Ambas enmiendas, registradas este martes para añadir un quinto punto a una iniciativa del Grupo Popular, tenían como objetivo instar a Sánchez a adelantar las elecciones generales.
En concreto, la enmienda de los independentistas buscaba instar "al presidente del Gobierno español a proponer la disolución de las Cortes Generales y convocar elecciones generales, de conformidad con la prerrogativa que le confiere la legislación vigente, atendiendo al carácter político, sin vinculación jurídica, de la presente iniciativa".
Por su parte, la del PP emplazaba al Gobierno "a reconocer que la legislatura actual ha llegado a su fin, debido a la situación de bloqueo político que atraviesa y a que actúe con la máxima responsabilidad institucional, devolviendo la palabra a los ciudadanos a través de la convocatoria de elecciones generales conforme a las previsiones constitucionalmente establecidas, para restablecer la normalidad democrática, recuperar la confianza en nuestra democracia y asegurar que el interés general prevalezca sobre cualquier interés político".
Antes de la reunión de la Mesa del Congreso para analizar las enmiendas, el portavoz del Grupo Socialista, Patxi López, ya había adelantado la oposición del PSOE a que se votaran esas enmiendas alegando que la convocatoria de elecciones es decisión exclusiva del presidente del Gobierno, y que por tanto no se debía votar en el Pleno.
"Al Congreso no le corresponde votar eso. Convocar elecciones es prerrogativa del presidente y le corresponde a él en exclusiva decidir cuándo se convocan. Es decir, ni Junts, ni el PP, ni el Congreso pueden adoptar esa decisión", ha aseverado López.
REUNIÓN TELEMÁTICA Y SIN INFORME DE LOS LETRADOS
Finalmente, los partidos del Gobierno de coalición han hecho valer su mayoría en la Mesa del Congreso y han acordado inadmitir las enmiendas presentadas por el PP y Junts al considerar que ambas "invaden competencias constitucionalmente reservadas a la Presidencia del Gobierno".
La decisión se ha adoptado en una reunión telemática de los miembros de la Mesa del Congreso, aunque el PP había pedido que fuera presencial. En los pasillos del Congreso, la portavoz del PP, Ester Muñoz, se ha quejado también de que no se haya pedido un informe a los letrados de la Cámara.
Hace año y medio, los servicios jurídicos de la Cámara no pusieron trabas a debatir una proposición no de ley de Junts con la que se instaba al presidente a someterse a una cuestión de confianza, pero la Mesa la frenó, también con los votos de PSOE y Sumar, y los independentistas aceptaron rebajar la redacción.
HACE 30 AÑOS SÍ SE PODÍA VOTAR
Y hace justo un año fue Vox quien propuso en una moción exigir al presidente del Gobierno la convocatoria de elecciones generales, pero el propio grupo parlamentario, anticipándose a un posible veto de la Mesa, modificó al día siguiente la redacción inicial y diluyó la exigencia a una mera asunción de responsabilidades.
Sin embargo, en 1995 la entonces Mesa del Congreso que presidía el socialista Félix Pons sí dejó pasar una iniciativa de CC en la que se instaba al entonces presidente Felipe González a convocar elecciones. Aquel texto no se llegó a votar porque González acordó con CiU, antecesores de Junts, adelantar los comicios.
VETO "ARBITRARIO"
La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha tachado de "arbitraria" la decisión adoptada por PSOE y Sumar en la Mesa del Congreso para impedir que el Pleno votase este jueves las enmiendas registradas por su grupo y Junts en las que reclamaban al presidente Pedro Sánchez, la convocatoria de elecciones. Muñoz ha anunciado que presentarán un recurso contra la decisión de la Mesa y que, si es rechazado, se reservan el derecho de llevar el asunto al Tribunal Constitucional.
En declaraciones en los pasillos del Congreso, Muñoz ha cargado contra la presidenta de la Cámara, la socialista Francina Armengol, quien, a su juicio, "trabaja única y exclusivamente" para Sánchez y ha subrayado que esta decisión demuestra que los socialistas son "mentirosos, corruptos y, además, cobardes".
"Si como ellos mismos han dicho durante toda la mañana no es vinculante y no serviría para nada, ¿qué miedo tienen de que se vote?", se ha preguntado la portavoz 'popular', para quien los grupos que integran el Gobierno han hecho gala de "un cinismo, una hipocresía y una cobardía absoluta".
TODO PARA QUE SÁNCHEZ SIGA PARASITANDO
Para la dirigente 'popular', "esta decisión acredita que la legislatura está muerta y que ha llegado a su fin", y ahora sólo cabe esperar que Sánchez "siga parasitando las instituciones hasta que no le quede más remedio que convocar elecciones".
"Pero más allá de que ellos consiguen ganar tiempo, lo que demuestran es que son plenamente conscientes de que no tienen una mayoría, de que esta legislatura ha llegado a su fin. Lo único que hacen es respirar un poquito más de aire, pero el fin está ya muy cerca", ha apostillado.
Además, Muñoz ha contrastado esta decisión de la Mesa del Congreso con la que se adoptó cuando Junts registró una proposición no de ley en la que exigía a Sánchez que se sometiera a una moción de confianza --que también es una competencia exclusiva del presidente del Gobierno-- a finales de 2024.
En aquella ocasión, la Mesa también frenó la tramitación del texto, pero, semanas después, Junts aceptó rebajar el contenido de su redacción tras alcanzar un acuerdo con el Gobierno para apoyar la convalidación de un decreto ley. Los servicios jurídicos del Congreso no pusieron pegas a la iniciativa en ningún momento, pero los socialistas demoraron por dos meses la decisión de la Mesa, que al final dio el visto bueno a la iniciativa, una vez diluida.
Si la redacción inicial de aquel texto instaba directamente a Sánchez a "plantear una cuestión de confianza", la final sólo le instaba a "considerar la oportunidad" de plantearla y también añadió expresamente que la misma carecía "de efectos jurídicos" para Sánchez, que no estaba obligado a cumplirla, pues esa una "prerrogativa que la confiere la Constitución".
YA SE ASUMÍA QUE NO TENÍA EFECTOS JURÍDICOS
También Junts ha aludido a este precedente de hace año y medio, subrayando que entonces, con sus matizaciones, se acabó permitiendo tramitar la iniciativa. Por eso tachan de "inaudito" el veto de este martes, que a su juicio pone de manifiesto a "debilidad extrema" en la que se encuentra el Gobierno, que es incapaz de afrontar una sencilla votación en el Pleno.
De hecho, en su enmienda vetada ya asumían que la exigencia de elecciones generales no supone una obligación para el presidente del Gobierno, que es quien tiene la competencia exclusiva de disolver las Cortes.
"Instar al presidente del Gobierno español a proponer la disolución de las Cortes Generales y convocar elecciones generales, de conformidad con la prerrogativa que le confiere la legislación vigente, atendiendo al carácter político, sin vinculación jurídica, de la presente iniciativa", es el enunciado de la enmienda de Junts.
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