condición física que tiene esta señora", ha declarado.
El regidor ha insistido en que "el Ayuntamiento ha puesto todos los medios de sus Servicios Sociales a su disposición". "Tiene, por supuesto, el servicio de teleasistencia, 90 horas de servicio de ayuda a domicilio con terapia ocupacional, hay un contacto con Samur-Protección Civil, el Samur Social en estos momentos también está en las inmediaciones donde se está produciendo el desahucio".
El primer edil, sin obviar que se trata de "una situación dramática", ha recordado que el lanzamiento "obedece a un mandato judicial y los mandatos judiciales se tienen que obedecer". Y ante el posicionamiento de Delegación de Gobierno o las críticas desde el Ministerio de Vivienda, Almeida ha asegurado que no se meterá por "la gravedad de la situación".
"A partir de ahí, lo que hagan otras administraciones... ante la gravedad de la situación que se está viviendo, yo no me voy a meter", ha trasladado a la prensa, consciente de que el Consistorio ha sido "objeto de críticas por parte de la ministra de Vivienda", Isabel Rodríguez, sumado a que en su opinión el delegado del Gobierno, Francisco Martín, "se quiere quitar de en medio, cuando la Policía Nacional depende de él".
Martínez-Almeida tiene claro que "respetar la situación que está viviendo Maricarmen exige que en este momento cada Administración dé lo mejor para tratar de paliar un drama como el que se está produciendo como consecuencia de ese desahucio".
"Serán el resto de administraciones las que tengan que explicar qué es lo que han hecho o lo que no han hecho, pero yo sí puedo decir que el Ayuntamiento de Madrid, desde sus Servicios Sociales, ha puesto todos los medios para tratar de paliar una situación como la que desgraciadamente se está viviendo en este momento", ha insistido.
EL AYUNTAMIENTO SÍ EMITIÓ EL CERTIFICADO DE VULNERABILIDAD
En este punto ha querido aclarar a Isabel Rodríguez que el Ayuntamiento sí ha emitido el certificado de vulnerabilidad de Maricarmen. "Yo le pido a la ministra de Vivienda que respete a Maricarmen y que el respeto a una situación como la que está viviendo en estos momentos exige que no mienta y que no busque enfrentamientos inútiles. Yo no voy a buscar ese enfrentamiento inútil, no voy a buscar esa polémica estéril", se ha comprometido.
A lo que ha sumado que el Ayuntamiento "sí ha ofrecido alojamiento a Maricarmen en situaciones anteriores". "Nuestros servicios se han puesto en contacto con Maricarmen para poder ofrecerle alternativas a la situación que está viviendo".
"No en el día de hoy, cuando por supuesto está Samur Social allí dispuesto a ofrecerles alternativa, sino en situaciones anteriores que ya se había previsto el lanzamiento, el desahucio, aunque no se había ejecutado. También el Ayuntamiento de Madrid se había puesto en contacto para poder ofrecerle determinados recursos asistenciales", ha manifestado.























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