El Ayuntamiento proyecta una reforma integral para sanear el edificio

La Policía desaloja a uno de los últimos residentes de los apartamentos municipales San Francisco

La Policía Municipal de Madrid ha notificado a uno de los residentes que todavía permanecen en los apartamentos municipales para mayores San Francisco, en La Latina, su desalojo de la vivienda, después de que el Ayuntamiento haya recibido autorización judicial para acceder al domicilio.

 

En estos apartamentos permanecían hasta el momento cuatro residentes, ahora tres, también inmersos en procesos judiciales con el Consistorio para proceder a su desalojo para acometer así una reforma integral destinada a subsanar deficiencias del edificio.

 

Fuentes municipales han indicado a Europa Press que el Ayuntamiento ha recibido autorización judicial solo para uno de los residentes, mientras que siguen esperando a que se resuelvan los otros tres procesos judiciales.

 

La Asociación Vecinal La Chispera, que muestra su apoyo a los residentes, ha sido la que ha dado la voz de alarma a través de sus redes sociales de que se estaba llevando a cabo "el desahucio" de un residente.

 

Al respecto, las mismas fuentes han reiterado que el desalojo "responde exclusivamente a motivos de seguridad" ya que el inmueble "presenta importantes deficiencias que podrían poner en riesgo la integridad física" del inquilino. "Se le proporcionará plaza en una residencia municipal hasta que se acometan las obras necesarias", subrayan.

 

UNA SITUACIÓN QUE SE REMONTA A 2024

 

La situación se remonta a 2024, fecha en la que el Consistorio comunicó a los 61 usuarios de este equipamiento público asistencial la necesidad de abandonar temporalmente el inmueble para acometer una reforma integral destinada a subsanar deficiencias del edificio.

 

La mayoría de los residentes aceptó el traslado a otras soluciones habitacionales, pero cuatro personas se negaron a abandonar los apartamentos. Ante esta situación y una vez agotado el plazo fijado para el desalojo voluntario, el Consistorio decidió iniciar la vía judicial en junio de 2025 para poder ejecutar la salida de los residentes y comenzar las obras previstas.

 

Según han recordado fuentes municipales, el edificio presenta importantes deficiencias que requieren una rehabilitación integral, con una inversión estimada de 3,8 millones de euros, cuya ejecución quedó paralizada ante la negativa de cuatro personas a abandonar el edificio.

 

MISMAS ALTERNATIVAS

 

Desde el Ayuntamiento subrayan que los técnicos municipales han establecido que la rehabilitación debe realizarse libre de ocupantes por la propia seguridad de los usuarios.

 

En este sentido, las mismas fuentes lamentan que se haya tenido que acudir a la vía judicial por la "actitud irresponsable" de los cuatro últimos residentes, que "perjudica a los 57 usuarios que sí entendieron la necesidad de acometer la obra y que desde octubre de 2024 se encuentran realojados en otros recursos".

 

Desde el Ayuntamiento reiteran que a estos usuarios que siguen dentro de los apartamentos se les han ofrecido las "mismas alternativas" que a sus compañeros, "en función de sus preferencias". Entre ellas, señalan, alojarse temporalmente en una residencia donde tendrían cubiertos los servicio de alimentación, lavandería, fisioterapia o atención sanitaria.

 

Igualmente, desde el Área liderada por el delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, José Fernández, indican además que al finalizar la reforma todos los usuarios "volverán al mismo apartamento en el que residían y con las mismas condiciones económicas".

 

En este sentido, destacan que la reforma del edificio permitirá poner a disposición siete plazas adicionales en apartamentos, "que por sus deficiencias no podían ser habitados ahora mismo".