Piden 4 años de cárcel para cuatro acusadas de apropiarse de 79.000 euros de una comunidad de vecinos

 

El Ministerio Público les acusa de un delito continuado de apropiación indebida, en concurso de normas con un delito de administración desleal.

 

En materia de responsabilidad civil, pide que las dos primeras acusadas indemnicen solidariamente a la comunidad de propietarios en 78.879,76 euros, mientras que las otras dos deberán responder solidariamente con ellas por 14.395,13 euros. Asimismo, reclama 740,95 euros y 228,20 euros, respectivamente, a dos personas consideradas partícipes a título lucrativo.

 

El juicio se celebrará mañana en la Sección 30 de la Audiencia Provincial de Madrid. Según el escrito de acusación, dos de las procesadas, que ejercían como presidenta y tesorera de la comunidad, realizaron disposiciones bancarias en efectivo de la cuenta comunitaria por importe de 61.106,58 euros que no habrían sido justificadas, actuando "con ánimo de obtener un beneficio económico ilícito en perjuicio de la comunidad".

 

Además, ambas habrían efectuado órdenes de transferencias bancarias por un total de 17.773,18 euros, utilizando como beneficiarias empresas proveedoras reales de la comunidad que, sin embargo, no eran las titulares de las cuentas a las que finalmente habría ido a parar el dinero.

 

De estas operaciones, un total de 40 transferencias, por 14.395,13 euros, habrían acabado en cuentas de otras dos acusadas, que, según el Ministerio Público, actuaron en connivencia con las anteriores. Fiscalía atribuye a las cuatro acusadas el mismo ánimo de obtener un beneficio económico ilícito.

 

La acusación pública señala además otras transferencias por importes de 740,95 euros y 228,20 euros a terceras personas, a quienes considera partícipes a título lucrativo, si bien precisa que no consta que una de ellas conociera el origen ilícito del dinero.

 

Los hechos serían constitutivos de un delito continuado de apropiación indebida, previsto en los artículos 253, 249, 250.1.5 y 74 del Código Penal, en concurso de normas con un delito de administración desleal. Fiscalía considera autoras a las cuatro acusadas.

 

No obstante, el Ministerio Público aprecia en todas ellas la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas, después de que la tramitación de la causa permaneciera paralizada entre el 25 de mayo de 2022 y el 8 de junio de 2023 por una causa no imputable a las acusadas.

 

Por ello, Fiscalía solicita para cada una cuatro años de prisión, una multa de diez meses con una cuota diaria de 12 euros, responsabilidad personal subsidiaria de 30 días e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo, además del pago de las costas.