Acumulan 382 incidencias y 268 denuncias

El Gobierno regional reclama la reagrupación de 134 menores inmigrantes

La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila, ha reclamado al delegado del Gobierno en la región, Francisco Martín, que inicie los procedimientos correspondientes a los 134 expedientes de menores extranjeros no acompañados remitidos desde marzo de 2025 para valorar su reagrupación familiar.

 

En una carta, Dávila reprocha a la Delegación del Gobierno su "falta de actuación" y asegura que no consta la iniciación de ninguno de los procedimientos, pese a que todos fueron enviados con una petición razonada y después de una valoración individualizada de los servicios técnicos de protección.

 

La Comunidad considera que el retorno de estos menores con sus familias o, cuando no sea posible, su incorporación al sistema de protección de sus países de origen responde a su interés superior. Dávila exige por ello al delegado que "actúe de inmediato", tramite los expedientes y ejerza las competencias que corresponden al Gobierno central.

 

La consejera advierte además de que el paso del tiempo está teniendo "consecuencias irreversibles", puesto que 53 de los 134 jóvenes ya han alcanzado la mayoría de edad, "frustrándose así la finalidad" de unos procedimientos dirigidos precisamente a valorar una posible reunificación familiar mientras todavía eran menores.

 

"ALTERACIÓN DE LA CONVIVENCIA"

 

Según un informe elaborado por la Dirección General de Infancia, Familia y Fomento de la Natalidad, los menores incluidos en los expedientes acumulan 382 incidencias, "gran parte de ellas de alteración de la convivencia", y 268 denuncias.

 

En concreto, al menos 25 de los menores han sido denunciados por uno o varios delitos de robo y más de 40 por delitos de hurto. Otros 13 acumulan denuncias por amenazas; nueve, por lesiones; ocho, por resistencia; seis, por delitos sexuales; al menos cuatro, por quebrantamiento; tres, por daños, y al menos uno, por tenencia ilícita de armas.

 

"Los datos disponibles deberían hacerle reflexionar de una vez sobre la urgencia de actuar", sostiene Dávila en la carta dirigida al delegado del Gobierno.

 

La consejera considera que estas cifras dejan clara la necesidad de ofrecer una respuesta "urgente e individualizada" y evitar que el paso del tiempo y la mayoría de edad "consoliden situaciones de marginalidad, victimización o delincuencia".

 

La Comunidad defiende igualmente que la respuesta debe ser "educativa y protectora", ya que, a su juicio, la situación afecta directamente al proceso de integración de los menores. Además, según Dávila, cuando una intervención policial no encuentra una respuesta posterior, se genera una "percepción de impunidad" que perjudica tanto a los implicados como al resto de jóvenes y puede provocar un "efecto de contagio".

 

En el caso de los menores con problemas de salud mental, añade la consejera, los técnicos destacan la importancia de contar con un entorno familiar que favorezca "su evolución, tratamiento y recuperación".

 

CASOS ANALIZADOS INDIVIDUALMENTE

 

"No hablamos de una situación general ni del conjunto" de estos jóvenes, precisa Dávila, sino de "casos concretos" analizados individualmente por los profesionales.

 

La documentación se refiere a menores con "especiales dificultades de adaptación" y, en determinadas ocasiones, con "graves problemas de conducta, consumo de drogas o dinámicas delictivas".

 

La Dirección General señala que la gravedad de estas circunstancias aconseja analizar de manera prioritaria la procedencia de la reunificación familiar, con el objetivo de impedir que se continúen dando situaciones de desarraigo y que los jóvenes lleguen a la mayoría de edad expuestos a un escenario de "especial vulnerabilidad y exclusión social".

 

SIN RESPUESTA AL REQUERIMIENTO DE MAYO

 

La Comunidad de Madrid asegura que, a fecha del 4 de septiembre, no constaba la iniciación de ningún procedimiento por parte de la Delegación del Gobierno. Según el documento autonómico, la única comunicación de Delegación habría sido una carta en la que indicaba que, entre septiembre y noviembre de 2025, había solicitado informes a las representaciones diplomáticas de los países de origen, sin que se hubiera obtenido respuesta.

 

Ante esta situación, el Ejecutivo autonómico dirigió el pasado 27 de mayo un requerimiento formal a la Delegación para que aclarase expresamente si iba a incoar los expedientes remitidos.

 

En caso de que la respuesta fuese negativa, la Comunidad pidió que se expusiera el por qué de esa decisión y que se facilitara la documentación acreditativa de las actuaciones supuestamente realizadas. "Dicho escrito no ha recibido contestación", recoge el informe.

 

La consejera recuerda que la normativa atribuye a la Delegación del Gobierno la competencia para iniciar estos procedimientos "no solo a instancia de la entidad de protección de menores, sino también de oficio".

 

"LA SEGUNDA VEZ QUE ESCRIBE AL DELEGADO"

 

En declaraciones a los medios, tras una visita a una vivienda pública para adultos con discapacidad intelectual, Dávila ha puntualizado que es "la segunda vez" que escribe al delegado para que ejerza "su responsabilidad legal" y le ha acusado de desoír lo que dice "la Comisión de Protección a la Infancia ya en 134 casos".

 

Además, ha indicado que los expedientes de estos menores indican que ha de procederse a "la reunificación familiar por la dificultad de inserción" en el país que implican, entre otras cosas, "consumo de drogas".

 

Destaca que "estas dificultades" son "un fracaso" del delegado que tiene que actuar "ya" para atender a estos menores y, a su juicio, deje de "hacer caso omiso a la legalidad que le obliga" a iniciar los expedientes de retorno.

 

LOS MENORES DE CEUTA

 

En su carta, Dávila también hace referencia a la situación de los menores en Ceuta y sostiene que el propio Gobierno de España ha señalado que su prioridad es que "vuelvan con sus familias".

 

"Es lo que llevamos años solicitando y lo que debe aplicarse también, y con la mayor celeridad, a los casos de menores que se encuentran bajo protección en las distintas comunidades autónomas", afirma.

 

La consejera reclama que este criterio se aplique especialmente a aquellos expedientes en los que los técnicos hayan determinado que la reagrupación familiar responde al interés superior del menor.

 

"Que deje de bloquear decisiones técnicas adoptadas exclusivamente en atención al interés superior de cada menor", exige Dávila al delegado, al que insta a ejercer las competencias del Gobierno central "con eficacia".

 

La consejera advierte finalmente de que esta "dejación no puede prolongarse más" y sostiene que, si continúan produciéndose "incidentes graves sin respuesta", la Delegación no podrá alegar "desconocimiento" de la situación.

 

"La responsabilidad de actuar corresponde a quien tiene atribuida la competencia. Es decir, a usted", concluye Dávila, quien asegura que la Comunidad de Madrid "no va a permanecer impasible" y "llegará hasta el final" para exigir el cumplimiento de la ley y una respuesta "efectiva, humana e imprescindible".

 

En este sentido, Dávila ha insistido, en declaraciones a los medios, que respecto al reparto de menores de Ceuta lo único que saben "por los medios de comunicación" es que "hay una parte del Gobierno (el Ministerio de Infancia) que pretende repartir los menores en la península".

 

"Para lo único que ha servido ha sido para repartir a menores como paquetes por la península de forma forzosa, incluso en contra de su propia voluntad", ha sostenido.

 

Al hilo, ha señalado que, como también apoya el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, lo que exigen desde la Comunidad de Madrid es que "se retorne con sus familias a todos los menores que han entrado a Ceuta de forma irregular".