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Lunes, 27 de Julio de 2026
Lo pospone hasta septiembre
El Gobierno no logra apoyos para aprobar el decreto de vivienda
El Gobierno ha acordado retrasar la aprobación del real decreto de vivienda al mes de septiembre ante la falta de acuerdo con las fuerzas parlamentarias, según han informado en fuentes del Ministerio que lidera Isabel Rodríguez.
![[Img #170812]](https://madridpress.com/upload/images/07_2026/6115_vivienda.jpg)
De esta forma, dicho real decreto no irá al Consejo de Ministros de este martes y se aprobará tras el verano.
Tras semanas intensas de negociación, el Ministerio de Vivienda se reafirma en la posibilidad de un acuerdo "amplio y transversal" para sacar adelante un "ambicioso" paquete de medidas que de estabilidad a quien vive de alquiler e impulse la oferta de vivienda asequible.
"La responsabilidad y generosidad de todos los grupos ha hecho que el acuerdo esté más cerca que en cualquier otro momento de la legislatura. No obstante, se ha constatado que la premura en el calendario puede ser un obstáculo para el acuerdo, dada la complejidad del texto", han explicado las mismas fuentes.
Por este motivo, el Ejecutivo ha decidido dar unas semanas más de margen a la negociación y priorizar en el último Consejo de Ministros del curso político la lucha contra los incendios consecuencia de la emergencia climática.
El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha subrayado que hará todo lo que esté en su mano para lograr el mejor acuerdo posible para garantizar el derecho a la vivienda de toda la ciudadanía.
PODEMOS LO CALIFICA DE "AUTÉNTICA TEMERIDAD"
El portavoz de Podemos, Pablo Fernández, ha recalcado por su parte que el decreto ley en materia de vivienda que el Gobierno envió a los grupos la semana pasada y cuya aprobación ha retrasado a septiembre era "una auténtica temeridad" y suponía una "amnistía urbanística para los grandes pelotazos".
En una rueda de prensa en la sede del partido, Fernández ha vuelto a denunciar que el Gobierno pretendía "colar por la puerta de atrás" una reforma de la Ley del Suelo con una norma que, a su juicio, implicaba "tomar como rehenes a los inquilinos y a los millones de personas que a día de hoy no pueden ni comprar una casa ni alquilar una vivienda".
Fernández ha recordado que Podemos, junto con otros grupos de izquierda, ya impidió la aprobación en el Congreso esa reforma de la Ley del Suelo que ahora "el Gobierno quiere colar por decreto en pleno verano, cuando cree que nadie está mirando".
Ese texto, ha protestado, permitiría "legalizar proyectos urbanísticos ilegales con carácter retroactivo, así como reducir los controles sobre los proyectos futuros" y limitaría de forma importante la capacidad de entidades de la sociedad civil de denunciar irregularidades urbanísticas.
Así, ha destacado que esa reforma eliminaría el derecho de un antiguo propietario a recuperar un terreno expropiado por interés público si no se utiliza para ese fin. "Se trata, por tanto, de una reforma hecha a la medida de los intereses del BBVA, de la constructora San José o de Merlin Properties en la Operación Chamartín", ha indicado, resaltando que cuenta con el beneplácito de la Confederación Nacional de la Construcción y el rechazo de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH).
"Yo creo que no hace falta hacer un croquis para que todo el mundo le quede muy claro a quién responde estos intereses de la reforma que quiere perpetrar el Gobierno. Por todo ello, la posición de Podemos es muy clara. Esta reforma para nosotros es línea roja", ha insistido Fernández, poco antes de que el Gobierno anunciara que finalmente no aprobará el decreto ley este martes, sino que, por la falta de acuerdo para su posterior convalidación, ha optado por dejar el trámite para septiembre.
De esta forma, dicho real decreto no irá al Consejo de Ministros de este martes y se aprobará tras el verano.
Tras semanas intensas de negociación, el Ministerio de Vivienda se reafirma en la posibilidad de un acuerdo "amplio y transversal" para sacar adelante un "ambicioso" paquete de medidas que de estabilidad a quien vive de alquiler e impulse la oferta de vivienda asequible.
"La responsabilidad y generosidad de todos los grupos ha hecho que el acuerdo esté más cerca que en cualquier otro momento de la legislatura. No obstante, se ha constatado que la premura en el calendario puede ser un obstáculo para el acuerdo, dada la complejidad del texto", han explicado las mismas fuentes.
Por este motivo, el Ejecutivo ha decidido dar unas semanas más de margen a la negociación y priorizar en el último Consejo de Ministros del curso político la lucha contra los incendios consecuencia de la emergencia climática.
El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha subrayado que hará todo lo que esté en su mano para lograr el mejor acuerdo posible para garantizar el derecho a la vivienda de toda la ciudadanía.
PODEMOS LO CALIFICA DE "AUTÉNTICA TEMERIDAD"
El portavoz de Podemos, Pablo Fernández, ha recalcado por su parte que el decreto ley en materia de vivienda que el Gobierno envió a los grupos la semana pasada y cuya aprobación ha retrasado a septiembre era "una auténtica temeridad" y suponía una "amnistía urbanística para los grandes pelotazos".
En una rueda de prensa en la sede del partido, Fernández ha vuelto a denunciar que el Gobierno pretendía "colar por la puerta de atrás" una reforma de la Ley del Suelo con una norma que, a su juicio, implicaba "tomar como rehenes a los inquilinos y a los millones de personas que a día de hoy no pueden ni comprar una casa ni alquilar una vivienda".
Fernández ha recordado que Podemos, junto con otros grupos de izquierda, ya impidió la aprobación en el Congreso esa reforma de la Ley del Suelo que ahora "el Gobierno quiere colar por decreto en pleno verano, cuando cree que nadie está mirando".
Ese texto, ha protestado, permitiría "legalizar proyectos urbanísticos ilegales con carácter retroactivo, así como reducir los controles sobre los proyectos futuros" y limitaría de forma importante la capacidad de entidades de la sociedad civil de denunciar irregularidades urbanísticas.
Así, ha destacado que esa reforma eliminaría el derecho de un antiguo propietario a recuperar un terreno expropiado por interés público si no se utiliza para ese fin. "Se trata, por tanto, de una reforma hecha a la medida de los intereses del BBVA, de la constructora San José o de Merlin Properties en la Operación Chamartín", ha indicado, resaltando que cuenta con el beneplácito de la Confederación Nacional de la Construcción y el rechazo de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH).
"Yo creo que no hace falta hacer un croquis para que todo el mundo le quede muy claro a quién responde estos intereses de la reforma que quiere perpetrar el Gobierno. Por todo ello, la posición de Podemos es muy clara. Esta reforma para nosotros es línea roja", ha insistido Fernández, poco antes de que el Gobierno anunciara que finalmente no aprobará el decreto ley este martes, sino que, por la falta de acuerdo para su posterior convalidación, ha optado por dejar el trámite para septiembre.
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