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Jueves, 02 de Julio de 2026
Les cita el 16 de julio
El juez imputa a la directora de la Guardia Civil y al director operativo en el 'caso cloacas'
Pedraz ve indicios de presuntos delitos de prevaricación y obstrucción a la justicia
El juez de la Audiencia Nacional que instruye el 'caso Leire Díez', Santiago Pedraz, ha acordado citar como investigados el próximo 16 de julio a la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y al director adjunto operativo (DAO) del Instituto Armado, Manuel Llamas.
![[Img #170339]](https://madridpress.com/upload/images/07_2026/2358_gc.jpg)
Así se desprende de una providencia, en la que Pedraz concluye que existen indicios de presuntos delitos de prevaricación y obstrucción a la justicia por parte de estos dos altos cargos de la Benemérita.
Tanto la Fiscalía Anticorrupción como las acusaciones populares lideradas por el PP habían solicitado la imputación de González y Llamas. A quien no imputa el magistrado es al anterior director general de la Guardia Civil, Leonardo Marcos, pedido solo por los 'populares', al considerar que no existen indicios en su contra.
De esta forma, tanto González como Llamas engrosan la lista de imputados en la investigación sobre la presunta trama para desbaratar causas judiciales que afectan al Gobierno y al PSOE, que habría liderado el exdirigente socialista Santos Cerdán y coordinado la exmilitante Leire Díez.
DÍEZ SE VALIÓ DE SU RELACIÓN CON LA DIRECTORA, SEGÚN LA UCO
Así, los ahora imputados han sido citados a declarar el próximo 16 de julio. La directora general de la Guardia Civil aseguró el pasado mayo en el Senado que "nunca, jamás" ha interferido en ninguna investigación de la Unidad Central Operativa (UCO), ni tampoco presionado a ningún agente ni participado en ninguna trama para anular causas judiciales.
González reconoció en su comparecencia ante la Comisión de Interior dos encuentros con Díez, si bien la UCO apuntó en un informe a la existencia de al menos tres reuniones entre ambas.
A este respecto, indicaron que hay constancia de varios encuentros presenciales entre ellas "los días 30.09.2024, 20.12.2024 y 02.04.2025".
Los agentes señalaron que Leire Díez se vio con la directora del instituto armado para que "iniciara actuaciones administrativas" contra los propios investigadores.
"Valiéndose de la relación que mantenía con la directora general de la Guardia Civil y a través de esta, en un momento dado y en el marco de las actuaciones que venía desarrollando, Leire Díez marcó como uno de sus objetivos el llevar a cabo 'investigaciones internas' en el seno de la Guardia Civil dirigidas contra la Unidad Central Operativa", indicaron los investigadores.
Para la unidad, "se ha apreciado cómo Leire pone en marcha una serie de actuaciones, en las que, mediando entrevistas personales con la directora general de la Guardia Civil, habría conseguido instigar a que esta última iniciara actuaciones administrativas contra la UCO".
PIDEN SU DIMISIÓN
La Unión de Oficiales (UO) y la Asociación Escala de Suboficiales de la Guardia Civil (ASESGC) han pedido la dimisión de la directora general del Instituto Armado, Mercedes González, y del director adjunto operativo (DAO), teniente general Manuel Llamas, al entender que la propia Ley de Régimen de Personal que aplican a sus subordinados les impide mantenerse en el cargo tras su imputación en el 'caso Leire Díez' que investiga la Audiencia Nacional.
"Sin perjuicio de la presunción de inocencia, que respetamos, es incompatible la imputación judicial por cualquier delito con la permanencia en el cargo de directora general de la Guardia Civil y del Director Adjunto Operativo", aseguran en un comunicado remitido a Europa Press.
En concreto, citan el artículo 92 de la Ley de Régimen del Personal de la Guardia Civil porque establece que el procesamiento, inculpación o investigación por un delito puede derivar en una suspensión, "y así le ocurre a todos los guardias civiles que son imputados incluso por actuaciones en acto de servicio".
Además, a quienes están incursos en una causa penal o expediente disciplinario, el artículo 66 de dicha ley permite que se les aparte de los procesos de ascenso, según recuerdan en el comunicado que también firma la Asociación Profesional de Cabos.
Las organizaciones han expresado su "profunda consternación" por la imagen en la que se está viendo inmersa la Guardia Civil y, además, "la pérdida de prestigio y confianza que puede generar en la ciudadanía". Otras asociaciones como AUGC y Jucil también han reaccionado a la imputación pidiendo la dimisión de la directora y el DAO.
"No son pocos los miembros de la Guardia Civil, que han sido apartados de sus funciones o son suspendidos sus procesos de ascenso o de condecoraciones por estas autoridades al estar incursos en procedimientos penales o disciplinarios, pese a no existir sentencia condenatoria", han continuado.
