El pasado 1 de septiembre se publicó el listado provisional de solicitantes admitidos para la captura de las distintas especies permitidas. Los permisos habilitarán a los profesionales para realizar esta práctica en los espacios cinegéticos gestionados por el Ejecutivo autonómico, ha informado el Gobierno regional en un comunicado.
Los sorteos de la Comunidad de Madrid constituyen la principal vía de acceso de los cazadores tanto de la región como de otras, para cazar en los terrenos cinegéticos públicos a precios asequibles e incluso gratuitos, como en el caso de los puestos en pasos de paloma y batidas de jabalí.
Comprenden tres modalidades diferentes: habrá 2.040 jornadas de caza de palomas migratorias desde puesto fijo en los pasos tradicionales, 366 puestos para batidas de jabalí, y el rececho de 23 ejemplares de macho y 49 de hembra de cabra montés. Esta última ha sido una de las modalidades más demandadas (con 4.005 solicitudes), para su desarrollo exclusivamente en la Reserva Nacional de Caza de Sonsaz.
Una vez resueltas las alegaciones y publicados los listados definitivos, el próximo 14 de septiembre se celebrará el sorteo público, con aforo limitado, en la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior. Las personas que deseen asistir deben solicitar cita previa en el correo cazaypesca@madrid.org.
EQUILIBRIO POBLACIONAL
El pasado junio, la Asamblea de la Comunidad de Madrid aprobó una nueva Ley de Caza y Pesca. Se trata de una norma que quería reconocer el valor ecosistémico de estas actividades en la región, además de su capacidad para luchar contra la despoblación rural, garantizar el equilibrio medioambiental y facilitar la gestión de la biodiversidad.
Con ella, aseguran desde el Gobierno autonómico, se ha dado mayor seguridad jurídica del sector y se han creado Planes de Control Poblacional, para que los ayuntamientos puedan gestionar especies sobreabundantes como el jabalí o el conejo fuera de los periodos ordinarios de captura.
Por otra parte, esta normativa quiere impulsar la modernización del sector, mediante la implantación de licencias digitales y procedimientos administrativos electrónicos, así como actualizar el régimen sancionador.
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