"Nunca lo hemos puesto en tela de juicio, tienen derecho a ser nacionales, otra cosa es que este procedimiento se esté haciendo sin las garantías jurídicas necesarias", ha señalado durante una entrevista en 'Espejo Público' de Antena 3.
Ante las acusaciones de estar utilizando métodos "trumpistas" al hablar de "pucherazo" en torno a las futuras elecciones, Sémper ha negado tal posicionamiento por parte de su partido y lo tilda de "bulo".
Asimismo, el portavoz ha sido crítico cuestionando qué tipo de oposición serían si miraran "para otro lado" y ha reclamado que Albares comparezca en el Congreso y explique por qué hay 350.000 peticiones de nacionalidad en Cuba si está acreditado que llegaron 5.000 exiliados tras la Guerra Civil.
IMPACTO EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS
En cuanto al proceso de regularización de inmigrantes realizado por el Gobierno y que acaba de concluir, ha criticado la falta de información y la "frivolidad" del Ejecutivo en la gestión y, en este contexto, ha recordado los datos aportados por un sindicato policial que cifra en 400.000 las solicitudes de personas que no vivían en España hasta este momento.
Con esta premisa, Sémper ha destacado el riesgo ante el "impacto" que la nacionalización progresiva de descendientes y la regularización de inmigrantes puede generar en los servicios públicos y exige al gobierno "rigor y seriedad" en su tarea de administración pública ante las consecuencias hipotéticas que esto puede causar.
GAMARRA CUESTIONA EL PROCESO LEGISLATIVO DE LA 'LEY DE NIETOS'
Por su parte, la secretaria del PP, Cuca Gamarra, ha recordado en una entrevista en 'La mirada crítica' de Tele 5, que "por parte de una directora general, única y exclusivamente por parte de una directora general de un Ministerio (Justicia)" se hizo un "desarrollo legislativo en el que se va más allá" de lo que dice la Ley de Memoria Democrática que se aprobó en el Parlamento.
Por este motivo, la dirigente 'popular' ha pedido explicaciones al Gobierno sobre esta instrucción que, ha recalcado, se excede del texto aprobado por el Congreso y ha reclamado que "se aplique lo que dice la ley ni más ni menos".
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