En este sentido, han indicado que los que aplican esos criterios a sus subordinados no pueden ser "inmunes" cuando les afecta a ellos. "Dada la gravedad de los hechos, y sin perjuicio del respeto a la presunción de inocencia, tanto la directora general como el DAO deberían presentar su dimisión o ser apartados, en coherencia con los mismos principios y criterios que estas autoridades vienen aplicando a los guardias civiles bajo su mando", han concluido.
MARLASKA MANTIENE SU CONFIANZA EN GONZÁLEZ Y EL DAO
Por su parte, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha mostrado su confianza en la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y el director adjunto operativo (DAO), Manuel Llamas, tras la imputación de ambos en el 'caso Leire Díez'.
"Seguirán ejerciendo sus funciones como hasta ahora y mostrando la máxima colaboración con la Justicia en todo lo que se les requiera", ha señalado el Ministerio del Interior tras conocer la imputación en la causa de la Audiencia Nacional que instruye el juez Santiago Pedraz.
Mercedes González fue nombrada en septiembre de 2024 por segunda vez directora de la Guardia Civil, tras un breve paso de dos meses en el cargo, interrumpido por su inclusión en las listas del PSOE en las elecciones generales del 23 de julio de 2023.
Tras el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) que desveló al menos tres encuentros con Leire Díez, la propia Mercedes González reconoció que se vio en dos ocasiones con la llamada 'fontanera del PSOE', aunque "nunca, jamás" para tratar nada relacionado con una trama para perjudicar a la propia UCO, ni tampoco a jueces y fiscales.
Tanto Mercedes González como el propio ministro del Interior han rechazado que hayan mentido o cambiado de versión sobre estos encuentros y se han desvinculado de la trama de Leire Díez, que sitúan "fuera" del Ministerio.
No obstante, han reconocido que la exmilitante socialista pidió en abril a la directora que rehabilitara al comandante Rubén Villalba, detenido en el 'caso Koldo', y con el que se había reunido para presuntamente buscar información contra la UCO. La pretensión fue rechazada por González, que acto seguido informó a Marlaska.
Además, tanto el ministro como Mercedes González han dudado de la versión que recoge los informes de la UCO sobre que fueron presionados por sus superiores para ponerse de perfil y no ser proactivos en las investigaciones que afectaban al hermano y a la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Precisamente, el propio Pedro Sánchez respaldó a la directora de la Guardia Civil tras conocer el informe de la UCO que apuntaba a que Leire Díez pudo influir en Mercedes González en su propósito de obstruir investigaciones judiciales y abrir informaciones reservadas a los agentes por posibles filtraciones.
En concreto, el jefe del Ejecutivo negó haber tenido información o conocimiento sobre las "andanzas" de la exmilitante socialista Leire Díez y aseguró que nunca lo habría tolerado. Además, mostró su apoyo a Mercedes González, destacando que está haciendo un trabajo "muy positivo" dentro de la institución.
Así se desprende de una providencia, en la que Pedraz concluye que existen indicios de presuntos delitos de prevaricación y obstrucción a la justicia por parte de estos dos altos cargos de la Benemérita.
Tanto la Fiscalía Anticorrupción como las acusaciones populares lideradas por el PP habían solicitado la imputación de González y Llamas. A quien no imputa el magistrado es al anterior director general de la Guardia Civil, Leonardo Marcos, pedido solo por los 'populares', al considerar que no existen indicios en su contra.
De esta forma, tanto González como Llamas engrosan la lista de imputados en la investigación sobre la presunta trama para desbaratar causas judiciales que afectan al Gobierno y al PSOE, que habría liderado el exdirigente socialista Santos Cerdán y coordinado la exmilitante Leire Díez.
DÍEZ SE VALIÓ DE SU RELACIÓN CON LA DIRECTORA, SEGÚN LA UCO
Así, los ahora imputados han sido citados a declarar el próximo 16 de julio. La directora general de la Guardia Civil aseguró el pasado mayo en el Senado que "nunca, jamás" ha interferido en ninguna investigación de la Unidad Central Operativa (UCO), ni tampoco presionado a ningún agente ni participado en ninguna trama para anular causas judiciales.
González reconoció en su comparecencia ante la Comisión de Interior dos encuentros con Díez, si bien la UCO apuntó en un informe a la existencia de al menos tres reuniones entre ambas.
A este respecto, indicaron que hay constancia de varios encuentros presenciales entre ellas "los días 30.09.2024, 20.12.2024 y 02.04.2025".
Los agentes señalaron que Leire Díez se vio con la directora del instituto armado para que "iniciara actuaciones administrativas" contra los propios investigadores.
"Valiéndose de la relación que mantenía con la directora general de la Guardia Civil y a través de esta, en un momento dado y en el marco de las actuaciones que venía desarrollando, Leire Díez marcó como uno de sus objetivos el llevar a cabo 'investigaciones internas' en el seno de la Guardia Civil dirigidas contra la Unidad Central Operativa", indicaron los investigadores.
