Domingo, 21 de Junio de 2026

Actualizada Domingo, 21 de Junio de 2026 a las 14:01:50 horas

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Domingo, 21 de Junio de 2026
Por sus comentarios sobre los escoltas de Begoña Gómez

El CGPJ estudia abrir un expediente al juez Peinado

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) estudiará el lunes si expedienta al juez Juan Carlos Peinado por afirmar que los policías que ejercen de escolta de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, podrían ayudarla a fugarse de España.

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La Comisión Permanente del CGPJ se ha reunido de forma extraordinaria este domingo de forma telemática para decidir si remiten el asunto al promotor de la acción disciplinaria para la apertura de un expediente.
 
Después de aproximadamente una hora de reunión, la Comisión Permanente se ha aplazado hasta el lunes para dar más tiempo al debate y que este se produzca de manera presencial, han informado a Europa Press fuentes jurídicas.
 
Esta reunión de urgencia de este domingo se produce después de que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, haya trasladado a la presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, la "más enérgica queja" por las afirmaciones del juez Juan Carlos Peinado sobre los agentes que custodian a Begoña Gómez en su auto.
 
En dicha resolución, de 84 páginas y fechada el sábado, el magistrado asegura que "no cabe duda" de que los agentes que acompañan a Gómez pueden, "bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos", colaborar "en la acción o acciones que se lleven a cabo para facilitar esa fuga, que haga imposible que la acusada se encuentre a disposición de la justicia".
 
Para el ministro, esas afirmaciones "representan un grave cuestionamiento de la profesionalidad de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, cuya actuación se desarrolla únicamente en parámetros de legalidad y constituye una de las principales garantías del Estado de Derecho".
 
Marlaska ha señalado además que las sospechas del magistrado alcanzan no solo a los agentes con el servicio de acompañamiento asignado "sino también a sus superiores jerárquicos, afirmando la posibilidad de que pudieran dictar órdenes ilegales".
 
El titular de Interior considera estas afirmaciones "un hecho de máxima gravedad" y ha instado al CGPJ a que adopte "las medidas que puedan resultar procedentes en uso de sus atribuciones" al tiempo que ha insistido en la "plena profesionalidad" de los agentes y de sus mandos.
 
DENUNCIA DEL ABOGADO DE BEGOÑA GÓMEZ
 
Por otra parte, el abogado defensor de Begoña Gómez, Antonio Camacho, ha presentado un escrito de queja ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por no haber recibido notificación formal del auto dictado por el juez Juan Carlos Peinado y haber tenido que conocer su existencia y contenido a través de los medios de comunicación.
 
En el escrito, Camacho sostiene que "lo verdaderamente alarmante" es que, hasta el momento de presentar la queja, no había recibido comunicación alguna por los cauces procesales legalmente establecidos.
 
El letrado alega que esta situación constituye una "grave irregularidad" en el funcionamiento del órgano judicial, contraria al derecho a la defensa y a la tutela judicial efectiva recogidos en el artículo 24 de la Constitución.
 
Subraya, en particular, la gravedad de que se adopten medidas cautelares, entre ellas la retirada del pasaporte y la prohibición de salir de territorio nacional, sin comunicación previa o simultánea a la defensa, lo que impediría el ejercicio inmediato de los recursos procesales disponibles.
 
En su escrito, la defensa invoca también los artículos 160 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que establecen la obligación de notificar todas las resoluciones judiciales a las partes personadas, sin que dicha obligación quede condicionada al día de la semana en que se dicten.
 
La queja solicita al CGPJ que admita el escrito y lo tramite conforme al procedimiento legalmente establecido, que la Inspección de Tribunales verifique las circunstancias en que fueron dictadas las resoluciones y los motivos por los que no se procedió a su notificación, que se adopten las medidas oportunas si se acredita un funcionamiento anormal del órgano judicial y que se comunique al compareciente el resultado de las actuaciones.
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