Para ello, se va a realizar hasta final de año controles del proceso completo de uso desde la fabricación o importación, hasta la recogida y tratamiento final como residuo, han informado desde el Gobierno regional en un comunicado.
La utilización de estos medios de transporte ha crecido en los últimos años, sobre todo en las grandes ciudades. Este tipo de movilidad ayuda a descongestionar el tráfico, ofrece alternativas más limpias al vehículo privado y facilita los desplazamientos cortos, pero también trae consigo nuevos retos, especialmente medioambientales.
Diversas normativas europeas y nacionales establecen cómo poner estos productos en el mercado y gestionar los residuos generados tras su uso. Asimismo, fijan las responsabilidades de los productores y la correcta gestión de pilas, acumuladores y baterías. El Ejecutivo autonómico quiere garantizar su cumplimiento, contribuyendo a evitar incendios o que se liberen sustancias contaminantes al entorno, para reducir el impacto ambiental, según ha señalado.
En una primera fase se llevarán a cabo 30 inspecciones realizadas por expertos de la consejería dirigidas, entre otros, a fabricantes, importadores, talleres de reparación y empresas con flotas de este tipo de vehículos, especialmente aquellas que cuentan con servicios propios de mantenimiento.
Estas primeras acciones servirán como experiencia piloto para definir y perfeccionar las futuras campañas que formarán parte del Plan de Inspección Medioambiental 2027- 2031, que actualmente está en proceso de elaboración. Este control se enmarca en el Plan de Gestión de Pilas y Acumuladores, integrado en la Estrategia de Economía Circular de la Comunidad de Madrid (2025-2032). Es uno de los compromisos del Ejecutivo autonómico, cuyos profesionales supervisan del mismo modo el equipamiento eléctrico y electrónico, realizando anualmente más de 850 inspecciones.
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