Investiga el uso de los 53 millones que el Gobierno concedió a la aerolínea

El juez imputa a Zapatero en el 'caso Plus Ultra' por organización criminal

La Policía registra la oficina del expresidente del Gobierno y la empresa de sus hijas

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha acordado investigar al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en el 'caso Plus Ultra' por presunto delito de tráfico de influencias y otros conexos como organización criminal, según han confirmado fuentes del caso.

 

Calama ha ordenado registrar el despacho del expresidente del Gobierno en la calle Ferraz, cercano a la sede del PSOE en Madrid, y también otras tres mercantiles, una de ellas la empresa de marketing de las hijas del expresidente socialista, por sus posibles vínculos con el rescate de Plus Ultra.

 

El juez indaga en el presunto uso irregular de los 53 millones de euros que el Gobierno concedió a la aerolínea Plus Ultra en forma de rescate durante la pandemia.

 

AL FRENTE DE UNA TRAMA DE TRÁFICO DE INFLUENCIAS

 

El juez de la Audiencia Nacional considera al expresidente Zapatero como el presunto líder de una "estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias" para "la obtención de beneficios económicos".

 

Así consta en el auto en el que el juez instructor, José Luis Calama, le cita a declarar como investigado el próximo 2 de junio y del que ha dado cuenta el propio tribunal.

 

Calama indica que la investigación ha permitido constatar la existencia de "una trama organizada de ejercicio ilícito de influencias, estructuralmente organizada y liderada por José Luis Rodríguez Zapatero, que habría puesto sus contactos personales y su capacidad de acceso a altos cargos de la Administración al servicio de terceros interesados en obtener decisiones favorables".

 

Esa supuesta trama tendría como finalidad "la obtención de beneficios económicos mediante la intermediación y el ejercicio de influencias ante instancias públicas en favor de terceros, principalmente Plus Ultra", la aerolínea que fue rescatada por el Gobierno durante la pandemia.

 

Según el juez instructor del caso, se habrían utilizado sociedades instrumentales, documentación simulada y canales financieros opacos "para ejercer influencias ilícitas, ocultar el origen y destino de los fondos y obtener beneficios económicos en favor de terceros y del propio entramado".

 

También apunta que la influencia ejercida no se dirigió a obtener un trato general o una expectativa indeterminada, sino a la consecución de una resolución administrativa concreta, que fue la aprobación y desembolso de la ayuda pública solicitada por Plus Ultra en el marco del Fondo de Apoyo a la Solvencia.

 

A su entender, la secuencia temporal de reuniones, contactos y comunicaciones, en lo que incluye el acceso anticipado a información privilegiada sobre la inminente concesión de la ayuda, evidenciaría que la red actuó con la finalidad específica de influir en la decisión del órgano competente.

 

El pasado mes de diciembre, en el marco de esta investigación, fueron detenidos el presidente de Plus Ultra, Julio Martínez; el CEO, Roberto Roselli; y el empresario Julio Martínez Martínez, por orden del Juzgado de Instrucción Número 15 de Madrid, que acabó derivando la causa a la Audiencia Nacional.

 

"USO INDEBIDO" DEL DINERO DEL RESCATE

 

La investigación parte de una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción que apunta al "uso indebido" de los 53 millones de euros recibidos por Plus Ultra por concesión del Consejo de Ministros en marzo de 2021, en la que aseguraba que el dinero "se habría utilizado para la devolución de préstamos concedidos a esa sociedad por otras" de una supuesta trama delictiva.

 

Presentada contra siete personas por un presunto delito de blanqueo de capitales, en la denuncia se apuntaba a una presunta organización criminal asentada en Francia, Suiza y España.

 

La constituirían --explicaba la AN en un auto-- "personas extranjeras, nacionalizados españoles, y al menos un abogado español", y estaría "dedicada a la realización de actos de blanqueo en los tres países citados".

 

Según la Fiscalía, los fondos ilícitos procederían de actos de malversación cometidos por funcionarios públicos en Venezuela de "muy alta cuantía", concretamente de "fondos públicos de programas CLAP", impulsados por el Gobierno para repartir alimentos básicos subsidiados, y "ventas de oro del Banco de Venezuela".

 

"La sociedad Plus Ultra figura como firmante y beneficiaria de unos presuntos contratos de préstamo con tres sociedades de la organización criminal, implicadas en las ventas de oro, y esos contratos dan cobertura, a su vez, a las correspondientes devoluciones por parte de la sociedad española Plus Ultra, en fechas consecutivas a la recepción de la ayuda pública, a cuentas en el extranjero de sociedades que forman parte de la organización criminal", sostenía.

 

VENTA DE ORO EN EMIRATOS ÁRABES UNIDOS

 

Anticorrupción refería las "conexiones" de la supuesta organización criminal con "clientes que se sirven de los servicios de ésta y sobre los que existen investigaciones policiales y judiciales actualmente".

 

La denuncia incidía en la actuación de varias personas, en algunos casos a través de sociedades mercantiles, para recibir cantidades de dinero procedentes del extranjero con el objeto de adquirir bienes inmuebles, así como la suscripción de contratos de préstamo a Plus Ultra, que fueron íntegramente reembolsados.

 

También mencionaba la venta de oro por importe de unos 30 millones de euros a una sociedad de Emiratos Árabes por parte de la sociedad que concedió los préstamos, la remisión de cantidades por la misma sociedad a otra empresa a una cuenta en Panamá y que para las actividades de blanqueo "se ha podido utilizar la venta de relojes de lujo".

 

ZAPATERO DEFIENDE QUE SUS ACTIVIDADES SON LEGALES

 

El expresidente del Gobierno, el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, ha asegurado que todas sus actividades públicas y privadas son legales y ha vuelto a negar haber realizado gestión alguna a favor del rescate millonario a la aerolínea 'Plus Ultra': "Jamás", ha reafirmado.

 

Zapatero ha enviado un vídeo de un minuto y medio de duración después de que la Audiencia Nacional le citase a declarar como investigado por presuntos delitos de organización criminal y tráfico de influencias en el caso que investiga el rescate de la compañía aérea.

 

"Quiero reafirmar que toda mi actividad pública y privada se ha desarrollado siempre con absoluto respeto a la legalidad. Mi actividad privada y los ingresos y remuneraciones que he tenido han sido declarados vía IRPF, con absoluta transparencia y legalidad", ha indicado.

 

Además ha reafirmado "con toda contundencia" que "jamás" realizó ninguna gestión "ante ninguna administración ni el sector público" con relación al rescate de Plus Ultra y también niega tener una sociedad mercantil "ni directa ni a través de terceros, ni en España ni fuera de España", asegurando que nunca ha participado "en ninguna operación de este tipo.

 

Zapatero ha expresado su disposición a colaborar con la Justicia aunque ha avanzado que ejercerá su "derecho a la defensa" con "toda la firmeza y toda la convicción" y dice que en los próximos días atenderá a los medios de comunicación.