Mediante dos escritos, el expresidente hace ese movimiento después de que la Agencia Tributaria comunicara al juez que abrió una investigación sobre las obligaciones tributarias de ambos y de sus hijas entre 2021 y 2024.
Por un lado, Zapatero solicita al juez instructor que "ordene la paralización de la tramitación de las actuaciones de comprobación e investigación inspectora abiertos por la Agencia Tributaria".
Y por otro, pide al organismo dependiente del Ministerio de Hacienda que declare "la nulidad de las comunicaciones de inicio de actuaciones inspectoras, o al menos de sus requerimientos de documentación y consentimiento bancario", incidiendo en que suspenda "de oficio", "sin esperar a que el juez penal tome esa decisión".
El expresidente formula su solicitud de suspensión por "prejudicialidad penal" frente a la comunicación de inicio de actuaciones inspectoras y también frente al requerimiento tanto de aportación documental como de consentimiento para el acceso a movimientos bancarios.
A su entender, el organismo decidió "unilateral y caprichosamente iniciar un procedimiento inspector con el mismo alcance" que la pieza judicial sobre las joyas, "algo constitucionalmente vedado, toda vez que el orden penal es preferente a cualquier orden jurisdiccional".
"La AEAT es plenamente consciente de que ha iniciado un procedimiento inspector que es de todo punto improcedente, ya que ella misma sabe que procede suspender inmediatamente el mismo hasta tanto se resuelva el asunto por la jurisdicción penal", sostiene.
CONTRA SU DERECHO DE DEFENSA
A través de su defensa, Zapatero señala que comenzar un procedimiento inspector una vez está iniciado un procedimiento penal por los mismos hechos "afecta directamente al derecho de defensa y al derecho a la no autoincriminación".
Y apostilla que continuar la inspección en esos términos "coloca al obligado tributario en una alternativa constitucionalmente diabólica, pues colaborar activamente con las AEAT puede ser utilizado en su contra en el proceso penal o, en el caso contrario, exponerse a reproches administrativos por resistencia, obstrucción, excusa o negativa".
En la comunicación remitida al juez, la Agencia Tributaria indicó que ante la "posible relación de los hechos que están siendo objeto de comprobaciones administrativas con actuaciones judiciales en el ámbito penal", se considera que "concurren circunstancias de prejudicialidad penal" que, a la postre, "permitirían suspender los procedimientos inspectores de comprobación e investigación seguidos cerca de los obligados tributarios" de Zapatero, su esposa y sus dos hijas, así como de empresas que poseen.
"No obstante, dicha suspensión de los procedimientos inspectores por prejudicialidad penal sólo será posible en caso de recibir la comunicación del órgano jurisdiccional en el que se ordenara la paralización de los procedimientos inspectores", señaló la AEAT, subrayando que la paralización mencionada "interrumpe los plazos de prescripción del derecho de la Administración para determinar la deuda tributaria mediante la oportuna liquidación".
La Audiencia Nacional investiga a Zapatero como presunto líder de una red de tráfico de influencias a nivel nacional e internacional, así como por presuntos delitos fiscal y de contrabando por las joyas halladas por la Policía Nacional durante el registro de su despacho y cuya tasación preliminar se fijó en 1,3 millones de euros.
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