Una "trama" creada para "desestabilizar" los casos de corrupción

El juez levanta el secreto del caso de las cloacas del PSOE

Leire Díez pide anular lo intervenido por la UCO en la sede de Ferraz

El juez de la Audiencia Nacional (AN) Santiago Pedraz ha decidido levantar de forma parcial el secreto de sumario de la causa en la que se investiga a la exmilitante socialista Leire Díez y al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, entre otros, por su supuesta participación en una red que buscaría "desestabilizar" causas judiciales que afectan al PSOE y presuntas irregularidades en contratos de la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI).

 

A través de un auto, el instructor explica su decisión en que ya se han practicado "gran parte de las diligencias" que motivaron el secreto de la causa, aunque acuerda mantenerlo para una pieza de la causa por el plazo de un mes, "para no perjudicar" pesquisas que están pendientes.

 

El magistrado inicia así los trámites para poner las actuaciones a disposición de las partes personadas, "a fin de permitir la debida instrucción en ejercicio de su derecho de defensa".

 

Pedraz asumió las pesquisas el pasado mes de diciembre de 2025 después de la detención de Díez, el expresidente de la SEPI Vicente Fernández y el empresario y administrador de Servinabar Antxon Alonso, vinculado a Cerdán.

 

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sospecha que Díez, Fernández y Alonso habrían cobrado 700.000 euros en comisiones "implicando en su operativa a empresas públicas y entidades dependientes de la SEPI" en un total de cinco operaciones bajo sospecha.

 

Por otro lado, Pedraz también investiga la presunta "trama" creada para "desestabilizar de forma sistemática y continuada" las causas judiciales que afectan al PSOE y al Gobierno.

 

El juez atribuye un "papel superior" a Cerdán, que "habría trabado una relación con Leire Díez que le llevó a encargarle, según se infiere de sus comunicaciones, la coordinación y ejecución de una serie de actuaciones".

 

Según el instructor, Cerdán y Díez tenían una "relación previa", aludiendo a que ya formarían parte de la presunta trama de presuntas irregularidades en contratos de la SEPI en la que aprovecharían "sus capacidades para orientar procedimientos administrativos y obtener de ello rédito económico".

 

Pedraz cree que Cerdán también habría sido del grupo denominado 'Hirurok', "actuando junto al resto de integrantes y participando de sus beneficios, pero haciéndolo además en un plano de jerarquía superior".

 

INVESTIGACIÓN "PROSPECTIVA", SEGÚN DÍEZ

 

Por su parte, Leire Díez ha pedido al juez la "nulidad" de todas las actuaciones y de la información y el material recabado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el requerimiento que llevó a cabo la semana pasada en la sede del PSOE.

 

Y también ha interesado que se expurguen todas las actuaciones que corresponda a un periodo temporal distinto de los años 2021-2023, así como toda la información intervenida a ella misma y su familia que "no guarden relación con los hechos investigados en la presente causa".

 

Díez incide en que el juez acordó el pasado marzo abrir pieza reservada de expurgo tras a una petición suya, y requirió "expresamente", según cita, "a la UCO para que presente todos los efectos originales intervenidos, así como copia de trabajo de los mismos, absteniéndose de utilizar el contenido de tales dispositivos en tanto no se haya realizado un expurgo de su contenido".

 

"Pese a lo anterior", sostiene, "la totalidad de la información y diligencias practicadas" por la UCO en la sede socialista de la madrileña calle Ferraz a instancias del juez Pedraz "son objeto del expurgo acordado y, por consiguiente, vician de nulidad a cualesquiera actuaciones que se desprendan de los documentos, archivos e información recabada en la entrada y registro autorizada".

 

La exmilitante del PSOE alega que, de los elementos esenciales de las actuaciones que se le comunicaron tras su detención el pasado diciembre, "se desprende que su supuesta participación en los hechos data únicamente del periodo comprendido entre 2021-2023".

 

Y Díez indica que los únicos hechos que expresamente se le atribuyen en la causa son "la asignación de al menos 21.500 euros, con ocasión de la venta de un vehículo, el cual a la postre siguió utilizando, en lo que se presume una operativa para integrar fondos en su patrimonio encubriendo el origen de los mismos".

 

A lo que añade que ese auto del juez incluye palabras que "se encuentran anotadas en sus agendas del año 2025, de la misma forma que especifica encuentros, reuniones o hechos que fecha en el año 2024, evidenciando que está tomando elementos que nada tienen que ver con la presente causa porque no tienen lugar en el periodo temporal objeto de investigación (2021-2023) y cuyo expurgo se acordó".

 

"En consecuencia, cuando determinada documentación o archivos han quedado expresamente sometidos a expurgo, su conservación y utilización posterior excede claramente el ámbito constitucionalmente legítimo de la medida de investigación inicialmente acordada", apunta, para criticar que la investigación adquiere de esa forma "un carácter prospectivo" que "está expresamente prohibido" por ley.