En sus conclusiones finales del juicio

Seis de las siete acusaciones populares elevan sus peticiones de prisión para David Sánchez y Gallardo a 6 y 4 años

Seis de las siete acusaciones populares en el juicio por la contratación del hermano de Pedro Sánchez en la Diputación de Badajoz, todas excepto Manos Limpias, han elevado en sus conclusiones finales las peticiones de prisión para David Sánchez y el expresidente de la Diputación de Badajoz Miguel Ángel Gallardo, a seis y cuatro años, respectivamente.

 

Los letrados de las acusaciones populares han anunciado esta modificación en su petición de penas en el trámite de conclusiones que se ha celebrado en la tarde del jueves en la Audiencia Provincial de Badajoz, tras la declaración de los acusados.

 

Así, a la hora de elevar las conclusiones a definitivas, los abogados de las diferentes acusaciones han ido desgranando las modificaciones que han realizado, tras conocer el informe de la UCO y escuchar las declaraciones de los testigos y acusados que han tenido lugar durante esta semana.

 

Durante el turno de la acusación, el abogado de Manos Limpias, José María Bueno, ha anunciado la modificación de sus conclusiones, aunque no implica incremento de petición de penas, ya que ha incorporado, entre otros asuntos, la prescripción del delito de aceptación de nombramiento ilegal a David Sánchez, y la eliminación de la imputación de Miguel Ángel Gallardo en lo relativo a la creación del puesto que ocupó Luis Carrero.

 

Por su parte, el abogado de Hazte Oír, José María Pérez, ha incorporado para David Sánchez un presunto delito por el cambio de denominación del puesto que ocupó en la Diputación de Badajoz, por lo que reclama para el hermano de Pedro Sánchez un total de seis años de prisión, el doble que lo que pedía hasta ahora, y otros 4 años para Miguel Ángel Gallardo.

 

Una petición de Hazte Oír a la que se han adherido en todos sus términos Abogados Cristianos e Iustitia Europa.

 

También han elevado su petición de prisión para David Sánchez el PP, junto con Vox y Liberum, que reclaman en sus conclusiones finales seis años de cárcel (frente a los tres que pedían inicialmente) para el hermano de Pedro Sánchez, al que consideran "cooperador necesario o inductor" en los hechos que se juzgan por su contratación, según ha explicado el abogado del PP, Alberto Durán.

 

En sus conclusiones finales, PP, Vox y Liberum también han aumentado a cuatro los años de prisión que piden para Miguel Ángel Gallardo.

 

PROTESTAS DE LA DEFENSA

 

Esta modificación de las conclusiones finales ha provocado la protesta inmediata tanto de la fiscal del caso, como de los abogados de los acusados, que han reclamado o que no se acepten estas modificaciones, o que se suspenda el juicio 10 días para poder estudiarlas.

 

En ese sentido, la fiscal del caso, Begoña García Boró, ha considerado que con esta modificación de conclusiones, existe "tanto una variación fáctica como jurídica de los hechos que inicialmente presentó el escrito de acusación popular" de manera que "se han introducido nuevos delitos que vulneran el principio acusatorio".

 

La fiscal ha concluido que, a su juicio, las nuevas acusaciones "no deben ser admitidas", salvo la presentada por Manos Limpias que solo ha modificado el escrito de acusación para adecuarlo a la prescripción del delito de aceptación del nombramiento ilegal.

 

A renglón seguido, el abogado del expresidente de la Diputación de Badajoz Miguel Ángel Gallardo, Juan José Torres, ha señalado que para su representado se ha introducido "ahora" por parte de la acusación popular un delito de tráfico de influencias que previamente no estaba y ha solicitado un aplazamiento de 10 días "para poder articular una defensa de un nuevo delito" del que ha tenido conocimiento.

 

Por su parte, el abogado de David Sánchez, Emilio Cortés, se ha mostrado de acuerdo con la fiscal y el letrado Torres, aunque ha precisado que el aplazamiento de 10 días vendría a constituir "una aceptación" de las variaciones solicitadas.

 

Así, ha solicitado que, antes de aceptar ese plazo de 10 días, se realice "un análisis riguroso" de si lo que han pedido las acusaciones "es compatible o no con el derecho de defensa y la tutela judicial efectiva que preside en el proceso democrático de España".

 

En cuanto al letrado que representa a Juana Cintas, Pedro del Pino, ha señalado que las nuevas imputaciones pueden producirse "bajo ningún concepto en el trámite de conclusiones definitivas". "Esto es insólito", ha manifestado, rechazando que se modifique el relato fáctico de la manera "tan abrumadora" como lo ha hecho la acusación popular.

 

Por su parte, el representante de tres de otros funcionarios juzgados (Francisco Martos, Emilia Parejo y Manuel Candalija), Rafael Arenas, ha aseverado que los cambios propuestos representan una "subversión absoluta de los términos del debate de las penas y de los elementos sustanciales", de manera que se ha adherido a lo solicitado por el resto de abogados de la defensa, igual que los representantes de Cristina Nuñez, Elisa Moriano, Ricardo Cabezas y Luis Carrero.

 

EL JUEZ LO ADMITE

 

Ante esta situación, el presidente de la sala, José Antonio Patrocinio, ha realizado un receso de 15 minutos en la sesión para valorar la modificación de las conclusiones de las acusaciones y las peticiones de las defensas.

 

Tras este receso, José Antonio Patrocinio ha anunciado el rechazo de las peticiones de los abogados de la defensa porque "no hay modificación sustancial de los hechos por parte de ninguna de las acusaciones".

 

Ha explicado que la sala ha cotejado los escritos de calificaciones provisionales y definitivas", y ha concluido que "no hay modificación sustancial de los hechos, esto es fundamental", ha dicho.

 

"En cuanto al cambio de notificación jurídica, que pudiera haber, eso es cierto, y de conformidad con lo establecido en el artículo 788.5 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que permite al tribunal un aplazamiento hasta diez días", el presidente de la sala ha avanzado que el tribunal ha acordado aplazar la próxima sesión hasta el lunes a las 9,30 horas, ya cree que en tres días "hay tiempo suficiente" para analizar las conclusiones provisionales.