Vox insta al PP a debatir en el Congreso el posible delito de traición de Sánchez

 

Desde Vox sostienen que la entrada masiva de inmigrantes de finales de julio, además de una "invasión", fue un "acto de guerra" perpetrado por Marruecos y que en los días previos "había mucha información" que anticipaba que iba a ocurrir, e incluso el CNI trasladó un aviso pero "no se hizo nada al respecto". De hecho, subrayan que, mientras que Marruecos tenía preparados dos destructores en la costa, España sólo contaba esos días con una patrullera de la Guardia Civil.

 

Por eso, ven justificado acusar al Gobierno de un delito de traición o contra la seguridad del Estado, lo que implica un mecanismo especial regulado en el artículo 102.2 de la Constitución. Eso sí, Vox no puede hacerlo solo, ya que se requiere la firma de la cuarta parte del Congreso (88 diputados) y ser aprobado por mayoría absoluta en una votación secreta por papeleta en urna.

 

LA OFERTA ESTÁ LANZADA

 

Por tanto, los de Santiago Abascal necesitan la participación del PP, al menos para registrar la petición y abrir el debate en el Pleno del Congreso. No ha habido contactos, no se prevén, pero Vox seguirá insistiendo con llamamientos públicos: "La oferta está lanzada", proclaman, convencidos de que cada día que pase se irán conociendo hechos que confirmen la acusación y que el que no se sume tendrá que responder políticamente frente a sus electores.

 

En concreto, mencionan los artículos 589 y 592 del Código Penal. En el primero se castiga con penas de uno a tres años de prisión "a quien publique o ejecute en España órdenes, disposiciones o documentos de un gobierno extranjero que atenten contra la independencia o seguridad del Estado, se opongan a sus leyes o provoquen su incumplimiento", y el otro habla de prisión de cuatro a ocho años "a quien mantenga relaciones o inteligencia con potencias o entidades extranjeras para perjudicar la autoridad o los intereses vitales del Estado".

 

La acusación podría ser contra el presidente Pedro Sánchez o contra los ministros con competencias en la materia (Interior, Defensa y Exteriores), aunque se podría lanzar contra todo el Consejo de Ministros, ya que la responsabilidad es colegiada.

 

La apuesta por imputar al Gobierno delitos de traición o contra la seguridad del Estado no frena el resto de acciones judiciales que Vox viene llevando a cabo tanto en el Juzgado de Ceuta y en la Audiencia Nacional, que podrían derivar en otras acusaciones por omisión del deber de socorro o responsabilidades penales en la muerte de los que intentaron llegar a territorio español sin éxito.

 

UNO POR UNO

 

En cuanto a los menores inmigrantes, Vox insiste en que su único destino debe ser la repatriación con sus familias, y eso supone no moverlos de Ceuta y rechazar su distribución en la Península, ya que así se dificultaría aún más la devolución.

 

"Hay que poner todos los medios para devolverlos", insisten en un claro mensaje al PP, que gobierna buena parte de las comunidades autónomas, algunas en coalición con Vox.

 

Su receta, según la carta que publicaron los consejeros de Vox, es exigir expedientes individualizados, recurrir cualquier decisión que no sea la devolución a Marruecos, y rechazar cualquier movimiento de menores hasta que no se tramiten todos los casos. Todo ello, sin incumplir la legislación.