El decremento interanual más significativo lo ha experimentado el orden civil, con un 37,2% menos asuntos de nuevo ingreso. La resolución general de asuntos se ha cerrado por su parte con un descenso del 12,9% durante el periodo analizado.
Durante el primer trimestre de este año, tuvieron entrada en el conjunto de los órganos judiciales de toda la comunidad de Madrid un total de 288.747 asuntos, un 20 por ciento menos que en el mismo trimestre de 2025.
Entre enero y marzo pasados, los tribunales madrileños resolvieron 278.605 asuntos, un 12,9 % menos que hace un año; los asuntos que quedaron en trámite al final del trimestre ascendieron a 839.804, lo que ha supuesto un aumento interanual del 6 por ciento.
CIVIL, LA JURISDICCIÓN QUE MÁS REDUJO EL INGRESO DE NUEVOS ASUNTOS
En la jurisdicción civil se registraron 133.044 nuevos asuntos en los juzgados de la región, con una reducción del 37,2%, y se resolvieron 127.652, un 23,9% menos. En trámite quedaron al final del periodo 572.054 asuntos, un 0,8% más que al final del primer trimestre de 2025.
La jurisdicción penal madrileña registró 124.944 nuevos asuntos, un 4,3% más que un año antes. Se resolvieron 123.521 asuntos, un 0,5% menos, y quedaron en trámite 146.518, un 20,9% más.
El incremento en el ingreso de asuntos de la jurisdicción de lo contencioso- administrativo fue en Madrid, con 11.533 nuevos casos, del 34,4 por ciento.
Los asuntos resueltos fueron 9.800, un 2,6% menos que el año anterior y los que quedaron en trámite, 41.266, aumentaron un 4,6 por ciento.
En la jurisdicción social en la comunidad se registraron 19.226 asuntos, un 6,9 % menos que entre enero y marzo de 2025. Se resolvieron 17.632 asuntos, un 3,1% menos, y quedaron tramitándose 79.966 asuntos, un 24,9% más.
La tasa de litigiosidad en el conjunto de España fue de 37,15 asuntos por cada 1.000 habitantes, una ratio diez puntos por debajo de la de hace un año, que fue de 47,07.
La Comunidad Autónoma con la tasa de litigiosidad más alta fue Canarias (45,01), seguida por Asturias (41,73) y Madrid (40,59). También por encima de la media nacional se situaron Cataluña (39,39), Andalucía (37,45) y Murcia (37,41).
El resto de los territorios mostraron una tasa de litigiosidad inferior a la nacional en el siguiente orden: Baleares (36,90), Comunidad Valenciana (35,47); Navarra (34,40), Castilla y León (33,82), Aragón (33,27), Cantabria (33,05), Galicia (32,15), Castilla-La Mancha (30,98), Extremadura (30,93), La Rioja (28,04) y País Vasco (28,02).
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