La UCO registra la sede del PSOE de Ferraz

El juez ubica la trama para "desestabilizar" causas sobre el PSOE a partir del periodo de reflexión de Sánchez

La Audiencia ordena registros también en los domicilios de los exdirigentes socialistas Santos Cerdán y Gaspar Zarrías

El juez de la Audiencia Nacional (AN) Santiago Pedraz investiga una presunta "trama" creada para "desestabilizar de forma sistemática y continuada" las causas judiciales que afectan al PSOE y al Gobierno, señalando que el "punto de inflexión" fue el periodo de reflexión que se tomó el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, en abril de 2024 a raíz de la imputación de su esposa, Begoña Gómez. Mientras, agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han registrado la sede nacional del PSOE en la calle Ferraz de Madrid en el marco de una investigación de la Audiencia Nacional en el denominado 'caso Leire'.

 

 

En un auto, el juez atribuye un "papel superior" al entonces secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, que "habría trabado una relación con Leire Díez que le llevó a encargarle, según se infiere de sus comunicaciones, la coordinación y ejecución de una serie de actuaciones".

 

Unas actuaciones, agrega Pedraz, que son "penalmente relevantes, con el propósito principal de desestabilizar de forma sistemática y continuada cualquier procedimiento judicial u actuación policial que pudiera impactar directa o indirectamente en los intereses del PSOE o del Gobierno, gravemente afectados en ese momento por la consecutiva apertura de procedimientos judiciales en los que se investigaba a miembros de partido o de la familia del presidente del Gobierno".

 

El magistrado instructor señala que el 24 de abril de ese año, "pocos días después" de que el juez Juan Carlos Peinado abriera diligencias contra Gómez, el presidente del Gobierno publicó la denominada como 'Carta a la Ciudadanía', en la que "se establecía a sí mismo un periodo de reflexión que finalizaría el 29, tras el cual tendría lugar un pronunciamiento al respecto de su decisión".

 

Según añade, "es precisamente en ese periodo de reflexión cuando por parte de Cerdán se señala una reunión en la sede que el PSOE posee en la calle Ferraz de Madrid" y que tuvo lugar el día 26.

 

"Esta reunión se considera el punto de inflexión en lo que respecta a la actividad investigada", señala, para añadir que, desde ese momento, el grupo de personas liderado por Cerdán y coordinado por Díez, del que "además forman parte Javier Pérez Dolset y Gaspar Zarrías", tiene como "objetivo último proteger los intereses puestos en juego por estas causas y que afectaban a este partido político y, directa o indirectamente, a miembros del Gobierno".

 

Pedraz pone el foco en "pagos sin revelar el ordenante de los mismos" y que se habrían utilizado sociedades de los investigados con "el presumible concierto de la gerente de la Secretaría de Organización del PSOE, Ana María Fuentes, quien emitía las oportunas órdenes de encargo sobre las que elaborar mendaces facturas que permitirían la transferencia de fondos con destino a Díez".

 

 

 

 

El requerimiento de documentación lo ha ordenado el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz por una pieza separada que instruye y que afecta a Leire Díez, la presunta 'fontanera' vinculada al PSOE, y también al expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández, según han confirmado fuentes del caso.

 

El juez ha ordenado, en el marco de estas pesquisas, que los agentes se personen igualmente en los domicilios del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán y del exdirigente socialista en Andalucía Gaspar Zarrías. Las diligencias también afectan al empresario Javier Pérez Dolset, entre otros.

 

Gaspar Zarrías, que fue vicepresidente de la Junta de Andalucía, declaró en el marco de la investigación en los Juzgados de Plaza de Castilla, que instruye Arturo Zamarriego, que contrató a Leire Díez para que investigase una supuesta implicación del comisario jubilado José Manuel Villarejo en la investigación de la trama de los ERE, por la que Zarrías fue juzgado. Según precisó, llegó a pagar 4.000 euros mensuales durante cuatro meses a la exmilitantes socialista.

 

El pasado 8 de mayo, el juez Pedraz prorrogó un mes más el secreto de sumario en la causa que investiga a la exmilitante socialista Leire Díez por presuntas irregularidades en contratos de empresas públicas y entidades dependientes de la SEPI, según confirmó Europa Press de fuentes jurídicas.

 

Pedraz asumió las pesquisas el pasado mes de diciembre de 2025 después de la detención de Díez, el expresidente de la SEPI Vicente Fernández y el empresario y administrador de Servinabar Antxon Alonso, vinculado al ex 'número tres' del PSOE Santos Cerdán.

 

LA UCO RASTREA COMISIONES

 

La UCO sospecha que Díez, Fernández y Alonso habrían cobrado 700.000 euros en comisiones "implicando en su operativa a empresas públicas y entidades dependientes de la SEPI" en un total de cinco operaciones bajo sospecha.

 

Los tres habrían formado parte de un grupo llamado 'Hirurok' dirigido a orientar "diversos expedientes seguidos en la Administración pública, en beneficio propio o de terceros, aprovechándose de su posición, relaciones y capacidad de influencia sobre determinadas personas vinculadas a la función pública", según consta en un auto del magistrado Antonio Piña, quien estaba de guardia el día que pasaron a disposición judicial.

 

Entre 2021 y 2023, Díez, Fernández y Alonso habrían actuado de manera coordinada con el objetivo "de obtener el máximo beneficio económico a través del cobro de comisiones" a través de "contratación y facturación mendaz", según la investigación.

 

En conjunto, habrían conseguido decisiones favorables a sus intereses desde distintas administraciones "y a través de diferentes cargos públicos, implicando en su operativa a empresas públicas" y entidades vinculadas a la SEPI en un total de cinco operaciones que están siendo investigadas.

 

La UCO intervino material informático y dispositivos electrónicos durante un registro efectuado en el domicilio de Leire Díez. Posteriormente, el magistrado solicitó a la Guardia Civil que realizara un expurgo del mismo para preservar todo aquello que no tenía nada que ver con la causa.

 

Los agentes de la UCO ya accedieron a la sede federal del PSOE en Ferraz en junio de 2025 tras la imputación del que era secretario de Organización del partido, Santos Cerdán.