A través de dos providencias, la Sala de lo Contencioso-Administrativo da un plazo de cinco días a las partes para que puedan expresar su parecer respecto a consultar al TJUE, tras recursos de la Comunidad Valenciana y Aragón.
"El régimen de regularización establecido en las mencionadas normas adicionales del real decreto suscita la duda de si podría entrar en colisión con las normas que implementan el PMAUE", el Pacto de Migración y Asilo.
Los magistrados señalan que el real decreto incorpora dos disposiciones adicionales que son las que contienen el proceso de regularización para la obtención de permisos de residencia para extranjeros en situación irregular en España y "no se trata, pues, de un reconocimiento individualizado de dicho permiso, sino de un régimen general a nivel normativo para todos aquellos ciudadanos de terceros países que se encontrasen en España en situación irregular, debiendo reunir determinadas condiciones, ahora irrelevantes".
"El régimen de regularización establecido en las mencionadas normas adicionales del real decreto suscita la duda de si podría entrar en colisión con las normas que implementan el PMAUE", el Pacto de Migración y Asilo aprobado en la Unión Europea en 2024, subraya.
El Supremo somete al parecer de las partes "si, pese a la vigencia de la Directiva de Retorno y su no trasposición por el Estado español, es admisible que quienes estén en situación irregular en España no se sometan a una orden de retorno, con las excepciones particulares que la misma norma comunitaria autoriza, sino que se les reconozca un derecho de residencia temporal con carácter general y por el mero hecho de la estancia irregular en España".
MERA DECISIÓN POLÍTICA
Asimismo, emplazan a las partes para que se pronuncien sobre si es compatible con el derecho comunitario que un Estado miembro "adopte y aplique, mediante norma reglamentaria, de rango infralegal, un proceso de regularización masiva de nacionales de terceros países en situación irregular, con efectos potenciales sobre un número indeterminado de personas, pero comprendido aproximadamente entre 900.000 y 1.650.000, sin que conste notificación previa a la Comisión Europea ni coordinación con los demás Estados miembros".
También quieren conocer su parecer sobre si, con la vigencia del Pacto sobre Migración y Asilo y, en particular, lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2024/1351, "un Estado puede establecer, sin condicionamiento alguno que no sea la mera decisión política, una regularización masiva de ciudadanos extranjeros en situación irregular".
Y llegan semanas después de que el propio Supremo rechazara suspender de forma cautelar la regularización extraordinaria de inmigrantes aprobada por el Ejecutivo el 14 de abril, algo que habían reclamado Hazte Oír, Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica, Libertad y Justicia, Vox y la Comunidad de Madrid.
Para rechazar la suspensión cautelar, el alto tribunal incidió en el "interés público" y el "sustrato humano" que "se contrae, en esencia, a permitir la plena integración de aquellas personas extranjeras que permanecen en España de forma prolongada y que, por causas ajenas a su voluntad, no pueden acceder a una autorización de residencia temporal por circunstancias excepcionales".
El plazo de presentación de solicitudes a la regularización extraordinaria de inmigrantes concluye este martes, tras más de dos meses desde que el Gobierno impulsó el proceso, en el que se han registrado 1,2 millones de solicitudes, según fuentes gubernamentales.
Desde el Ejecutivo, que previó en un principio que más de 500.000 personas se beneficiarían de este mecanismo, han explicado que el número de solicitudes está "todavía pendiente de filtrado", ya que "pueden existir duplicidades y factores que influyan provisionalmente en los datos iniciales".
SÁNCHEZ ANUNCIA 500 MILLONES PARA UN PLAN DE INTEGRACIÓN
Mientras, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que destinarán en un año un total de 505 millones de euros al Plan de Integración y Ciudadanía --dirigido a la integración de las personas inmigrantes--, y crearán "una Agencia Estatal de Movilidad Humana" que reunirá funciones y recursos ahora "dispersos" para una gestión "mucho más sencilla, coordinada y eficaz".
"No hay integración posible sin regularidad", ha subrayado Sánchez, este martes, durante el acto de presentación del Plan de Integración y Ciudadanía y de la campaña institucional '¿De dónde vienen? Vienen de hacer país', que se ha celebrado en el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM).
El plan tendrá cuatro ejes de actuación y 16 medidas concretas, entre las que se encuentran la regularización extraordinaria, la nueva Estrategia de Movilidad Laboral para abrir vías legales, seguras y ordenadas de migración, y una futura Agencia Estatal de Movilidad Humana.
En el segundo eje, con una inversión total de 185 millones, destacan medidas como el impulso del acceso al empleo en sectores con alta demanda y una oferta extraordinaria de más de 100.000 plazas de Formación Profesional adaptada al mercado laboral.
Mientras, en el tercer eje, centrado en la convivencia, se destinarán casi 30 millones a programas que refuercen el aprendizaje de los idiomas cooficiales o un plan para reforzar la prevención de los discursos de odio. Además, un cuarto eje se centrará en la ciudadanía efectiva, con una dotación de más de 260 millones para reforzar los servicios públicos y garantizar la igualdad de oportunidades, tal y como ha avanzado.
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