Para la unidad, "se ha apreciado cómo Leire pone en marcha una serie de actuaciones, en las que, mediando entrevistas personales con la directora general de la Guardia Civil, habría conseguido instigar a que esta última iniciara actuaciones administrativas contra la UCO".
PIDEN SU DIMISIÓN
La Unión de Oficiales (UO) y la Asociación Escala de Suboficiales de la Guardia Civil (ASESGC) han pedido la dimisión de la directora general del Instituto Armado, Mercedes González, y del director adjunto operativo (DAO), teniente general Manuel Llamas, al entender que la propia Ley de Régimen de Personal que aplican a sus subordinados les impide mantenerse en el cargo tras su imputación en el 'caso Leire Díez' que investiga la Audiencia Nacional.
"Sin perjuicio de la presunción de inocencia, que respetamos, es incompatible la imputación judicial por cualquier delito con la permanencia en el cargo de directora general de la Guardia Civil y del Director Adjunto Operativo", aseguran en un comunicado remitido a Europa Press.
En concreto, citan el artículo 92 de la Ley de Régimen del Personal de la Guardia Civil porque establece que el procesamiento, inculpación o investigación por un delito puede derivar en una suspensión, "y así le ocurre a todos los guardias civiles que son imputados incluso por actuaciones en acto de servicio".
Además, a quienes están incursos en una causa penal o expediente disciplinario, el artículo 66 de dicha ley permite que se les aparte de los procesos de ascenso, según recuerdan en el comunicado que también firma la Asociación Profesional de Cabos.
Las organizaciones han expresado su "profunda consternación" por la imagen en la que se está viendo inmersa la Guardia Civil y, además, "la pérdida de prestigio y confianza que puede generar en la ciudadanía". Otras asociaciones como AUGC y Jucil también han reaccionado a la imputación pidiendo la dimisión de la directora y el DAO.
"No son pocos los miembros de la Guardia Civil, que han sido apartados de sus funciones o son suspendidos sus procesos de ascenso o de condecoraciones por estas autoridades al estar incursos en procedimientos penales o disciplinarios, pese a no existir sentencia condenatoria", han continuado.
En este sentido, han indicado que los que aplican esos criterios a sus subordinados no pueden ser "inmunes" cuando les afecta a ellos. "Dada la gravedad de los hechos, y sin perjuicio del respeto a la presunción de inocencia, tanto la directora general como el DAO deberían presentar su dimisión o ser apartados, en coherencia con los mismos principios y criterios que estas autoridades vienen aplicando a los guardias civiles bajo su mando", han concluido.
MARLASKA MANTIENE SU CONFIANZA EN GONZÁLEZ Y EL DAO
Por su parte, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha mostrado su confianza en la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y el director adjunto operativo (DAO), Manuel Llamas, tras la imputación de ambos en el 'caso Leire Díez'.
"Seguirán ejerciendo sus funciones como hasta ahora y mostrando la máxima colaboración con la Justicia en todo lo que se les requiera", ha señalado el Ministerio del Interior tras conocer la imputación en la causa de la Audiencia Nacional que instruye el juez Santiago Pedraz.
Mercedes González fue nombrada en septiembre de 2024 por segunda vez directora de la Guardia Civil, tras un breve paso de dos meses en el cargo, interrumpido por su inclusión en las listas del PSOE en las elecciones generales del 23 de julio de 2023.
Tras el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) que desveló al menos tres encuentros con Leire Díez, la propia Mercedes González reconoció que se vio en dos ocasiones con la llamada 'fontanera del PSOE', aunque "nunca, jamás" para tratar nada relacionado con una trama para perjudicar a la propia UCO, ni tampoco a jueces y fiscales.
Tanto Mercedes González como el propio ministro del Interior han rechazado que hayan mentido o cambiado de versión sobre estos encuentros y se han desvinculado de la trama de Leire Díez, que sitúan "fuera" del Ministerio.
No obstante, han reconocido que la exmilitante socialista pidió en abril a la directora que rehabilitara al comandante Rubén Villalba, detenido en el 'caso Koldo', y con el que se había reunido para presuntamente buscar información contra la UCO. La pretensión fue rechazada por González, que acto seguido informó a Marlaska.
Además, tanto el ministro como Mercedes González han dudado de la versión que recoge los informes de la UCO sobre que fueron presionados por sus superiores para ponerse de perfil y no ser proactivos en las investigaciones que afectaban al hermano y a la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Precisamente, el propio Pedro Sánchez respaldó a la directora de la Guardia Civil tras conocer el informe de la UCO que apuntaba a que Leire Díez pudo influir en Mercedes González en su propósito de obstruir investigaciones judiciales y abrir informaciones reservadas a los agentes por posibles filtraciones.
En concreto, el jefe del Ejecutivo negó haber tenido información o conocimiento sobre las "andanzas" de la exmilitante socialista Leire Díez y aseguró que nunca lo habría tolerado. Además, mostró su apoyo a Mercedes González, destacando que está haciendo un trabajo "muy positivo" dentro de la institución.
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