En una providencia, la magistrada solicita a la Jefatura de Información del Instituto Armado que informe del "dispositivo desarrollado por los distintos efectivos de Guardia Civil desplegados en el territorio, particularmente en lo relativo a las operaciones de rescate de las personas que se hayan localizado en las aguas territoriales españolas", así como sus circunstancias personales "conocidas".
En el caso de las personas fallecidas, la magistrada quiere saber si consta "la causa y la data de la muerte", mientras que en lo relativo a los "supervivientes", reclama conocer "su identidad y datos de localización" que los agentes hayan podido recabar.
Esta semana, Tardón pidió un informe a la Comisaría General de Extranjería y Fronteras (UCRIF) de la Policía Nacional para saber si la entrada de personas procedentes Marruecos a Ceuta fue "una acción concertada" e impulsada por "un grupo criminal".
La magistrada acordó abrir diligencias previas tras una denuncia penal interpuesta por la organización Iustitia Europa contra funcionarios, "integrantes de organizaciones criminales" y autoridades españolas y extranjeras "que pudieran ser identificadas".
DELITOS CONTRA LA NACIÓN
Iustitia Europa presentó la denuncia por delitos contra la Seguridad del Estado, contra la Nación, por favorecimiento de la inmigración ilegal y el tráfico de personas, organización criminal y omisión del deber de perseguir delitos.
La jueza todavía tiene que resolver la competencia penal de la Audiencia Nacional sobre los hechos denunciados, una cuestión sobre la que preguntó a la Fiscalía.
Unas 72.000 personas, de las que 70.000 ya han regresado, entraron masivamente el pasado jueves a Ceuta a través del espigón del Tarajal, en la frontera con Marruecos, una acción que le ha costado la vida a al menos 75 personas, según datos del Gobierno.
25 PROCESADOS
Por otra parte, la Fiscalía de Tetuán ha procesado a 25 personas por delitos relacionados con la organización de cruces irregulares o el transporte de pasajeros sin licencia en el marco de la entrada el pasado jueves de cientos de miles de migrantes desde Marruecos hacia la ciudad autónoma de Ceuta.
Entre los cargos también se encuentran exceder el número de pasajeros permitidos; permanencia ilegal en el país tras la expiración de un visado; insultos y agresiones contra miembros de las fuerzas de seguridad; desobediencia, así como destrucción deliberada de bienes e instalaciones públicos, según recogió esta semana el portal Hespress.
El Gobierno de Marruecos negó el lunes haber actuado bajo "presiones ni chantaje" cuando el pasado jueves cruzaron decenas de miles de personas hacia Ceuta y manifestó su "decepción" ante las reacciones de algunos responsables políticos europeos, a quienes acusó de tratar de "instrumentalizar" la crisis migratoria para sus intereses electorales.
Aludiendo a los últimos acontecimientos en Ceuta, fuentes diplomáticas marroquíes negaron tajantemente que se haya producido una "relajación" por parte de las autoridades de las políticas migratorias, mientras que aseguraron que "quien intente atravesar" la frontera de forma irregular "sabe que será devuelto y que Marruecos aceptará su retorno", un "compromiso" que Rabat mantiene desde hace "años".
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