En rueda de prensa en la sede de UGT Madrid, responsables del sindicato, de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) y de la Asociación de Inquilinos y Personas Afectadas por el Plan Vive han expuesto las dificultades e incidencias en inmuebles y la falta de atención que sufren.
Una problemática que hizo que en febrero de este año se constituyera la citada asociación, con un "crecimiento exponencial" que desde entonces ha pasado de 20 a 200 viviendas afectadas, con representación de una decena de promociones de ocho localidades distintas, reflejo de una situación que afecta no de manera individual a los inquilinos sino que se replica en el Plan Vive.
Este plan es una de las apuestas del Gobierno regional para aumentar la oferta de vivienda en la región, con un modelo de colaboración público privada en el que la Administración pone suelo público a disposición de empresas privadas. Gracias al mismo, se ofertan pisos con precios entre un 30% y un 40% por debajo del coste de mercado.
DENUNCIAN MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES
En un estudio realizado recientemente en base a estas 10 promociones se ha reflejado "más de 130" tipos de incidencias, con "calidad ínfima" de los materiales constructivos y problemáticas que van desde pequeñas averías como fallos en grifería y aerotermia, con frío en invierno y calor en verano, hasta problemas de insalubridad relacionados con plagas de ratas e insectos en promociones sin perimetrar, según han expuesto en la rueda de prensa.
"El principal problema que hemos tenido es la falta de comunicación con la gestora, porque tenemos incidencias desde muy pequeñas, como puede ser que se nos rompe un grifo de agua y está saliendo agua y no teníamos un teléfono de urgencias, hasta los problemas mucho más graves que han sido por inseguridad en el caso de la insalubridad por la plaga de ratas que hemos tenido, que están en casi todas las promociones a las que hemos asistido", ha explicado Sergio Montero, presidente de la Asociación de Inquilinos del Plan Vive.
Enfermero de 47 años, Montero es inquilino de una vivienda de tres habitaciones del Plan Vive de Valdebebas, por la que supuestamente iba a pagar 900 euros pero por la que está abonando unos 1.500 euros mensuales. "Los pagos mensuales son lo que más nos afecta. Evidentemente cuando te tocan el bolsillo es lo peor de todo. Yo puedo vivir con insectos en el jardín, pero tengo que vivir con dinero en la cuenta", ha expuesto.
"Cuando estamos hablando que el esfuerzo familiar supera el 50% y el 60% en algunos casos, estamos hablando que si de un módulo que debíamos estar pagando 900 euros, estamos pagando 1.500 o 1.700 euros. Hay un sobrecoste añadido desde la empresa privada que es su beneficio. Ese beneficio no redunda en los inquilinos y estamos pagando esa empresa privada", ha censurado.
Se ha referido así al pago, por ejemplo, de plazas de aparcamiento "a familias que ni siquiera tienen coche" y que están "un 20 y un 40% por encima del precio mercado" o a un trastero por 80 euros cuando en la zona no superan los 40 euros, a lo que se suman impuestos como el IBI o la tasa de basuras.
Además, ha explicado, en su caso pagan 200 euros en concepto de comunidad pero no se revierte en mejorar las zonas comunes. "No hay día, no ha habido día en que no haya habido incidencias individuales o colectivas en las viviendas. La última, la puerta de garaje, abierta durante dos semanas porque no han venido a repararla. Y ellos nos decían que no podían hacer nada más porque la empresa no se personaba", ha lamentado.
LA COMUNIDAD, AUSENTE
En este sentido, ha censurado además que los inquilinos disponen de un plazo de 24-48 horas para firmar los contratos como adjudicatarios de la vivienda. "Firmamos cláusulas sobre las que dudábamos y ahora sabemos que son ilegales. Mientras, la Comunidad de Madrid está totalmente ausente", ha expuesto el portavoz, quien ha responsabilizado directamente a la presidenta regional de la gestión de este plan.
Pese a que los inquilinos denuncian estos problemas ante las gestoras de las promociones, no se hace nada para solventarlos. "Cuando ponemos una incidencia a través del canal que nos dice la gestora, un email porque no tenemos un teléfono al cual llamar, al día siguiente tenemos la incidencia cerrada, esté solucionada o no. Evidentemente, si no hay alguien que regule si la incidencia está cerrada, como debería ser la Comunidad de Madrid, ellos la cierran porque, según los pliegos, pueden tener sanciones administrativas, incluso perder la concesión por no haber solucionado las incidencias. Y las incidencias se cierran sin solucionarse", ha relatado Montero.
Los afectados consideran que la Administración regional, como responsable última del Plan Vive, debería tomar cartas en el asunto y han emplazado sin éxito a la Consejería de Vivienda que dirige Jorge Rodrigo a reunirse con ellos para buscar una solución.
"Se ha denegado porque están todas las competencias pasadas a las gestoras. Es verdad que nos hemos encontrado con técnicos de la Comunidad de Madrid, fortuitamente, en nuestros edificios, y se les ha puesto en conocimiento este tipo de cosas. Esos técnicos se echaban las manos a la cabeza, pero no dejaban de ser técnicos, no son parte política. Sin embargo en la parte institucional, está habiendo un abandono", ha lamentado Montero.
MESA DE DIÁLOGO
De esta forma, ha denunciado que los inquilinos del Plan Vive se sienten desprotegidos, tanto por parte de las gestoras como de la propia Administración, y ha llamado a poner en marcha de forma urgente una mesa de diálogo y negociación, así como una "transparencia" que a día de hoy es nula.
El Plan Vive, ha recordado, está impulsado por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso "para los madrileños" pero la Administración, ante cualquier problemática, les remite "directamente" a la gestora de turno, que a su vez se niega a dialogar "tanto individualmente como con la asociación". "Nosotros creemos que la única salida es la mesa de diálogo y negociación en la que estén representadas las partes implicadas: los inquilinos representados por la asociación, las gestoras y la Comunidad de Madrid", ha remarcado.
Una petición que ha sido respaldada desde la FRAVM. Según ha expuesto Quique Villalobos, responsable de Urbanismo, Vivienda y Medio Ambiente de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid, que ha enfatizado que "los inquilinos no han hecho una asociación porque se aburrían sino porque tienen problemas". "Es inadmisible que las gestoras y la Comunidad de Madrid no reconozcan la legitimidad activa para la defensa de sus derechos y no haya accedido a sentarse con ellos", ha censurado.
También se ha sumado a este respaldo vecinal el sindicato UGT Madrid. Esther Chaves Alonso, secretaria de Igualdad y Vivienda, ha remarcado que en el Plan Vive es "imprescindible" una "supervisión pública y efectiva" por parte del Gobierno regional y una "respuesta ágil cuando aparecen los problemas".
"Las viviendas están construidas en suelo público, con dinero público y nadie se está haciendo cargo de nada. Las gestoras solo se centran en embolsarse el dinero y están tratando a las personas como activos económicos. La Comunidad de Madrid debería hacerse responsable porque ha cedido esa gestión. Se está ofreciendo una mesa de diálogo y mediación para resolver esta situación y nadie contesta", ha zanjado.
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