La fiscalía pide ocho años de cárcel para el exdiputado del PSOE 'Tito Berni'

 

Para su sobrino, Taishet Fuentes, exdirector General de Ganadería del Gobierno de Canarias, la solicitud de pena sube hasta los 11 años por los presuntos delitos de cohecho, estafa y pertenencia a grupo criminal.

 

El escrito de acusación, al que ha tenido acceso Europa Press, también ha solicitado una pena de 13 años de cárcel para el mediador Marco Antonio Navarro Tacoronte por los presuntos delitos de tráfico de influencias, falsedad en documento mercantil, pertenencia a grupo criminal, estafa y cohecho en la pieza principal del 'caso Mediador'.

 

La Fiscalía se dirige al Juzgado de Instrucción Número 4 de Santa Cruz de Tenerife para solicitar la apertura de juicio oral con el fin de esclarecer una presunta trama que trataba de captar a empresarios del sector primario y de las energías renovables en Canarias durante los años 2020 y 2021 para ofrecer tratos de favor, adjudicación de contratos públicos y anulación de expedientes sancionadores a cambio de dinero, regalos y servicios de prostitución.

 

En total se sentarán más de una decena de personas en el banquillo de los acusados, entre ellos el general retirado de la Guardia Civil, Francisco Espinosa --que llegó a estar en prisión-- para quien la Fiscalía solicita dos años de cárcel por cohecho y tráfico de influencias.

 

Igualmente solicita 12 años de inhabilitación para cargo público para el exviceconsejero de Sector Primario del Gobierno de Canarias, Álvaro de la Bárcena, por prevaricación y otros diez, por el mismo delito, para Estefanía González Núñez, jefa de servicio.

 

Para el empresario Miguel Ángel Robayna, la Fiscalía solicita diez meses de cárcel por cohecho y falsedad de documento público y el abono de una multa de 2.250 euros y para el empresario quesero Alberto Montesdeoca, otros cuatro años y medio de cárcel por falsedad de documento mercantil y cohecho.

 

Además le pide el abono de dos multas por valor global de 11.700 euros, una inhabilitación de seis años para suscribir contratos con administraciones públicas o acceder a subvenciones y otra de otros diez años para acceder a empleo o cargo público.

 

Para los empresarios María Inmaculada Roca Enrich y Esteban Banús Ricoma --matrimonio-- la Fiscalía solicita tres años y medio de cárcel, el abono de una multa de 6.750 euros por cohecho y seis años de inhabilitación para suscribir contratos con administraciones públicas o acceder a subvenciones, más otros diez años de inhabilitación para acceder a empleo o cargo público por prevaricación.

 

Para el empresario de drones José Suárez y su hija, Marta Isabel Suárez Cueva, se piden tres años y tres meses de inhabilitación y el pago de una multa de 6.750 euros más seis años de inhabilitación para obtener ayudas públicas y contratar con la administración.

 

Para otro empresario, Maximiliano Poveda, se pide un año de cárcel, lo mismo que para Antonio Bautista, empresario vinculado a la energías renovables, por un presunto delito de cohecho.

 

IDEARON UN PLAN CRIMINAL

 

La Fiscalía sostiene que tanto el mediador Navarro Tacoronte como Bernardo Fuentes y su sobrino idearon un "plan criminal" con una "distribución de funciones claramente definida" en el que proponían a empresarios del sector agrícola, ganadero y de las energías renovables, tanto a nivel nacional como autonómico, importantes negocios en el sector privado así como la celebración de contratos y percepción de subvenciones en Canarias a cambio de dinero y diversos regalos.

 

Los tres se valieron también de la influencia del general Espinosa para que "a cambio de regalos, comisiones y pagos en metálico", hiciera uso de sus facultades y sus contactos granjeados en el ejercicio de su trayectoria profesional vinculada a la Guardia Civil y a la FIIAPP para intermediar en la consecución de contratos públicos y privados.

 

EL 'MODUS OPERANDI'

 

El modus operandi consistía en que Navarro Tacoronte iniciaba los contactos con empresarios y a partir de ahí, utilizaba la imagen de Bernardo Fuentes, su sobrino o el propio general para tratar de que confiaran en la red y accedieran a "entregar regalos o pagar las dádivas que les exigían para poner en marcha su red de influencias", señala la Fiscalía.

 

De hecho, el exdiputado socialista les recibía en el Congreso para dar "imagen de rigor y una expectativa de seriedad", lo mismo que ocurría en dependencias del Gobierno de Canarias o de la propia Guardia Civil en Madrid.

 

La trama captó dinero de empresarios para pagar servicios de prostitución a Bernardo Fuentes, su sobrino y el mediador e incluso costeó un cena para una quincena de diputados en un restaurante de Madrid, a razón de 60 euros el cubierto.

 

"A las nueve de la noche en el Ramsés, mesa para quince personas, solo personas del partido socialista, no pueden entrar Vox, ni Podemos, ni arrastrados catalanes ni toda esa gente extraña", se recoge en un audio de whatsapp del mediador a 'Tito Berni'.

 

Los pagos se realizaban en muchas ocasiones al número de cuenta de un equipo de fútbol de Fuerteventura, la UD Tetir, del que Fuentes Curbelo era directivo.

 

La primera pieza del 'caso Mediador', ya juzgada, condenó a Espinosa y al empresario del sector fotovoltaico Antonio Bautista a nueve meses de prisión, y al intermediario Marco Antonio Navarro Tacoronte a cuatro meses y quince días de cárcel, como autores de un delito continuado de cohecho.